/CARLOS PADILLA, CEHPRODEC: EL PROBLEMA DE LA MINERÍA NO SE ACABARÁ, MIENTRAS NO SE CREEN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN REAL DE LA CIUDADANÍA

CARLOS PADILLA, CEHPRODEC: EL PROBLEMA DE LA MINERÍA NO SE ACABARÁ, MIENTRAS NO SE CREEN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN REAL DE LA CIUDADANÍA

Nosotros hemos visto que hay una campaña que ha arreciado en estos últimos días, en la cual están presentes la empresa privada, el Estado, la institucionalidad y desgraciadamente el CODEH, que en otros momentos cumplió un papel realmente defensor de los derechos humanos pero que tristemente ahorita esta prestándose para ese trabajo.

Nosotros creemos que esa gente está realmente preocupada porque hay una oposición real y esa oposición real no tiene que ver con agentes externos sino con las condiciones de vida de las poblaciones que se ven afectadas por proyectos, ya sean mineros o hidroeléctricos, extractivistas, que no han sido consultados.

Para nosotros ese es el punto clave de la discusión, muchas veces hay un discurso en el cual se habla de que pagan los impuestos, que tienen todos los estudios y la documentación necesaria, nosotros eso nos tiene sin cuidado, lo que nos a nosotros nos importa es que hay un impacto social en las comunidades y que ese impacto puede preverse si tan solo hubieran mecanismos reales de participación y de consulta.

En el caso de la minería es terrible, tenemos el ejemplo de Entre Mares que ha sido mil veces estudiada en el cual hubo contaminación con mucha de la población. Hay contaminación por plomo, arsénico, cianuro y otro tipo de elementos y desgraciadamente eso se traduce en una muerte lenta, una muerte que toma muchos años porque se desarrollan enfermedades terribles y por otro lado, un impacto económico en la familia, porque los pocos recursos que antes tenían ahora los destinan a cuidarse de todas las enfermedades que han surgido.

Desgraciadamente el estado Hondureño ha permitido al impunidad de este caso famoso Entre Mares y luego podemos ver lo que ha sucedido en Azacualpa, Copan, donde hay una conflictividad social, una ruptura del tejido social de la comunidad en la que se ven enfrentado y al final quien ha llevado eso ha sido la minera.

Por otro lado, en la cuestión de las hidroeléctricas, nosotros juntamente presentamos un informe sobre producción de energía eléctrica en Honduras y nos cuestionamos, porque hemos analizado que en la hora pico Honduras puede satisfacer la demanda energética que hay en el país y se está produciendo actualmente el doble de lo que realmente necesitamos, entonces nosotros nos preguntamos ¿para qué son estos proyectos hidroeléctricos y de generación de energía en general si la tarifa de la población no baja?

Por ejemplo en San José, La Paz, tienen una hidroeléctrica de la señora Gladis Aurora López, Aurora 1 y eso no ha cambiado el consumo de la gente, no tienen más acceso a la energía, no es que ha bajado la tarifa, entonces nos preguntamos ¿para qué son todas estas, toda esta creación del doble de la demanda energética, cuando no están realmente satisfaciendo la población?

Desgraciadamente ellos están negando la capacidad que tiene la población de organizarse y de expresar la inconformidad, hemos visto en estos días como el Tornillito se ha vuelto un conflicto de gran magnitud, también esta Guapinol y hay muchos conflictos que van a seguir surgiendo mientras no se hagan consultas reales de a la población.

¿Qué es lo que pasa? Lo que hacen en colisión con la autoridad local, la alcaldía, hacen un cabildo abierto que es realmente informativo pero lo hacen pasar por consulta y además en un cabildo abierto cualquiera levanta la mano y no se contabilizan realmente los votos, pero eso ya es suficiente para decir que la población dio permiso sobre un proyecto determinado.

Tenemos el ejemplo de Santa Elena, La Paz en el cual el 2014, Octubre del 2014 se hizo un cabildo abierto, supuestamente la población daba su apoyo para la creación de una hidroeléctrica que sería Aurora 2, también de la señora Gladis Aurora López en ese momento presidenta del partido Nacional y a nombre del señor Arnold Castro, su esposo, que es uno de los pandoros y ¿que sucedió en ese momento? Un cabildo abierto primero militarizado, tenemos las fotos con presencia policial donde había coerción hacia la población y por otro lado lleno de buses de gente salvadoreña para que vinieran a votar, para que vinieran a levantar la mano.

Y así como ese hay muchos casos. En San Francisco Atlántida se falsificó las firmas de la junta de agua para conseguir aprobación, también de una instalación hidroeléctrica, entonces la cuestión es preguntarnos ¿qué tipo de desarrollo es el que se nos está vendiendo? ¿desarrollo para quién?

