/EL SISTEMA QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES [1/3]

EL SISTEMA QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES [1/3]

Investigación y redacción: Ariel Torres Funes

Frente al plantel de DESA, instalado en la comunidad de Río Blanco, el 15 de julio de 2013 los militares dispararon contra de pobladores que obstruían el paso para impedir que la enorme maquinaria de la empresa china Sinohydro construyera la represa en el río Gualcarque, uno de los siete proyectos hidroeléctricos concesionados por el gobierno a manos privadas en el departamento de Intibucá.  Tomás García, de 44 años y su hijo Alan, de 16 años, recibieron los impactos de las balas. Ambos fueron trasladados por sus compañeros al centro de salud más cercano (siempre lejano en las aldeas). Allí falleció Tomás, dejando huérfanos a tres hijos, mientras que Alan sobrevivió a sus heridas.

Noviembre, 2016.

A partir de 2009 el Estado hondureño estaba obligado a proteger a Berta Cáceres, en atención a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los hechos, Berta no recibió ninguna protección efectiva. La indefensión pública la acompañó siempre, hasta su último día. Este era uno de los cuartos donde Berta trabajaba y descansaba en la casa de su madre, Austra Berta Flores. Debajo del cuadro del comandante de la revolución cubana, Ernesto «Ché» Guevara, se observa la pantalla principal del sistema de monitoreo de ocho cámaras ahora instalado en la casa. Fotografía de Dany Barrientos
A partir de 2009 el Estado hondureño estaba obligado a proteger a Berta Cáceres, en atención a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los hechos, Berta no recibió ninguna protección efectiva. La indefensión pública la acompañó siempre, hasta su último día. Este era uno de los cuartos donde Berta trabajaba y descansaba en la casa de su madre, Austra Berta Flores. Debajo del cuadro del comandante de la revolución cubana, Ernesto «Ché» Guevara, se observa la pantalla principal del sistema de monitoreo de ocho cámaras ahora instalado en la casa. Fotografía de Dany Barrientos.

CRÓNICA DE UNA MUERTE DENUNCIADA

Las denuncias y el contubernio

Son sólo coincidencias históricas, pero 1971, cuando nació Berta Isabel Cáceres Flores, fue declarado Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al asesinarla, se celebraba el Día Internacional de la Naturaleza. Toda una premonición.

Cuando la madrugada del 3 de marzo de 2016, los sicarios forzaron la puerta de su vivienda en la pequeña ciudad de La Esperanza, no perpetraron un asesinato aislado. Quienes ordenaron su muerte sabían lo que hacían, pero no su trascendencia.

Al apretar el gatillo de sus armas, cegaron la vida de una joven mujer convertida en símbolo de la defensa del medio ambiente, de los derechos civiles y, en especial, de los derechos humanos de las comunidades indígenas, entre ellas la Lenca, que habita en Honduras.

En este país centroamericano, considerado por la organización Global Witness, como «el más mortal del mundo» para los defensores del ambiente y los derechos humanos, Berta vivió bajo riesgo durante toda su vida social y política.

En Honduras más del 80% de los homicidios quedan impunes. Ella sabía cómo actúan los órganos de justicia. Aun así, interpuso 33 denuncias ante el Ministerio Público (MP), para que investigaran las amenazas que recibía a través de llamadas anónimas, correos electrónicos, mensajes por el celular o de palabra por desconocidos y conocidos que salían a su paso para hostigarle.

Ante la indefensión en su propio país, Berta, como tantos otros activistas sociales, acudió a instancias internacionales. A partir de 2009 el Estado hondureño estaba obligado a protegerla en atención a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los hechos, Berta no recibió ninguna protección efectiva. La indefensión pública la acompañó siempre, hasta su último día.

