/CRISIS DEL EXTRACTIVISMO Y CRISIS HEGEMÓNICA EN HONDURAS

CRISIS DEL EXTRACTIVISMO Y CRISIS HEGEMÓNICA EN HONDURAS

En la última década hemos experimentado en Honduras un aumento en la conflictividad en los territorios en donde se ejecutan proyectos de generación de energía hidráulica y extracción minera, lo que el Centro de Estudios para la Democracia CESPAD define como «Crisis del modelo extractivista».

Dicha crisis, manifestada en tomas de caminos, instalaciones y demás acciones diversas, alcanzó su punto más alto en 2016 con el asesinato de Berta Cáceres, actualmente en juicio. Berta había recibido meses antes el Premio Goldman y eso la colocó a nivel internacional como un referente en la lucha en contra del extractivismo.

Si bien la lucha por el medio ambiente no es nueva, esta tiene características distintas a la lucha llevada a cabo en el país durante décadas y por la cual dieron la vida otros ambientalistas como Jeanneth Kawas y Carlos Escaleras; o a los conflictos de clase suscitados por la explotación minera desde finales del siglo XIX.

Una de esas características parece ser la incapacidad de la clase empresarial de imponerse en la construcción de consensos en el tema extractivista.

Las empresas mineras e hidroeléctricas afirman que han cumplido con todos los requisitos que la ley establece para ese tipo de proyectos, que la resistencia a los mismos está llena de medias verdades, pues ni afectan al medio ambiente, como dicen los opositores que hacen, ni han violentado la consulta previa. El Estado hondureño, a través de instituciones como INHGEOMIN y MiAmbiente, coincide con los expresado por los empresarios del rubro.

«Siempre que hablan de minería ligada a contaminación del ambiente hablan de procesos viejos (como Entre Mares). Yo no conozco por ejemplo en Honduras explotaciones mineras otorgados con la nueva ley. Todavía no se ha otorgado una concesión minera. ¿Por qué? Porque los estándares de calidad y los estándares altos en temas de impacto ambiente son muy fuertes y para que una empresa pueda trabajar en Honduras debe de cumplir los estándares ambientales más altos a nivel mundial, en temas ambientales y temas sociales», afirma Fernando Erazo, de INHGEOMIN.

Fernando Erazo, INHGEOMIN.

Lea aquí la entrevista de Fernando Erazo de INHGEOMIN


Según manifiestan autoridades de INHGEOMIN, la nueva ley de minería promulgada en 2013 habría elevado los estándares a niveles nunca antes vistos en el país, regulando a las empresas mineras que pretendan conseguir permisos de explotación según las exigencias más estrictas a nivel internacional, eso, sin embargo, no ha detenido los conflictos, que por el contrario parecen intensificarse.

Esta semana, tres personas murieron en el desalojo violento de la toma en la mina Inversiones Pinares de Guapinol en Tocoa, Colón, un proyecto minero actualmente en exploración que tiene varios meses de estar paralizado por activistas de la comunidad que afirman que la construcción de la carretera les cambió la calidad del agua que consumen.

Debemos tomar en cuenta que el Conflicto de Guapinol se da en un lugar históricamente conflictivo, donde el narcotráfico y las bandas de sicariato han filtrado hasta líderes del movimiento campesino y empresarios de la agroindustria, conformando un cóctel sumamente volátil para el país.

El alcalde de Tocoa, Adan Fúnez, ha anunciado que convocará a un plebiscito para que la ciudadanía decida el destino de la mina de Guapinol, pero los activistas en contra de la minería han dicho que se oponen a esa acción, pues ellos prefieren un cabildo abierto en donde dirimir el tema. Mientras las autoridades del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal anuncian la orden de captura para 18 líderes de la oposición a la minera, relacionándolos con el sangriento enfrentamiento entre militares y manifestantes que tuvo resultados fatales.

Empresas como Minerales de Occidente, MINOSA, que tiene la mina San Andrés en Azacualpa, La Unión, Copán; o El Mochito, en Santa Bárbara, que cuentan con décadas de funcionamiento en el país, este año también han visto sus operaciones afectadas por acciones de grupos de ciudadanos que exigen el cese de operaciones de las mineras. Los mineros afirman desconocer de dónde surge el conflicto, si hasta hace poco parecían tener una buena relación con la comunidad.