Y en segundo lugar, que no hay mecanismos de consulta y de participación reales para que la gente pueda dar su opinión, por ejemplo, en el caso de la ley de minería hay un artículo que dice que la población debe ser consultada, pero ¿en qué momento? Hasta el momento de la explotación han pasado tres etapas, en ese momento en que la empresa ha adquirido derechos jurídicos sobre ese territorio donde ya han llegado, y en cada etapa pasan muchos años de diferencia, entonces ya han podido penetrar a la comunidad ya han podido comprar líderes, ya han podido amenazar, ya han podido comprar conciencias etc. Nosotros decimos: es necesario que se crean mecanismos de participación reales, para toda la población.

En este momento se ha hablado de una ley de consulta previa libre e informada que se está creando, pero eso solo satisface y bueno lo aplaudimos, si es real, eso solo llenaría las necesidades de la población indígena bajo el convenio 169 de la OIT, sin embargo en la mayoría del país, la mayoría de las concesiones del territorio se dan en comunidades no indígenas. ¿Y ahí, qué pasa? Necesitamos esos mecanismos de consulta, en ese respecto hemos estudiado más lo que tiene que ver con la construcción de hidroeléctricas y hay daños que son eminentemente sociales.

Muchas veces lo que pasa, es que se desvía un río, tenemos en el estudio que hemos presentado también un ejemplo, creo que fue San José de La Paz, se desviaron seis comunidades o sea, el río dejó de pasar por seis comunidades en Aurora 1 y eso ha implicado que esas seis comunidades ahora tienen que ir por el agua a un kilómetro de distancia y si estamos hablando de poblaciones que son vulnerables, que no tienen recursos, pues eso implica realmente una violación a sus medios de vida y a su derecho al acceso de agua.

El problema también es que estas empresas concesionarias, no solo desvían el río porque necesitan crear una cortina con un embalse de agua, y donde van a inundar mucho territorio, sino que también cercan los alrededores, entonces la gente que antes tenía la posibilidad de acceder al agua ya no la tiene pues ahora se ha vuelto una propiedad privada y de nuevo lo repetimos, sin haber consultado la población.

Ayer uno de los compañeros con que trabajamos, Martin Vázquez del movimiento indígena lenca de la Pazm comentaba de su propia vivencia, como ellos decían «bueno después de ver lo que sucedió con Aurora 1 en San José aprendimos la lección y decidimos no permitir más instalaciones de hidroeléctricas en la zona de la Paz».

Es falso que hayan agentes externos en esta lucha, las comunidades tienen suficiente argumentos como para oponerse a este tipo de desarrollo que realmente deja menos a la comunidad. Quien se lleva la mayor tajada es la empresa privada y también el Estado que tienen una colusión en el otorgamiento de esas concesiones.

Yo no creo que sean las organizaciones, pero sí le puedo decir que las comunidades llegan al radicalismo y con mucha razón porque estamos hablando de su vida, de sus medios de vida, no estamos hablando de cuestiones sin sentido, superficiales, ellos no necesitan dinero, necesitan acceso al agua, necesitan acceso a la tierra, necesitan a sus medios de vida que es con los que han convivido por siglos de manera tradicional, ya sean comunidades indígenas o no, pero este tipo de industrias son las que vienen a radicalizar a la gente pues imponen sin ningún tipo de consenso con la población, se imponen sin realmente convencer a las personas.

Yo no creo que las hidroeléctricas sean tan malas en sí mismas, porque ese no es el punto, el punto es discutir ¿cuál es el impacto social que tiene? y si la gente está de acuerdo o no en que eso llegue a su territorio.

Quizás si se hiciera en lugares más alejados, no sé, pero siempre hay un impacto entonces es necesario que se prevean esas cosas y que la población que será afectada tenga una decisión.

Si son tan buenos estos proyectos, si es tanto el nivel de desarrollo que traen, pues que mejor que convencer a la gente y preguntarles si están de acuerdo, pero con datos reales y explicándoles cuáles son los pro y los contra.

El problema es que muchas veces se nos venden la fantasía de lo que va a traer pero no los aspectos negativos que siempre están.

Es triste que haya ese tipo de argumentos, cuando es un problema eminentemente nacional y un problema que tiene que ver con un modelo de desarrollo capitalista que genera riqueza para unos pocos y saquea recursos de la mayoría de la población, una población que ya está saqueada históricamente, en la cual el Estado no garantiza realmente los derechos de la población sino que garantiza los derechos de agentes privados, ya sean nacionales o transnacionales y esa es realmente la problemática.

Ellos pueden atacar a todas las organizaciones pero el problema no lo van a evitar así, porque la gente de la población de tierra adentro ya se han quitado la venda y han aprendido de hechos reales, como Entre Mares, por ejemplo; de hechos reales como la hidroeléctrica de San José de la Paz, de esos ejemplos es que la población ha aprendido y han decidido evitar que eso llegue a sus territorios porque saben que les va a afectar profundamente su nivel de vida.