Cuando Berta recibía amenazas y era judicializada por el Estado, su madre, Austra Berta Flores, una octogenaria que atendió como partera a más de cuatro mil indígenas, acotó, «a mi hija la están criminalizando y acusando solo por ser coordinadora del COPINH, una organización que, desde hace más de 20 años, lucha por los derechos de las y los indígenas que han sido sometidos a injusticias desde siempre, ese es el único delito que cometió mi hija, me da vergüenza y tristeza ver la injusticia que cometen en nuestra patria». Foto: Dany Barrientos.
Cuando Berta recibía amenazas y era judicializada por el Estado, su madre, Austra Berta Flores, una octogenaria que atendió como partera a más de cuatro mil indígenas, acotó, «a mi hija la están criminalizando y acusando solo por ser coordinadora del COPINH, una organización que, desde hace más de 20 años, lucha por los derechos de las y los indígenas que han sido sometidos a injusticias desde siempre, ese es el único delito que cometió mi hija, me da vergüenza y tristeza ver la injusticia que cometen en nuestra patria». Foto: Dany Barrientos.

Paradójicamente, el MP que desoyó sus demandas, la demandó dos veces. La primera que enfrentó fue el 24 de mayo del año 2013, por el supuesto delito de portación ilegal de armas de fuego. Ese día Berta se dirigía a la comunidad de Río Blanco, donde se reuniría junto a cientos de pobladores en oposición a la construcción en un territorio lenca de la represa hidroeléctrica «Agua Zarca», un proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que incluye la explotación del río Gualcarque por 50 años para la generación de energía.

En la marcha fue interceptada por varios militares que registraron su vehículo y aseguraron haber encontrado una pistola. Ese fue el inicio de un juicio que duró un año. A su defensa legal la acompañó la defensa social de la comunidad lenca, organizaciones nacionales e internacionales que se movilizaron en su apoyo.

Berta definió aquella acusación como «ridícula», parte de una campaña de desprestigio contra ella y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al presentarlos como una organización violenta.

En realidad, dijo, «fuimos interceptados por dos retenes del Ejército y ahí se hizo el montaje en el que, según ellos, apareció un arma. Entonces se me acusa de posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras. Es ridículo, ¿verdad? Al mismo tiempo demuestra la intención del Ejército y del Gobierno de acusarnos y criminalizarnos. A mí no me detuvieron los policías, sino el Ejército. La Policía llegó hasta una hora después y presencié la discusión entre ellos, pero la orden de “arriba” era detenerme. En este país ser luchadora social es muy peligroso. Esta acusación viene por parte de la Procuraduría Pública y el Ministerio Público».

El COPINH exigió formalmente que se realizara un peritaje para aclarar el caso de su coordinadora, pero la fiscalía negó la evaluación y tampoco levantó un acta de registro del vehículo. A falta de fundamentos y presionados por organizaciones nacionales e internacionales que reclamaban justicia, el 11 de febrero del 2014 se le dictó sobreseimiento definitivo.

Resuelta la primera demanda, a Berta y a dos dirigentes más del COPINH les tocó afrontar una segunda acusación judicial que se remonta también al 2013. En agosto de ese año el MP presentó un requerimiento fiscal tras la demanda presentada por la empresa DESA, ante el juzgado de Letras Primero del departamento de Intibucá, por los delitos de coacción, daños continuados y usurpación.

La acusación se basaba en los presuntos perjuicios que el COPINH, junto a pobladores de la comunidad de Río Blanco, habían ocasionado a la empresa durante una protesta. Según DESA, los supuestos daños ascendían a 67 millones de lempiras (tres millones de dólares).

Sin visitar la zona presuntamente afectada, para realizar el análisis y la valoración de las pruebas, el juzgado dictó orden de prisión preventiva contra Berta Cáceres. Los vacíos legales reflejaban, sobre todo, el contubernio entre la empresa y los operadores de justicia.

Su testimonió de los hechos es valioso, «en este proceso ocurrió algo que en La Esperanza nunca se había visto: una audiencia inicial de dos días completos, y toda una instancia judicial departamental dedicada sólo a eso. Las acusaciones estaban cargadas de desprecio y discriminación. Nos acusan de que incitamos la agresión y su prueba es que “en las manifestaciones por la defensa del territorio hay mantas con el nombre de la organización”. Otro argumento presentado por ellos es que gritamos consignas como “los ríos no se venden, los ríos se cuidan y se defienden” y que eso es incitar a la violencia. Cuando las compañeras indígenas dieron testimonios a nuestro favor y relataron la importancia espiritual del río, ellos se reían y las despreciaban», expresó ante un medio español.