Sofía Aguilar, de la Asociación de Empresas Mineras de Honduras, afirma que la relación entre empresa y comunidad es parecida a la de un matrimonio, en donde los conflictos hasta cierto punto naturales finalmente se solventan, para bien de la relación. Pero ahora el conflicto ha cambiado, porque ha cambiado la organización de la resistencia a los proyectos.

«Esta vez comenzamos a ver un tipo de actitud o de movimiento distinto, he hecho una investigación más a profundo y encontramos un montón de organismos que están involucrados en estos movimientos, en estas tomas ilegales, en destrucción de la propiedad privada, afectación física en algunos empleados y eso es lo que nos ha traído el día de hoy una gran preocupación», afirma Aguilar en una entrevista hecha por este medio.

Sofía Aguilar, Asociación de Empresas Mineras.

Lea la entrevista completa a Sofía Aguilar.


Parafraseando el artículo Hegemonía y consenso: Lecciones de Antonio Gramsci para la lucha del proletariado, escrito por Alfredo Elizondo, de México, la actual crisis del modelo extractivista hondureño se debe, en parte, con la imposibilidad de la burguesía local de imponer su voluntad no sólo en el terreno económico, sino en el conjunto de la estructura social a partir de que sus concepciones, valores y creencias sean las aceptadas socialmente y tengan la capacidad de regular el comportamiento social en su conjunto.

Esa capacidad de clase de dirigir los destinos de la sociedad a través de «consensos» a partir de su supremacía ideológica a lo que se refiere Elizondo en su artículo, es la hegemonía.

¿Recuerdan antes, cómo cada vez que un conflicto explotaba en la sociedad, un grupo de ancianos “notables” emergía para encontrar salidas negociadas que al final diluían el conflicto? Eso ya terminó.

Desde el golpe de Estado de 2009, las instituciones democráticas del país entraron en una etapa de crisis de credibilidad que arrastramos hoy en día, en cada una de las esferas de la vida política y económica del país. Los discursos que hasta ese momento servían para imponer hegemonía, como las comisiones de notables o mesas de diálogo, se vieron enfrentados a la agresiva acción en contra de la Constitución de la República que como clase dominante ejecutaron. La cadena nacional que hizo el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez “invitando” al presidente Zelaya a no volver al país, le pasó factura a su imagen y a la iglesia toda. Ya la iglesia Católica, La Confraternidad Evangélica, El COHEP, Las universidades, la OEA y hasta la ONU, carecen de la capacidad de dirigir diálogos que ayuden a encontrar salidas a los conflictos e imponer hegemonía en el país y gran parte de la culpa la tienen ellos.

El golpe de Estado y su manejo de la crisis le pasó factura a la clase dominante, que se enfrenta hoy con la dificultad de no lograr legitimidad en sus acciones y proyectos.

La misma crisis que lleva a un amplio sector del país a creer que las elecciones de 2017 fueron fraudulentas, pese a no existir más pruebas que la intuición o el discurso conveniente de opositores; hace dudar de la lucha en contra de la corrupción, por más exfuncionario y personalidad que esté bajo proceso judicial; es la misma crisis que empuja a miles de personas a aventurarse en caravana huyendo de la violencia, que no cree en las promesas de seguridad del gobierno, ni en las ofertas de incentivar la pequeña empresa que no saca a nadie de la pobreza, que no retorna al país por más que el ejecutivo les describa las acciones que tomará para solventar las causas que les obligaron a partir.

Esa crisis que tiene al filo de la silla al gobierno entero, es la misma crisis de hegemonía que tiene ahora al capital minero y generador de energía renovable de rodillas, frente a un pequeño grupo de activistas decididos, y que puede poner a otros rubros de la economía contra la pared, en la medida la conflictividad de la sociedad crece y no existan espacios para lograr los consensos necesarios para el desarrollo de proyectos a largo plazo.

La presidenta de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía Renovable, Elsia Paz, hace un llamado a la paz en una entrevista publicada por este medio. Al igual que Sofía Aguilar, Paz afirma que las organizaciones sociales que atacan a los proyectos extractivos, lo hacen con argumentos incompletos, manipulando a la opinión pública, pues, según ella, es mentira que los proyectos contaminan o roban el agua,«pues necesitan del caudal del río» para su correcto desempeño.