El problema es que la minería, sobre todo a cielo abierto, utilizan un proceso en el cual llenan unas grandes pilas de agua, si Uds. ven las fotos sobre de Copan, Azacualpa, van a ver unas inmensas piletas de agua, en esa agua se pone la broza que se ha extraído y ahí se mezcla con otros químicos que es lo que empieza a separar el metal de los minerales, el oro por ejemplo; y entonces empieza, porque el oro se encuentra acumulado en pequeñas cantidades, entonces empieza a juntarlo todo pero lo que queda ahí ese deshecho, vuelve otra vez, se entierra por ejemplo, pero siempre hay filtración eso puede llegar al sub suelo al manto friático, a las fuentes de agua que son subterráneas y eso luego va a dar a aguas abajo afectando a otras comunidades.

Que pasó en Entre Mares, es imposible que haya un método de minería que no tenga métodos contaminantes. Si usted revisa la ley de minería, creo si mal no recuerdo, ellos entregan una cuestión que nosotros hemos denunciado muchas veces, una parte creo que solo es el seis por ciento de lo que ganan que está dividido una parte va a la alcaldía, una parte va a la taza de seguridad que lo hemos denunciado porque convierte a la policía militar de la República en un socio de las mineras.

Las mineras pagan por hectárea y dan mucho menos de lo que dan nuestros campesinos, entonces vemos como hay un favoritismo hacia ese tipo de industria y siempre hemos dicho que hay otras alternativas, por ejemplo, sólo la caficultura produce mucho más empleos, mucho más ganancias para la población y tiene mayor productividad que lo que produce una mina y con menor impacto en el medio ambiente.

Primero es la organización, la organización es lo que permite que as comunidades  se defiendan. Ya no estamos inventando el agua caliente ¿cuál es el tipo de organización de la que estamos hablando? sus juntas de agua, sus patronatos, lo que pasa es que adquieren conciencia y entonces se movilizan en contra de este tipo de intereses.

Lo importante es eso, la organización y la unidad, porque las comunidades también se han ido dando cuenta que esto no es un hecho aislado, que lo que pasa en Gualaco, por cierto uno de los municipios más concesionados, creo que el mas concesionado para minería, es igual a lo que pasa en el Corpus, es igual a lo que pasa en el Triunfo en Choluteca, es igual, la gente que sufre de hidroeléctricas en la Paz sabe que es lo mismo que sucede en Santa Bárbara, otro departamento altamente concesionado, que es lo mismo que sucede en Atlántida.

Entonces, es la organización y la unidad lo que va a permitir detener a este monstruo gigante, porque esta es una lucha entre David y Goliat, pero en la cual los argumentos y la razón están del lado de las comunidades porque estamos hablando de la defensa de la vida, principalmente de la defensa de la vida.

Ellos cumplen su papel, desgraciadamente es un papel penoso porque toda la institucionalidad del Estado está creada puntualmente para favorecer a los intereses privados, más que a las comunidades, nosotros advertimos que después del 2010 hubo un cambio en la institucionalidad del estado donde todos los elementos se prepararon, todos los elementos jurídicos, para fomentar estas políticas concesionarias y entreguistas de territorio y en el cual los entes operadores de justicia están mas del lado de la empresa privada y de las transnacionales que de la población, es triste ver como un estado en vez de regular, de proteger a la ciudadanía y de ver cuál es el impacto que tienen estas industrias, más bien se pone del lado de ellas.

Afortunadamente el año pasado la Corte Suprema de Justicia declararon siete artículos de la ley de minería inconstitucionales y si usted ve la argumentación que dio la corte Suprema de Justicia de la sala de la constitucional, nos estaba dando la razón y dándole la razón a las comunidades donde establece, por ejemplo, que mientras no haya garantía de que hay mecanismos seguros, por ejemplo, para explotar la minería y que puedan asegurar que la vida humana no será vulnerable entonces, es mejor no realizar ese tipo de actividades.

Eso es lo que estamos logrando, pequeños avances. No es cierto que hay agentes externos en estas luchas ambientalistas y que digan lo que digan, el problema seguirá permaneciendo mientras no se cuestione cuál es el tipo de desarrollo que se está llevando a las comunidades y mientras no se creen mecanismos de consulta y de participación reales para la ciudadanía, para decidir sobre el futuro de sus propios territorios.

Óscar Estrada (Honduras, 1974). Es guionista, novelista y abogado. Productor de radio novelas y documentales sociales. En 2008 dirigió el largometraje «El Porvenir». Ha publicado los libros «Honduras, crónicas de un pueblo golpeado» (2013), la novela «Invisibles» (2012) y más recientemente su colección de cuentos «El Dios de Víctor y otras herejías» (2015). Fundador de la revista «Lastiri». Actualmente dirige la editorial con sede en Washington D.C. Casasola LLC.