El estado de Honduras, a través de la firma de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidhh, reconoció el día de ayer, en la ciudad de Tocoa, Colón, su responsabilidad en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras, ocurrido hace 18 años en aquella ciudad del norte del país.
La CIDH dictaminó hace doce años, el 24 de febrero de 2005, que el Estado de Honduras había violado la Convención Americana al no realizar una investigación exhaustiva y efectiva a fin de castigar a los responsables del homicidio del señor Escaleras, y al no tomar medidas efectivas para la prevención de delitos contra defensores ecologistas considerando el contexto nacional de derechos humanos.
El 18 de octubre de 1997, aproximadamente a las 18:30 horas, el señor Carlos Escaleras Mejía, al regresar a su establecimiento comercial de una actividad política de su partido Unificación Democrática (UD), fue sorprendido por dos sujetos que salieron de entre las sombras y le dispararon dos tiros en la espalda. Escaleras fue llevado a la Clínica CEMECO donde no pudo ser atendido. De ahí fue llevado a un hospital de la Ceiba donde fue intervenido quirúrgicamente pero no resistió la operación y falleció en el transcurso de la madrugada.
El señor Escaleras era uno de los más reconocidos líderes populares del Valle del Aguán, habiéndose desempeñado como dirigente en diversas organizaciones, tales como el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el Frente común de Patronatos y la Coordinadora de Organizaciones Populares (COPA). En esta última organización, en la que su trabajo tuvo más impacto, se vinculó a los movimientos de organización comunitaria y ambientalista, que gozaban de mucha credibilidad por su fuerte denuncia en defensa de los derechos humanos.
Una de las facetas importantes de su lucha fue denunciar y oponerse a las actividades de empresas que causaban daño al medio ambiente y al ecosistema del valle al derramar sustancias tóxicas en los ríos. Esto trajo como consecuencia presiones y amenazas contra su vida que culminaron con su asesinato.
El expediente judicial, investigación de la DGIC folio 161 apartado 3 indica que en una ocasión el fallecido empresario Miguel Facussé mandó a advertirle (a Carlos Escaleras), con su propio hermano René Escaleras, que por favor “aconsejara a su hermano para que no siguiera siendo un obstáculo a sus negocios”.
La investigación de los hechos que determinaron la muerte de Carlos Escaleras Mejía no fue conducente, exhaustiva, imparcial o efectiva pues estuvo marcada por el desinterés de la policía y del Ministerio Público en encontrar los verdaderos autores materiales del delito. Es de Destacar que la deficiente investigación configura la violación, por parte del Estado de Honduras, de su obligación de asegurar y proteger el derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana.
Entre las irregularidades cometidas en la investigación del asesinato de Carlos Escaleras, destaca que no fue sino hasta el 13 de noviembre de 1997, es decir un mes después del asesinato del señor Escaleras Mejía, que se realizó la inspección personal del juez al lugar de los hechos; no existió autopsia ni se tomaron pruebas fotográficas del cadáver, elementos necesarios para llevar a cabo la investigación efectiva de una muerte; no fue hasta el 27 de marzo de 1999, es decir 17 meses después de los hechos, que el Fiscal solicitó al médico forense de la ciudad de la Ceiba información sobre el reconocimiento del cadáver “todo ello en vista de no contar con el dictamen correspondiente agregado al proceso”; el Fiscal solicitó infructuosamente en dos ocasiones que se requiriera un arma que había sido incautada la noche del crimen a los cuatro sospechosos y que, por ser propiedad del Ejército, había sido devuelta sin habérsele realizado examen balístico alguno.
La acusación criminal presentada por el hermano de la víctima el 13 de noviembre de 2000 solicitaba la inspección de la empresa que presuntamente había emitido un cheque que involucraba a los autores intelectuales, así como un requerimiento al banco involucrado para comprobar el pago o no pago del mismo pero no fue sino diez meses después de aportada esta prueba que se llevó a cabo la inspección a la empresa para comprobar la emisión del cheque en cuestión.
El 26 de febrero de 2001 se dio por terminada la etapa sumarial del proceso contra los acusados y se ordenó que se elevase la causa a juicio, tramitándose por cuerda separada las causas de los autores materiales e intelectuales.
Con relación a los acusados de la autoría material del crimen, se dictó una sentencia condenatoria contra Lucas García Alfaro el 16 de octubre de 2005 por el asesinato del señor Carlos Escalera Mejía. El señor García Alfaro fue sentenciado a cumplir una pena de diecisiete años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional.