Tras el asesinato de Berta Cáceres, el COPINH reestructuró su organización interna, en diversas asambleas, Tomás Gómez Membreño, fue elegido como coordinador interino de la organización. Actualmente él ha recibido amenazas que son denunciadas a nivel nacional e internacional. Foto: Dany Barrientos.
Tras el asesinato de Berta Cáceres, el COPINH reestructuró su organización interna, en diversas asambleas, Tomás Gómez Membreño, fue elegido como coordinador interino de la organización. Actualmente él ha recibido amenazas que son denunciadas a nivel nacional e internacional. Foto: Dany Barrientos.

La orden de prisión no frenó su labor. Para evitar su captura, Berta solía dirigirse a la comunidad de Río Blanco caminando por las veredas de las montañas, ocultándose de los policías. «Ella venía y aparecía de repente a media noche o en la madrugada y nosotros siempre la esperábamos», recuerda una de las pobladoras de esa comunidad. Ese sacrificio se mantuvo hasta que, en enero de 2014, el juzgado les dictó a los imputados sobreseimientos provisionales a su favor.

Aquellas fueron dos victorias legales peligrosas. Cuando en Honduras los grandes poderes pierden un juicio por la vía civilizada, suelen recurrir a la barbarie directa. A menudo es cuestión de tiempo.

Una campesina de La Tejera, en Intibucá, carga a su hija. Así como otros pobladores de este pueblo, ella se opone a la construcción de la represa hidroeléctrica «Agua Zarca» y recuerda cuando la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) los quiso convencer inicialmente para la instalación del proyecto, el cual negaron. Aun así, las obras comenzaron y el pueblo Lenca alega la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por Honduras en 1995, ya que no existió una consulta previa, libre e informada, para que fuesen los pobladores los que decidieran el uso de su territorio ancestral. Foto: Dany Barrientos.
Una campesina de La Tejera, en Intibucá, carga a su hija. Así como otros pobladores de este pueblo, ella se opone a la construcción de la represa hidroeléctrica «Agua Zarca» y recuerda cuando la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) los quiso convencer inicialmente para la instalación del proyecto, el cual negaron. Aun así, las obras comenzaron y el pueblo Lenca alega la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por Honduras en 1995, ya que no existió una consulta previa, libre e informada, para que fuesen los pobladores los que decidieran el uso de su territorio ancestral. Foto: Dany Barrientos.

Estado, ¿para quién?

«Los luchadores sociales nos vemos enfrentados a estas situaciones donde el Estado es una institución que no funciona para el pueblo, con sus niveles de impunidad y de violación de derechos humanos», respondió Berta a la pregunta de una reportera argentina, que indagaba sobre la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en Honduras.

Ante las demandas judiciales, su madre, Austra Berta Flores, una octogenaria que atendió como partera a más de cuatro mil indígenas, acotó, «a mi hija la están criminalizando y acusando solo por ser coordinadora del COPINH, una organización que, desde hace más de 20 años, lucha por los derechos de las y los indígenas que han sido sometidos a injusticias desde siempre, ese es el único delito que cometió mi hija, me da vergüenza y tristeza ver la injusticia que cometen en nuestra patria».

Al enfrentar un Estado que no solo omitía su protección, sino que también la judicializaba, Berta, que amaba profundamente la vida, siguió denunciando a través de los medios de comunicación y ante las instancias internacionales, el riesgo que afrontaba.

Con cada gestión, Berta confirmó que tenía aliados, consciente también que sus enemigos tenían los suyos. En ese tipo de conflictos, la desigualdad entre las víctimas y los victimarios son marcadas.

«No tenemos a dónde acudir, nos sentimos en indefensión, vulnerables, porque no tenemos ninguna confianza en el sistema de justicia. En Honduras defender los derechos humanos es un crimen, la situación se ha agravado, es muy preocupante, hay más ensañamiento, quieren llenarnos de terror», señaló el 22 de noviembre de 2013 ante Amnistía Internacional.

Las amenazas la sobresaltaban; no paralizaban. Según su madre, su hija conoció el concepto de la palabra terror, cuando a los 17 años, junto a Salvador Zúniga, su exesposo y también fundador del COPINH, se enlistaron como guerrilleros de la Resistencia Nacional (RN), uno de los cinco grupos armados de izquierda que conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el conflicto de El Salvador.

