/SOFÍA AGUILAR, ASOCIACION DE EMPRESAS MINERAS: HAY MÁS COSAS POSITIVAS QUE NEGATIVAS EN LA MINERÍA

SOFÍA AGUILAR, ASOCIACION DE EMPRESAS MINERAS: HAY MÁS COSAS POSITIVAS QUE NEGATIVAS EN LA MINERÍA

Como asociación tenemos tres empresas con problemas, está El Mochito, está Minosa Minerales de Occidente y esta Grupo Electrum, que es un grupo nuevo que entró al país a invertir hace cuatro años y que no ha podido iniciar su etapa de exploración.

Siempre hemos tenido conflictos con las comunidades, somos un matrimonio, yo siempre lo he dicho, hemos tenido diferencias pero que se solventan. Esta vez comenzamos a ver un tipo de actitud o de movimiento distinto,  he hecho una investigación más a profundo y he encontramos un montón de organismos que están involucrados en estos movimientos, en estas tomas ilegales, en destrucción de la propiedad privada, afectación física en algunos empleados y eso es lo que nos ha traído el día de hoy una gran preocupación.

Nuestras comunidades, en Minerales de Occidente en particular, decidieron hacer una movilización muy grande porque ellos están a favor de la empresa, la empresa es la que ha estado con ellos durante años, con una concesión desde 1982; el Mochito es emblemática, de 1950 y Electrum tiene cuatro años, pero es una concesión de exploración, no viene a explotar, viene a explorar si el proyecto es factible o no.

Nuestras comunidades al verse afectadas, porque era un grupo reducido, son siete personas, ¿qué empezaron a decir?, que se estaban tomando por el cementerio, y el lugar que tenemos tomado no es el cementerio, o sea, no tiene nada que ver el cementerio, pero le han hecho creer al público en general que es el cementerio, es más, nosotros pedimos una inspección del Ministerio Publico para corroborar, que corroboraran en el área que no se trataba del cementerio, pero que han utilizado este tema para volverlo polémico y para hacerlo grande y para que suene a nivel internacional y lógicamente así captar fondos.

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Empezamos a reunirnos, los hidroeléctricos nos contactaron y nos dijeron que estaban en la misma situación que nosotros, y con los mismos organismos, empezamos a ver que era un movimiento con una agenda bien organizada en contra de las minas y las hidroeléctricas y comenzamos a ver la actitud del Ministerio Publico, que es una inoperancia completa, es una situación en la que podemos poner mil denuncias y podemos llevarlas a inspeccionar, podemos llevarles pruebas de que han agredido a los mismos empleados, es más, las comunidades hicieron dos movimientos para que la fiscal actuara porque son siete personas aisladas de la comunidad y de los intereses de las mayorías, y no han querido. Al día de hoy le estoy diciendo, Minerales de Occidente tiene cuatro meses en este problema, Mochito tiene como cuatro meses también y Electrón tiene cuatro años en este problema.

Azacualpa es un cementerio que involucra a cuatro comunidades, no solo Azacualpa, comienza cuatro años antes en el 2012, geológicamente nosotros ya sabíamos que ese cementerio iba a ceder porque allí pasa una falla geológica, se pidió en inspección a Copeco, Copeco mandó a la empresa a mover ese cementerio para no incurrir en una responsabilidad civil administrativo, nosotros suscribimos una serie de convenios para indemnizar a cada familia pues obviamente somos una empresa responsable, Minosa es una empresa responsable y para mitigar el impacto se llegó a un acuerdo el 11 de Agosto de 2016 y está firmado por la comunidad. En este acuerdo participó el comisionado de Derechos Humanos, fue a la primera persona que llamamos para que se garantizara de que no íbamos a violentar los derechos de las personas, ahora en este acuerdo que se quedó claro que la empresa iba a indemnizar a cada familia, que  iba a hacer su trámite administrativo ante el ministerio de Salud y así se hizo, cada familia se mueve, hace su trámite, saca su autorización y con su autorización la mina puede indemnizar o sea, aquí el trabajo de la mina ha sido solo indemnizar, prestar logística, pero en realidad quien hace el movimiento, quien lo gestiona legalmente es el Ministerio de Salud.

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Le estoy hablando que estaba el Ministro del Ambiente, la designada presidencial Roxana Guevara, el ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, estaba la comunidad, estaba el patronato, estaba el comité de ambiente de la comunidad, todos firmaron el convenio y todos firmaron el proceso que se iba a llevar, está avalado por todos, entonces se pidió una opinión al Ministerio Publico, porque ellos no podían intervenir y fueron claros, esta no es una situación en donde se involucra un hecho delictivo criminal que tengamos que investigar, es un hecho voluntario de cada persona por consiguiente lo único que hay que seguir son las medidas de sanidad, de salubridad y quien se involucra directamente es el Ministerio de Salud, ellos son los que autorizan cada traslado de restos legalmente hablando, Copeco lo que hace es dictaminar que tenemos la obligación de trasladar todos los restos se llega a este acuerdo.