El 20 de agosto de 2001 el juez a cargo dictó el sobreseimiento definitivo contra lo que se venía señalando como autores intelectuales del asesinato, el señor Miguel Facussé Barjúm y el señor Irene Castro, el sobreseimiento definitivo se dictó sin haberlos oído previamente y sin haber realizado con respecto a ellos acto judicial alguno.
Esta resolución judicial fue apelada el 27 de agosto de 2001 y mediante sentencia del 14 de noviembre de 2001 la Corte de Apelaciones declaró la nulidad del sobreseimiento definitivo porque no se habían tomado los testimonios de los presuntos autores intelectuales. Los dos acusados de la autoría intelectual interpusieron recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual, con fecha 8 de agosto de 2003, declaró sin lugar el recurso porque no se habían tomado los testimonios de los presuntos autores intelectuales y devolvió el expediente al Juez de Letras Seccional de Tocoa. La sala tardó casi dos años para resolver el mencionado recurso (noviembre de 2001 a agosto de 2003).
El 14 de octubre de 2003, el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa admitió un escrito de solicitud de presentación voluntaria de los presuntos actores intelectuales señores Miguel Facussé Barjúm e Irene Castro; dictó el sobreseimiento definitivo a favor de estos disponiendo que la decisión surtiera “efecto de cosa juzgada” y extendió carta de libertad provisional a favor de ambos.
El Juzgado Seccional de Tocoa realizó todas estas diligencias el mismo día 14 de octubre de 2003 para favorecer el sobreseimiento inmediato de los señores Facussé y Castro, mientras que otras diligencias para esclarecer el asesinato del señor Escalera tardaron meses y años para realizarse. El 23 de octubre de 2003 los abogados de los señores Facussé y Castro solicitaron que se extendiera carta de libertad definitiva a favor de sus representados, solicitud que fue admitida y resuelta en la misma fecha, recibiendo los imputados sus respectivas cartas de libertad definitiva.
El proceso penal continuó abierto contra los otros autores intelectuales de la muerte del señor Escaleras Mejía, los señores Juan Ramón Salgado, José Salomón Martínez y Oscar Félix Sosa Vargas.
Carlos Escalera Mejía nació el 18 de agosto de 1958 en la ciudad de Tocoa, en el departamento de colón. El 25 de julio de 1979 contrajo matrimonio con Martha Mercedes Alvarenga con quien procreó seis hijos.
Cuando fue estudiante de secundaria perteneció al Frente Estudiantil Revolucionario (F.E.R) y al Movimiento Estudiantil Progresista (M.E.P). Se incorporó al primer Comité Local de Defensa de los Derechos Humanos que el CODEH organizó en Tocoa, Colón.
En 1980 se incorporó como obrero en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), militando en el sindicato del cual llegó a ser presidente y miembro de la junta directiva a nivel nacional; fue despedido en la década de los 90´ como consecuencia de la acción del gobierno orientada a crear paralelas a los sindicatos y gremios beligerantes en la década. Instaló una empresa de limpieza de vehículos y una barbería con el que sostenía a su familia.
Mas tarde se integró a la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y a principios de 1997 se integró al Partido Unificación Democrática (UD) participando como candidato a la alcaldía municipal de ese Municipio.
Tres sicarios acabaron con su vida. Las diligencias procesales vinculan como responsables a Oscar Sosa, quien supuestamente contrató a Orlando Martínez y éste a Lucas García Alfaro. Martínez, confesó al profesor Narciso Orozco Campos que Sosa le ofreció 100 mil lempiras para cometer este crimen. Durante las diligencias procesales el maestro Orosco Campos también perdió la vida en un acto similar.
Por segundo año consecutivo se otorga el premio Carlos Escaleras para aquellas personas y organizaciones que luchan en la defensa de los recursos naturales.
Consuelo Soto, indígena tolupán, perteneciente a la tribu San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue la ganadora del premio nacional Carlos Escaleras en su segunda edición.
El anterior premio fue otorgado a la líder garífuna Miriam Miranda.
Organizaciones de los pueblos indígenas y garífunas de Honduras continúan luchando en contra de las grandes empresas que pretenden explotar los territorios a costa de todos en Honduras.
Que el Estado de Honduras reconozca responsabilidad y pida perdón por su pobre diligencia en la investigación del asesinato de Carlos Escaleras, proceso judicial que sobreseyó al que se consideraba como principal intelectual del crimen (y mayor beneficiado por el asesinato) Miguel Facussé, es un primer paso que solo tendrá valor si se acompaña con la protección de los indígenas que continúan muriendo en los territorios y la aplicación de la justicia a los magnates que se amparan en la impunidad que ese mismo Estado les otorga.