Aquella vinculación no resulta extraña. El norte de El Salvador y el sur oeste de Honduras forman un solo bolsón de pobreza, exclusión y marginamiento. La línea fronteriza existe jurídicamente, pero no en el imaginario social, puesto que los pueblos viven su propia integración física, social, de servicios, comercio y mercado.

En la región centroamericana se habían firmado los Acuerdos de Paz, y con ellos llegaron las promesas inconclusas del desarrollo y la desmilitarización. Berta sobrevivió a la guerra civil salvadoreña bajo el pseudónimo de «Laura» y, tras otra breve estadía en Nicaragua, regresó a Honduras a inicios de los 90, fundando junto a Salvador Zúniga, el COPINH el 27 de marzo de 1993.

«En este periodo nos encontramos en la lucha por sobrevivir, de luchar para mantenernos como organizaciones ante los ataques que se generan desde el poder que es pura contrainsurgencia. Es mentira que en Centroamérica se desmontaron estas estrategias contra los movimientos sociales; siguen vivas, sostenidas y financiadas (si bien han cambiado de modalidad por una más peligrosa), por lo que existir como organizaciones es un logro de por sí», manifestó en 2014.

Después de haber luchado como guerrillera en El Salvador y Nicaragua, Berta Cáceres regresó a Honduras a inicios de los 90, fundando junto a Salvador Zúniga, el COPINH el 27 de marzo de 1993. En 2014 manifestó que, ante las estrategias por desmantelar las estructuras sociales en Honduras, «existir como organizaciones es un logro de por sí». Fotografía de Dany Barrientos
Después de haber luchado como guerrillera en El Salvador y Nicaragua, Berta Cáceres regresó a Honduras a inicios de los 90, fundando junto a Salvador Zúniga, el COPINH el 27 de marzo de 1993. En 2014 manifestó que, ante las estrategias por desmantelar las estructuras sociales en Honduras, «existir como organizaciones es un logro de por sí». Fotografía de Dany Barrientos.

Un contexto de violencia, impunidad y hostigamiento

Berta no era la única voz que ponía el acento de la denuncia ante la represión y la vulnerabilidad de las luchas sociales en Honduras. En 2012 la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Margaret Sekayya visitó el país y señaló que, «en razón de la legítima labor de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales que realizan, hay ciertas categorías de defensores de los derechos humanos expuestos a un peligro especial en Honduras, entre ellos los que se ocupan de cuestiones de los indígenas, garífunas, ambientales y de derechos sobre la tierra».

La Relatora agregó que «las actividades de los defensores de los derechos humanos están muy expuestas, por lo que ellos y sus familias siguen corriendo el peligro de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, detención y privación de la libertad arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento, y exilio forzado».

Cuando las amenazas se agudizaron en 2013 y ante su creciente indefensión, Cáceres pensó emigrar temporalmente hacia Estados Unidos, donde vive una de sus hermanas, pero, como coordinadora general del COPINH, su labor se había multiplicado debido al incremento de los proyectos de explotación y extracción instalados en territorios indígenas de Honduras. Lo que sí pudo gestionar fue que sus tres hijas y su hijo, viajaran a estudiar al exterior.

Berta se quedó en ese exilio interior, del que alguna vez habló Martin Luther King, al referirse al marginamiento y discriminación de que eran víctimas los negros en su propio país.

El 21 de septiembre de 2013, Berta se declaró una perseguida política. Ante los medios de comunicación expresó que su único delito era gritar consignas por la defensa de la comunidad de Río Blanco, «por eso me acusan de incitadora. Estas acusaciones están basadas en el puro racismo, es por ello que también me declaro una perseguida política».

Su denuncia era fundamentada. Las amenazas eran cada vez más frecuentes e invadían hasta los pequeños resquicios de su cotidianidad. «No puedo hacer mi vida como antes cuando estaba en la oficina; participar en todo el proceso públicamente, salir del país para hablar y denunciar la situación de la que es objeto el COPINH en foros internacionales. Se me ha impedido ir a nadar a Río Blanco, que es algo para mí muy importante porque en el pueblo lenca su cosmovisión es compartir las ceremonias y agradecer al río y a la tierra por todo lo que da».