Las medidas de mitigación son monitoreadas cada dos meses por MiAmbiente, usted puede ir y puede inspeccionar. Yo a los fiscales los mandé y ellos iban hasta asombrados de las medidas de mitigación y de reforestación que hace la empresa. La empresa tiene medidas de mitigación, podemos tener un impacto acá pero tenemos que reforestar y mitigar el impacto diez veces más, veinte veces más, aquí ¿qué es lo que hace MiAmbiente? ellos ponen medidas de mitigación en sus licencias.

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La minería a cielo abierto es permitida en Honduras, en segundo lugar esta es una empresa industrializada, tenemos la tecnología suficiente para mitigar los impactos, en tercer lugar Mi Ambiente, que ya nos dice como mitigar los impactos y ellos son los que supervisan la mitigación, nosotros tenemos documentos que acreditan que nosotros mitigamos los impactos y si se nos queda alguna medida sin mitigar ellos nos hacen la reforma de la medida de mitigación y nosotros tenemos que readecuar nuestras medidas, o sea, nosotros trabajamos de manera sistemática y tenemos el respaldo de las instituciones del estado.

A veces es triste escuchar que digan “que barbaridad como contaminan” pero sería bueno preguntarles a las instituciones del estado que son las garantes de nuestro procedimiento, de nuestra operación, cómo mitigamos. Hace más bulla lo negativo que lo positivo, la mina es un área rica, verde, con naturaleza y es triste a veces solo escuchar comentarios negativos que no tienen fundamento.

Minerales de Occidente es de capital Canadiense, el país está perdiendo cien millones de dólares anuales, nuestros empleos directos son de 303, pero con otra empresa porque tenemos muchas contratistas son más de mil indirectos, son unos dos mil empleos básicamente. Minerales de Occidente es quien mueve la economía en Copán.

Grupo Electrum es una inversión estadounidense de  mil millones de dólares, está en una etapa de exploración, ni siquiera está en una etapa de explotación para decir que contamina. Por ahí venimos nosotros con la mala información, eso es lo que a veces pesa porque no dejan que la empresa ni siquiera entre, esta empresa tiene todos los permisos para entrar a explorar y ni siquiera les han permitido eso.

La otra empresa es el Mochito. Después de tantos años ha aparecido un grupo étnico diciendo que esas son tierras ancestrales, lo mismo que pasó en Minosa, se hizo un estudio, vaya, nosotros hemos hecho estudios étnicos para respaldarnos y no existen etnias allí, los Chortis están en Copan Ruinas, nosotros estamos a tres horas de Copan Ruinas y en el caso del Mochito es la misma situación.

Mochito es de 1956 si no me equivoco y que vengan a aparecer grupos étnicos y tierras ancestrales a estas alturas es preocupante. Ahora, detrás de todo esto no son las personas que andan ahí las culpables, son un montón de organismos que lo que han venido es a desinformar, a decir no, que por la ley de consulta previa. La ley de consulta previa es una ley que protege a los grupos étnicos, a los grupos protegidos, nosotros no tenemos grupos étnicos en esas zonas, yo siempre se los he dicho, para eso se hacen levantamientos en el instituto de Antropología, para ver si hay grupos étnicos.

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En el caso de Minerales de Occidente, somos una empresa que se otorgó en 1982 por el estado de Honduras, hablan del convenio de la OIT de consulta, creo que este convenio es de 1986, si no me equivoco las leyes y los acuerdos no son retroactivos, eso tiene que quedar claro porque le empiezan a meter cosas en la cabeza a la gente.

Gracias a Dios en el caso de Mineras de Occidente nosotros contamos con el 95% de la aprobación de las comunidades, es más, vienen los líderes comunitarios a platicar con nosotros, hemos hecho un buen equipo, ellos siempre nos dicen  que los organismos llegan a la zona y les dicen que es el gobierno quien nos tiene que dar la educación, que es el gobierno que tiene que dar la salud, que es el gobierno que tiene que dar el trabajo, pero es que es el gobierno el que da estas concesiones y es el gobierno que nos exige a que nosotros tengamos una responsabilidad social comunitaria, entonces que no sea el gobierno directamente el que está dando estos beneficios, pero si lo está dando indirectamente porque ellos son los que nos regulan, ellos son los que miran que cumplimos de manera social  con nuestras comunidades, entonces decir eso es un poco irresponsable.