Paz acusa además a las organizaciones de atacar a las empresas como una forma de generar campañas y hacerse de recursos provenientes de donantes extranjeros que solo buscan una buena bandera para vender.

«Estos grupos están liderados por tres o cuatro personas. Existen grupos que tienen bandera indígena, otros que tienen bandera ambiental, otros bandera ecológica y lo que hacen es que entre ellos organizan manifestaciones y se acompañan. Pueden ser cinco personas en la comunidad que estén en contra, pero son acuerpados por personas de afuera. Hemos visto un patrón que se repite en estas oenegés, que tal vez se dedicaban a algo similar pero ahora ven que este es un negocio que les va a permitir ingresos, no solamente a nivel local pero también a nivel internacional», afirma Elsia Paz en la entrevista en donde exige al Ministerio Público que proceda en contra de los responsables de las acciones que mantienen paralizadas las empresas extractivas, a costa de millones de dólares en pérdidas para las empresas.

«Como sector vemos una insistencia de grupos foráneos que no pertenecen a las comunidades, en llevar a cabo actos que perjudican no solamente la integración física de las obras de los proyectos, pero también de las comunidades, los empleados, todas aquellas personas que están en la zona de influencia», afirma.

Elsia Paz, Asociación de empresas generadoras de energía limpia.

Lea la entrevista a Elsia Paz, de la Asociación de Energía Renovable.


La hegemonía, entendida como capacidad de clase de establecer “consensos”, exige de procesos constantes de lucha con otras ideologías, de otros grupos opuestos a la clase dominante y la aceptación de las clases dominadas (aceptación no por cierto total ni completamente pasiva) de las formas ideológicas de la clase que las domina. La incapacidad de las industrias extractivas de imponer hegemonía en sus proyectos, aún con el respaldo de las estructuras del Estado, no es más que el reflejo de la incapacidad del gobierno mismo de construir consensos.

Entiéndase esto, que mientras el Estado de Honduras sea incapaz de establecer consensos hegemónicos, la crisis del sector extractivo persistirá.

Carlos Padilla, del Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, afirma que la consulta previa en las comunidades es un asunto clave en esta discusión.

«Muchas veces hay un discurso en el cual se habla de que pagan los impuestos, que tienen todos los estudios y la documentación necesaria, a nosotros eso nos tiene sin cuidado, lo que a nosotros nos importa es que hay un impacto social en las comunidades y que ese impacto puede preverse si tan solo hubieran mecanismos reales de participación y de consulta», afirma Padilla y agrega: «Muchas veces lo que pasa, es que se desvía un río, tenemos en el estudio que hemos presentado, creo que fue San José de La Paz, se desviaron seis comunidades o sea, el río dejó de pasar por seis comunidades en Aurora 1 y eso ha implicado que esas seis comunidades ahora tienen que ir por el agua a un kilómetro de distancia y si estamos hablando de poblaciones que son vulnerables, que no tienen recursos, pues eso implica realmente una violación a sus medios de vida y a su derecho al acceso de agua.»

Carlos Padilla, ASONOG.

Lea la entrevist a Carlos Padilla de CEHPRODEC.


Elsia Paz responde a esa inquietud de los activistas, en cuanto al acceso de agua en las comunidades en donde hay hidroeléctricas. Según ella, la experiencia de más de 80 proyectos indica que se puede generar energía hidroeléctrica sin afectar las fuentes de agua.

«Hay 80 proyectos en Honduras y hay más de 33 plantas operando comercialmente —afirma Elsia Paz—, si hacemos una auditoria de las que ya operan comercialmente van a enterarse de que el agua vuelve al rio», dice y agrega que la oposición a los proyectos es únicamente a aquellos que están en proceso de construcción.

«Atacan los proyectos que están en construcción, porque teóricamente pueden utilizar los discursos de que es mundial (general) la oposición, para desprestigiar y realmente confundir a la población. Pero si vamos a ver a cada una de las (represas) que ya operan, tenemos una en la Esperanza, Intibucá, que fue construida por Copines, porque eran los empleados de esta planta y esa planta está operando comercialmente desde el 2004. ¿Por qué no hablamos de esa planta? Como ya opera, ya existe la evidencia de que el agua vuelve de nuevo al río, a estos opositores no les conviene hablar de eso. Hay proyectos en Intibucá, en Jesús de Otoro, en la Paz o sea, tenemos proyectos en toda Honduras, donde ya está la evidencia de que lo que entra en las turbinas vuelve a subir en calidad y en cantidad», agrega Paz.