Las denuncias de Berta eran fundamentadas. Las amenazas eran cada vez más frecuentes e invadían hasta los pequeños resquicios de su cotidianidad. «No puedo hacer mi vida como antes cuando estaba en la oficina; participar en todo el proceso públicamente, salir del país para hablar y denunciar la situación de la que es objeto el COPINH en foros internacionales. Se me ha impedido ir a nadar a Río Blanco, que es algo para mí muy importante porque en el pueblo lenca su cosmovisión es compartir las ceremonias y agradecer al río y a la tierra por todo lo que da», dijo. En la fotografía, un poblador de La Tejera visita el río que defienden junto a los demás ciudadanos de esa aldea. Fotografía de Dany Barrientos.
Las denuncias de Berta eran fundamentadas. Las amenazas eran cada vez más frecuentes e invadían hasta los pequeños resquicios de su cotidianidad. «No puedo hacer mi vida como antes cuando estaba en la oficina; participar en todo el proceso públicamente, salir del país para hablar y denunciar la situación de la que es objeto el COPINH en foros internacionales. Se me ha impedido ir a nadar a Río Blanco, que es algo para mí muy importante porque en el pueblo lenca su cosmovisión es compartir las ceremonias y agradecer al río y a la tierra por todo lo que da», dijo. En la fotografía, un poblador de La Tejera visita el río que defienden junto a los demás ciudadanos de esa aldea. Fotografía de Dany Barrientos.

Berta declaraba que al pueblo lenca de la comunidad de Río Blanco le criminalizaban su derecho a la identidad originaria. «Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los indígenas no son una petición de caridad. Estamos pidiendo justicia, por nuestros derechos, y por lo tanto están obligados a garantizarlos, a respetarlos y a cumplirlos».

«La represión actual se da en el marco de una lucha territorial del pueblo lenca, organizada por COPINH en el sector de Río Blanco, una lucha por la defensa del sagrado río Gualcarque, de la territorialidad y de la autonomía de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo», dijo el 7 de junio de 2013.

¿Cuál era el sustento de su reclamo y que tanto motivaba el odio de sus adversarios? Reconocer que cada indígena lenca comparte con las demás personas la dignidad humana y que, por eso, todas gozan de la igualdad de derechos ante la ley.

Para Berta ninguna diferencia física o cultural podía justificar una limitación de esa igualdad y menos el despojo de la identidad y los recursos naturales de un pueblo. Por esa convicción un grupo poderoso e influyente de empresarios y políticos la sentenció a muerte.

En opinión de la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, el caso de Río Blanco evidencia que «estamos ante toda una estrategia donde se vinculan todas las leyes, se aprueban leyes restrictivas de derechos y se violan los tratados internacionales. La tragedia que se vive en Río Blanco se está dando en todo el país, es una demostración de poder».

CONOZCA MÁS SOBRE SAN FRANCISCO DE OJUERA Y LOS CONFLICTOS QUE TRAJO EL PROYECTO AGUA ZARCA.

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Ese poder al que enfrentó es diverso. No sólo es corporativo, sino patriarcal. En otras palabras, si encabezar la resistencia contra la explotación sin misericordia de pueblos y ríos lo consideraban un desafío, que esa resistencia la encarnara y encabezara una mujer era un agravante imperdonable.

Para Berta, ser mujer significaba un grado mayor de vulnerabilidad, como prueba los mensajes de hostigamiento sexual que recibía. En la lucha por la defensa del río Gualcarque, consideró que la violencia contra ella «aumenta porque es una mujer la que está conduciendo el proceso contra las empresas nacionales y trasnacionales, porque es una mujer la que logra sacar a la trasnacional Synohidro, la más grande del mundo en construcción de represas. Es algo mayúsculo, hecho con las comunidades y en una organización dirigida por mujeres, sobre todo. He recibido, claro, muchos mensajes con contenido de hostigamiento sexual por parte del jefe de seguridad de DESA».

Trece días antes de la fatídica madrugada, Berta denunció lo siguiente: «en la caminata pacífica que el COPINH está desarrollando en este momento, empleados de DESA y la Alcaldía de San Francisco de Ojuera y del Partido Nacional están deteniendo y hostigando a más de cien compañeros que son parte de esta caminata, esto en San Francisco de Ojuera, apoyados por ejército, guardias, sicarios, policía”.