Como dijo el alcalde de la zona “el día que venga una organización aquí y me diga que me trae un mejor paquete para mi gente en materia de educación, salud, en materia de vivienda, en materia de trabajo, entonces ese día yo les voy a abrir las puertas de lo contrario no puedo.”

Estamos en Santa Bárbara que es el Mochito, estamos en Copan que es Minosa, Minerales de Occidente, esta Electrum en Choluteca y últimamente esta una operación minera nueva que nos ha contactado, pero no es parte de la asociación, es Pinares en Tocoa. Pinares para mi es una de las situaciones más tristes, es una empresa que se otorgó en una concesión, que se otorgó hace más de cinco años y está teniendo problemas de actos delictivos y el punto aquí que hay que subrayar es la inoperancia o la inactividad en la acción del Ministerio Publico, porque independientemente de que seamos empresas mineras, no es justo que venga una fiscal a decirme “si pero ustedes contaminan, ustedes aquí, ustedes allá”, cuando el respaldo la tienen las mismas instituciones del Estado, cuando somos empresas que cotizamos en las bolsas de valores de Toronto, en la bolsa de valores de Nueva York y que tenemos que seguir estándares altos en materia de seguridad de ambiente, en materia social, porque si no nuestras acciones bajan.

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Así funciona, una compañía minera a gran escala no podemos jugar con la información, no podemos esconder lo que se hace mal o lo que se hace bien, todo es transparente somos empresas públicas. En el caso de Tocoa, han incendiado, han secuestrado ejecutivos, en el caso de Minosa, han golpeado maquinaria, han golpeado a empleados, casi matan a una persona de la comunidad que estaba a favor del proyecto y la policía estaba ahí y dijeron que no podía hacer nada porque no tenía un requerimiento fiscal. Nosotros estamos esperando este requerimiento fiscal desde hace cuatro meses. 

Electrum está esperando que la fiscalía actué desde hace cuatro años. Mochito los mismo. Entonces hay cosas que de verdad hay que resaltarlas, no es posible que en delitos que están en fragancia, que están cometiendo en el acto, usted vaya a esperar a que le presenten un requerimiento fiscal. Es propiedad privada, son empleados, son vidas humanas.

A mí, que utilicen una bandera de derechos humanos, no pueden usted utilizar una bandera de derechos humanos violentando a miles y queriendo garantizar solo a veinte, a diez, porque esas son las personas que se oponen y usted no puede tocar a nadie, porque le caen los derechos humanos encima. Nosotros vemos como bajan, como golpean nuestra maquinaria, a los empleados y solo los retiramos, no podemos hacer nada, entonces, eso es como que se metan en su casa, se metan a robar y usted está adentro, los encuentra, los amarra y le dice a la policía “no puedo hacer nada, tengo que esperar un requerimiento fiscal.”

Hay que diferenciar algo, el Ministerio Publico es parte del poder Judicial, el gobierno ha hecho lo que ha podido, es más, ha citado al Fiscal General por estos casos. La última reunión yo me di cuenta que ni siquiera se hizo presente el Fiscal General, yo he estado de la mano por ejemplo con el Ministro Leonel Ayala de Gobernación y Justicia, en una mesa de diálogo.

Esa mesa de diálogo funciona. Están todos los organismos del Estado, la comunidad, la alcaldía, la empresa y ahí dirigimos conflictos. Estas siete personas se salen de aquí porque no les parece los convenios que no solo les puede favorecer a ellos en el trabajo dinero, que me le de trabajo a un hijo, entonces la comunidad dice “no, si usted le da trabajo a un hijo de él entonces le da a un hijo mío.”

La mesa sirve para que haya justicia social y eso no les ha parecido. ¿Qué pasa?, que hay un listado y hay uno que dice “no me da el beneficio a mi dele el beneficio aquel” lo más triste es que un mayor porcentaje de gente que se está tomando el tajo, que no es el cementerio, vuelvo y repito, o sea el cementerio está lejos de ahí, ya recibió el beneficio, ya se trasladó el resto ¿entonces cuál es la lucha? Porque si tenemos que trasladar el cementerio de regreso, y tienen que devolver el dinero.

Mire, hay convenios con cuatro comunidades, si fuera así yo no tuviera los líderes a favor de la empresa, son los primeros en oponerse porque cada convenio significa una serie de beneficios para cada comunidad y se permitió el traslado de restos porque es una necesidad publica, mas no se permitió la explotación, la explotación como toda licencia ambiental se tiene que socializar una vez que se traslade todos los restos, se debe socializar con la comunidad y MiAmbiente tiene que dar una licencia, nosotros no vamos a explotar una zona que no tenga licencia ambiental.