Aunque las características de la extracción minera y generación de energía hidroeléctrica en el país son distintas, distintos dueños, distintas leyes que cubren la producción, estos dos rubros han estado estrechamente ligados desde su origen.

Fue la New York and Honduras Rosario Mining Company la primera en instalar un generador de energía hidráulica en San Juancito y fue esta misma quien a principios de siglo XX instaló el primer sistema de represas y alcantarillado de agua para consumo y producción de energía eléctrica en Tegucigalpa, en 1929.

El extractivismo, según CESPAD, es un modelo de desarrollo que prioriza los recursos naturales como fuente principal de acumulación de riquezas y beneficios. Define la oenegé en su artículo «Hidroeléctricas y minería: la corrupción desde el Estado, detrás de las concesiones», que los rasgos principales del extractivismo son la adopción de la naturaleza como una forma de mercancía, el desarrollo de la corrupción por los monopolios y la orientación de las estructuras legales y policiales del Estado que se orientan a preservar los intereses de los grupos económicos y políticos.

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Desde la colonia española y más específicamente desde la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto en 1876 se reconoció en la minería una matriz para generar riqueza. Honduras en aquel tiempo era un país eminentemente agrario y con la minería llegó la promesa de desarrollo industrial e integración al sistema capitalista mundial.

Entre 1876 y 1915 se otorgaron 276 concesiones a empresas inglesas, estadounidenses y algunas nacionales de propiedad de grandes millonarios hondureños, como los expresidente Marco Aurelio Soto y Luis Bográn que aportaron capitales que terminaron siendo absorbidos por empresarios estadounidenses que acapararon el rubro minero y formando el Central American Syndicate Company.

La minería, durante siglos, ha sido un importante recurso para el Desarrollo. Honduras, inmerso en un modelo capitalista internacional, al no contar con fuentes generadores de riqueza y necesitar de la constante inyección de divisas para adquirir bienes de uso de la población, se ha visto obligada a usar el modelo extractivista como una forma de generar ese capital. La inversión extranjera siempre ha sido la fuente para inyección de capital en el país: mineras, bananeras, maquileras, tienen en común que han logrado acuerdos convenientes con el Estado con la promesa pública de la generación de empleos para una pequeña parte de la población y en privado, el soborno para el poder político.

Esa historia de corrupción y encubrimiento de la contaminación, parece ser la raíz de los desacuerdos entre comunidad y empresa privada, que se intensifica con lo que anteriormente describimos, la incapacidad de los consensos.

«El modelo de desarrollo de la empresa privada es el que tiene años de estar vigente en el país, es el que ha provocado el cerca del 70% de personas pobres en Honduras, el que contamina el ambiente, es el que desconoce el derecho a participar y a decidir que tienen las comunidades, es el modelo de la empresa privada parasitaria, corrupta y violenta. Es el modelo que trafica con las necesidades de la gente, que pretende usar, atropellar la dignidad de la gente diciéndole que les va a llevar una carretera pero en realidad la carretera que les va a hacer es la carretera que le sirve a sus empresas, si no fuera que tienen un proyecto ahí nunca llevarían una», afirma Víctor Fernandez, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, una organización que surgió en 2008 en el contexto de la huelga de hambre de los fiscales en contra de la corrupción y que luego del golpe de 2009 mutó a la lucha ambiental y territorial.

Víctor Fernandez, MAD-J

Lea aquí la entrevista de Víctor Fernandez, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia


Fernando Erazo de Inhgeomin, afirma por su parte que en el tema minero hay mucho desconocimiento de la población, de cómo funciona la minería. Según él, incluso activistas en el tema desconocen realmente el comportamiento del mineral.

«Cuando me hablan de impacto ambiental, contaminación ambiental producto de la actividad minera, los grupos anti mineros siempre se refieren a ejemplos que han estado en el pasado y son ciertos, no hay que desconocerlos y hay que trabajar para que estos ejemplos de esta actividad minera que se dio en el pasado no se vuelva a dar, por eso hay que apoyar esta nueva ley general de minería, para que estos proyectos que se desarrollan en el país se realicen siempre en pro del beneficio de las comunidades», afirma Erazo, remarcando que el gran problema de contaminación de minería en el país se encuentra en la minería artesanal, que parece no interesar a los activistas medioambientales.