Dijo algo más, «denunciamos al ingeniero Sergio Rodríguez Orellana de DESA, así como al Alcalde Raúl Pineda y a las hordas nacionalistas por amenazar la integridad física y emocional de nuestros compañeros. ¡Llamamos a la solidaridad urgente! En este momento se desplazan más compañeros de Río Blanco hacia este punto y juntos, más de 200 caminaremos hacia el plantel que ha impuesto DESA en el proyecto de «Agua Zarca» y la Alcaldía de San Francisco de Ojuera».

Horas después la sentencia extrajudicial, cuyos detalles íntimos trascenderán algún día, activó la orden del atentado.

«Acá dormía Berta», recuerda María Santos, una dirigente del COPINH y lideresa de La Tejera, una de las aldeas que conforman la comunidad de Río Blanco. El piso de tierra de la habitación parece una extensión de sus paredes de adobe. Más que un cuarto es un refugio. Apenas cabe una cama y una mesita de noche improvisada con unas tablas carcomidas. Allí descansaba Berta Cáceres cuando les visitaba, expuesta físicamente ante una eventual ejecución extrajudicial, pero amparada bajo la hospitalidad de la comunidad, esa misma que les lleva a compartir sus escasos alimentos a quienes se acercan a escuchar sus testimonios. Fotografía de Dany Barrientos
«Acá dormía Berta», recuerda María Santos, una dirigente del COPINH y lideresa de La Tejera, una de las aldeas que conforman la comunidad de Río Blanco. El piso de tierra de la habitación parece una extensión de sus paredes de adobe. Más que un cuarto es un refugio. Apenas cabe una cama y una mesita de noche improvisada con unas tablas carcomidas. Allí descansaba Berta Cáceres cuando les visitaba, expuesta físicamente ante una eventual ejecución extrajudicial, pero amparada bajo la hospitalidad de la comunidad, esa misma que les lleva a compartir sus escasos alimentos a quienes se acercan a escuchar sus testimonios. Fotografía de Dany Barrientos.

De acuerdo al testimonio del único testigo del asesinato, el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, cuando los sicarios entraron a la casa, Berta gritó: «¿quién anda ahí?». La respuesta fue el retumbo de los disparos, sin embargo, el trasfondo es claro. No solo los sicarios «andaban ahí», detrás se escondía el entramado de un sistema económico, militar, político y judicial, que coloca al Estado a merced de los grandes capitales, en contra del medioambiente y los derechos humanos de quienes se oponen al modelo explotador y extractivista, el mismo que divide a las comunidades y une a las élites en un contexto de impunidad.

Con el asesinato de Berta, el poder ha tocado el techo de la impunidad. Esa joven, que alternaba su carácter tímido con su beligerancia social, ganó en Alemania el Premio Shalom 2012, otorgado cada año a quienes arriesgan sus vidas por la justicia y la paz en el mundo, y en 2015 recibió el Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica, por su contribución en la lucha contra de la construcción de una gran represa hidroeléctrica en territorio indígena.

Consumado el crimen, aún era difícil de creer, tanto que en The New York Times, se preguntaron: «si ella con ese perfil tan alto fue asesinada, qué pasa con quienes no tienen su perfil, ¿cuál es su seguridad?».

En la siguiente entrega, el abandono histórico del pueblo lenca, la explotación a la que por siglos ha sido sometida y su identidad de lucha forman parte de la esencia de la lucha de Berta Cáceres.

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“La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de las organizaciones que conforman la campaña Defensoras de la Madre Tierra, y en ningún caso debe considerarse que re eja los puntos de vista de la Unión Europea”

Investigación y redacción: Ariel Torres Funes Fotografías: Dany Barrientos
Diseño y diagramación: Bricelda Contreras Torres

Esta publicación puede ser utilizada libremente para la incidencia política y campañas así como el ámbito de la educación y de la investigación siempre y cuando se indique la fuente de forma completa.

Noviembre, 2016.

Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad única del columnista. El pulso comparte esta opinión para enriquecer el debate nacional sobre temas de importancia para la patria.