Y de manera sorpresiva, ese mismo día los invitamos a que fueran al cementerio y que entrevistaran a las comunidades si era verdad o no que nosotros estábamos explotando el cementerio y ellos corroboraron que no era verdad, una explotación se nota o sea a cielo abierto, metemos tractor, sacamos tierra y queda expuesto y el cementerio. 

Nosotros no excavamos hacia los ríos, lo que hacemos es que se hace un acarreo hacia las bandas, las bandas siguen un procedimiento, pasa a pilas, se lava el material, luego sale el producto para refinería, porque nosotros ponemos un montón de medidas para que eso no suceda, pero en realidad el producto que se acarrea entra a las pilas, en las pilas se les hace un tratamiento con reactivos.

Parte de la ignorancia de como operamos, cuando usted tiene una empresa minera, una empresa hidroeléctrica, el Estado de derecho es la que le dice que institución del Estado es la que va a avalar o garantizar que usted está haciendo las cosas bien y es MiAmbiente. MiAmbiente es una institución súper responsable es de los que están antes durante y después de cualquier descarga o de cualquier problema que pueda haber en una empresa, las medidas de mitigación se monitorean  bimestralmente, nosotros no podemos venir y tirar agua al rio y que no esté MiAmbiente y provocar un desastre ambiental, no se puede y no podemos descargar una tan sola pila si no es con la vela de MiAmbiente y no solo eso, esos monitoreos que hacen pasan a Canadá en una cadena de custodia y de Canadá vienen de regreso, si hay algo que ellos no hayan identificado en el momento, ahí se va a ver reflejado pero no ha sido el caso de Minerales de Occidente.

El grupo Electrum tiene mil millones de inversión para el país, que no ha podido entrar al cien por ciento por esta oposición de organismos. Mire, aquí lo triste es que el Estado de Honduras brinda todos los permisos las empresas, cumplen con los requerimientos para invertir en el país, ya cuando están en la zona le dicen a usted socialice, hay que hacer una socialización, aunque tenga 37 años cada proyecto lo socializamos con la comunidad, hay videos donde se socializa y hay actas donde acredita eso, pero a la hora de socializar no se encuentran con comunidades, se encuentran con grupos armados, grupos opuestos radicales, grupos violentos.

En el caso de Mimosa, vienen financiados por organismos internacionales, Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, que no solo está en Minosa también en Pajuiles, Tela, también está en otras zonas, son los que defienden el caso de Bertha Cáceres, está Asonog,  una institución que también recibe fondos internacionalmente y que es lo que hizo la comunidad, hizo un cabildo abierto, yo tengo los listados firmaron que no querían estos organismos a menos que hicieran una injerencia positiva y responsable, pero no como la estaban haciendo y se les levantó un acta en donde se les declaró no gratos, es más, el comisionado le mandó una nota muy pesada al alcalde diciéndole que se retractara.

Tres organismos son: Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, Asonog y Ciprodeh, lo que dice el acta es “mientras no sean organismos que busquen nuestro desarrollo,” que yo creo que es un derecho válido, es un derecho humano decidir quién puede entrar a provocar conflictos y quien no, porque hemos sido empresa que ha vivido con estas comunidades y jamás hemos tenido un conflicto así; hay listados detrás de esa nota, el comisionado tiene que tener mucho cuidado, detrás de esa nota hay listados firmados con identidad de las personas que son la mayoría pidiendo que se les declarara no gratas ¿por qué? porque ni siquiera visitan la zona, lo hacen allá, en un foro en Santa Rosa de Copan, ponen por el piso a la empresa, empiezan a decir que los líderes son vendidos, pero nunca se han sentado con los líderes que para mí esa sería una buena acción, que se sienten con los líderes y que se escuchen pero no, lo que están haciendo eso es irresponsable.

Oxfan es uno de ellos, inclusive las comunidades enviaron cartas a estos organismos, niños de las escuelas mandaron cartas manifestando su pesar por lo que está sucediendo e invitándolos a que vayan a la zona, yo creo que no hay mejor cosa que probar las cosas, en la zona, no tanto detrás de una computadora generando informes, queriendo dar a entender de que estamos haciendo un gran trabajo cuando en realidad lo que están haciendo es impactando negativamente a la comunidades, la minería siempre es vista de forma negativa, pero hay más cosas positivas que negativas.   

            

Óscar Estrada (Honduras, 1974). Es guionista, novelista y abogado. Productor de radio novelas y documentales sociales. En 2008 dirigió el largometraje «El Porvenir». Ha publicado los libros «Honduras, crónicas de un pueblo golpeado» (2013), la novela «Invisibles» (2012) y más recientemente su colección de cuentos «El Dios de Víctor y otras herejías» (2015). Fundador de la revista «Lastiri». Actualmente dirige la editorial con sede en Washington D.C. Casasola LLC.