El modelo de desarrollo extractivista busca generar riqueza material, usufructuando los recursos naturales con que cuenta el país, una idea que no es nueva en Honduras y que no debería producir resistencia, pues solo existen dos formas de generar riqueza en una sociedad, la explotación de los recursos naturales y el trabajo de las personas.

Pero la historia de Honduras nos habla de otra realidad. Las empresas extractivas han hecho uso de sobornos y maniobras políticas para lograr las concesiones y beneficios de ley desde hace muchos años. Tanto la experiencia de la New York and Honduras Rosario Mining Company en el siglo XIX, la Mina Entre Mares, como la de las empresas bananeras durante todo el siglo XX, han construido un nefasto antecedente que hoy pesa en la crisis que experimentan las empresas extractivas. Cientos de promesas de desarrollo inclumplidas y la destrucción ambiental de las comunidades con proyectos protegidos por el Estado, pesan ahora en la opinión pública, que no cree en la intenciones del gobierno. 

Al escudriñar el Archivo Nacional nos encontramos que el primer movimiento huelguístico que propicio la clase trabajadora de Honduras se verificó el 5 de febrero de 1871 en el entonces Real de Minas de San José de Yuscarán. El movimiento fue motivado por los malos salarios, el rechazo a los pagos en moneda de níquel y la urgente determinación de un mejor salario mínimo. Cerca de 600 mineros de las minas de Guayabillas, Capiro, La Esperanza, El Platero, San Juan, Mina Grande, Monserrat, Quemazones, Comunidad, Santa Elena y también transportistas de minerales fueron los incitadores de la huelga.

La minera en ese tiempo tuvo serios problemas para llegar a un acuerdo con los obreros en huelga, que pedían demandas inéditas hasta entonces como el salario justo y las ocho horas de trabajo. La empresa hizo uso de la fuerza policial para reprimir, antes de lograr llegar a un acuerdo.

Durante el siglo XX, la minas de El Rosario en Francisco Morazán y más adelante la del Mochito en Santa Bárbara, experimentaron tensión entre los obreros de la mina, la comunidad y los empresarios. Estos últimos a la larga preferían llegar a acuerdos con el gobierno central que tratar con las municipalidades y habitantes de los territorios en donde explotaban el recurso. Acuerdo que se lograban a veces con el pago de sobornos a altos funcionarios del Estado. Eso no parece haber cambiado con la nueva ley de minería.

Carlos Padilla, del CEHPRODEC, explica que desde el 2010, una nueva legislación hondureña fue creada en favor de los intereses extractivistas.

«Toda la institucionalidad del Estado está creada puntualmente para favorecer a los intereses privados más que a las comunidades, nosotros advertimos que después del 2010 hubo un cambio en la institucionalidad del Estado donde todos los elementos jurídicos se prepararon para fomentar estas políticas concesionarias y entreguistas de territorio, y en el cual los entes operadores de justicia están mas del lado de la empresa privada y de las transnacionales que de la población», afirma Padilla, un argumento que parece compartir Vladimir López Sánches de CESPAD.

«Muchas comunidades se han alzado en contra de proyectos extractivos, cuestionando que su otorgamiento se ha hecho sobre la base de una serie de irregularidades legales: ausencia de consulta y participación de las comunidades, otorgamiento de concesiones en áreas protegidas, la complicidad de los gobiernos locales con las empresas extractivas, destrucción y degradación de recursos naturales, como el agua y bosque», afirma López Sanchez. 

Víctor Fernandez agrega: «Muchos de esos proyectos eran inviables, por opiniones técnicas del mismo gobierno de Honduras y algunos funcionarios se confabularon con el sector económico para imponerlo, para tergiversar las mismas opiniones técnicas del gobierno del estado de Honduras que determinaban que estos proyectos eran inviables, que estos proyectos son lascivos a los intereses del país y aun así los metieron».

Fernandez no ha presentado hasta el momento las pruebas de la “inviabilidad” de los proyectos a los que se refiere.

Ante ese contexto de resistencia territorial, la élite política gobernante, sectores económicos y otros actores han expresado abiertamente que estos grupos, con sus acciones de protesta, alejan la inversión extranjera y frenan el crecimiento económico y desarrollo del país. Ese argumento, desgastado por su uso constante, ha sido el que hemos visto en cada acción que toman los obreros en contra del capital. En las huelgas, en las tomas, los dueños de las empresas y el estado siempre argumentan la pérdida que esto genera  para el país, especialmente después del final de la guerra fría. Pero ahora hay un nuevo argumento en la mesa.

«Hemos identificado algo, esta es una oposición sistematizada que viene a lo largo y ancho de toda la región, inclusive Latinoamérica, en general. Es un negocio. Si usted logra la fotografía perfecta, si usted logra mandar fotos de que lo están reprimiendo y es un proceso sistematizado, vemos que el mismo discurso, la misma manera que hablan, que tocan el sentimiento del ser humano, lo están haciendo de manera sistematizada. Los preparan, hay movimientos que se dedican a esto, hemos identificado en Honduras que también hay presencia de organismos internacionales que están avalando todas estas actividades de estos opositores y los están autodenominando, sin verificar en campo, como líderes de ciertas comunidades», afirma Elsia Paz, de la Asociación de empresas de energía limpia.

Miriam Miranda, coordinadora de la organización Garífuna OFRANEH, considera que la reacción de los empresarios en contra de la lucha anti extractivista, criminaliza la defensa de los territorios y como respuesta promete un boicot en contra de las empresas. 

«Nosotros sí estamos defendiendo los recursos naturales, los bienes comunes de la naturaleza y estamos defendiendo la vida, pero también eso implica que nos están estigmatizando. Que no se les olvide que aquí no hemos iniciado un boicot y hay necesidad ya de comenzar un boicot contra esas empresas, que son las empresas a las que les compramos nosotros en las comunidades, para que después nos terminen jodiendo a nosotros mismos y ya es tiempo que comencemos a identificarnos, a esa empresa privada que nos señala de que somos vándalos, que somos criminales, que somos asesinos, para ver si le vamos a seguir comprando su producto, que llega ahí o sea, imagínese que nos criminalizan, nos juzgan y les compramos», afirma Miriam Miranda. «Estamos defendiendo los recursos naturales, los bienes comunes de la naturaleza, porque nosotros sí somos responsables», agrega.

Miriam Miranda, OFRANEH

Lea aquí la entrevista de Miriam Miranda.


Según Asonog, hasta el 2017 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), había otorgado un total de 282 concesiones mineras. Cortés es el departamento más concesionado, con 56 proyectos, le sigue Olancho con 33, Choluteca con 28, Francisco Morazán con 27 y Santa Bárbara con 25.

En Honduras operan las compañías mineras, Minerales de Occidente, en La unión, Copan, Inversiones Pinares en Guapinol, Tocoa, la Compañía Minera Cerro del Sur, en Choluteca, Mina el Mochito en Santa Bárbara, Américan Pacific y Agregados del Caribe en Cortés generando un ingreso de cerca de 147.8 millones de dólares al año, según manifestara Agapito Rodríguez, director de INHGEOMIN.

En el país, hasta el 2018, se registran un total de 315 plantas generadoras de energía. De esa cantidad, 157 se tipifican como hidroeléctricas, siendo Cortés, Olancho, Atlántida y Santa Bárbara, los departamentos en donde más se registran proyectos hidroeléctricos.

Apenas una pequeña parte de los proyectos en ejecución se encuentran en abierto conflicto en Honduras. Pero la incapacidad de establecer consensos entre los sectores involucrados y la crisis general que vive el país, amenaza con extender los conflictos a más los proyectos, si no se establecen los correctivos necesarios por los canales de la paz y la convivencia.

La CIDH, en una visita a Honduras informó que solo una ley de Consulta Previa e Informada, consensuada con las organizaciones sociales que disputa con las empresas extractivas, podría poner en pausa los conflictos. Pero parece que los políticos están lejos de llegar a esa solución.

Óscar Estrada (Honduras, 1974). Es guionista, novelista y abogado. Productor de radio novelas y documentales sociales. En 2008 dirigió el largometraje «El Porvenir». Ha publicado los libros «Honduras, crónicas de un pueblo golpeado» (2013), la novela «Invisibles» (2012) y más recientemente su colección de cuentos «El Dios de Víctor y otras herejías» (2015). Fundador de la revista «Lastiri». Actualmente dirige la editorial con sede en Washington D.C. Casasola LLC.