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PELEA POR CEMENTERIO, SUSPENDE EXPLOTACIÓN DE MINA EN AZACUALPA

«Los muertos no son animales, los muertos no se venden por ningún pisto porque eran seres humanos igual que nosotros», afirma José Ángel López, un campesino de 60 años residente en Azaculpa, uno de los siete vecinos que se oponen a la exhumación de los cuerpos de sus familiares por parte de la mina San Andres en Azacualpa, Copán, que pretende expandir la explotación hasta el cerro que hoy ocupa el antiguo cementerio.

Un juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula ordenó la semana pasada, suspender temporalmente la exhumación de docenas de restos humanos en un cementerio de más de 200 años ubicado en la comunidad de Azacualpa, Municipio de la Unión en Copán, al occidente de Honduras.

La resolución judicial obedece a un amparo interpuesto por el abogado Victor Fernandez, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MAD-J), en representación de media docena de habitantes de la aldea de Azacualpa, que se oponen de manera rotunda a las exhumaciones que desde hace años vienen ejecutando la mina de San Andrés, propiedad de Minerales de Occidente (MINOSA), filial hondureña de la empresa canadience Aura Minerals.

Desde 2016, MINOSA ha venido retirando más de 350 cadáveres del cementerio de la aldea, para hacer espacio la explotación de la mina de oro a cielo abierto San Andrés, otorgada bajo un concesión por el gobierno hondureño.

Víctor Fernández del MAD-J, el abogado de los demandantes en la aldea de Azacualpa, dijo en una entrevista a Reuters el viernes pasado, que un juez había pesado, por el momento, a favor de los aldeanos locales.

«Un juez ordenó a la oficina del alcalde suspender temporalmente la exhumación de los cadáveres… mientras él decide sobre una medida cautelar que presentamos en nombre de los aldeanos», dijo Fernández. «Según lo entendemos, las exhumaciones se han detenido».

José Ángel López y su esposa, se oponen a que el cementerio de Azacualpa sea trasladado por la mina de San Andrés.
José Ángel López y su esposa, se oponen a que el cementerio de Azacualpa sea trasladado por la mina  San Andrés.

Genaro Rodríguez, miembro del patronato de la comunidad, es quien está a cargo de la construcción del muro perimetral del nuevo cementerio que la minera ha asignado para trasladar los cuerpos exhumados. Según él afirma, existe un acuerdo firmado entre la minera y la comunidad que data de 2012, en donde la empresa se comprometió a hacer un proyecto habitacional.

«La empresa incumplió eso y hubo manifestaciones, protestas», afirma. Según Rodríguez, de ese conflicto surgió un addendum al anterior acuerdo en donde se consultó a la comunidad si estaban o no, de acuerdo con que se siguiera la construcción del proyecto habitacional o se pagara el valor de la vivienda.

Nadie, de las personas que consultamos para este artículo, afirma que la comunidad se opuso en algún momento al traslado del cementerio.

«El 95% de la población pidió se le diera el costo monetario», afirma Rodríguez, agregando que el acuerdo monetario se hizo por núcleo familiar y no por cuerpo exhumado.

Nuevo cementerio construido por la minera San Andrés, en Azacualpa, Copán.
Nuevo cementerio construido por la minera San Andrés, en Azacualpa, Copán.

«Una parte de la comunidad acordó hacer acciones porque exhumaron a una persona sin el consentimiento de todos los familiares, solo con uno o dos que dijeran que sí, sacaban el cuerpo sin que todos los familiares estuvieran de acuerdo», afirma.

Según Genaro, son solamente siete personas las que no aceptan ningún tipo de compensación por parte de la mina. El resto de la comunidad ya ha aceptado el pago hecho en tres partes.

«La mayoría, casi toda, ya agarró el dinero», confirma José Ángel López, uno de los demandantes. «Han jugado con la dignidad del pueblo, aquí por todos lados hay derrumbes y eso a ellos no les importa».

Vista desde el limite del viejo cementerio. La explotación minera está socavando el cerro.
Vista desde el limite del viejo cementerio. La explotación minera está socavando el cerro.

Manuel Pesquero, líder del comité ambiental de Azacualpa, afirma que la mina tiene más de 40 años de funcionar. Según indica, el costo ambiental ha sido grande para la comunidad, no solo en deforestación, sino también el polvo que aumenta las enfermedades respiratorias, el cianuro que se filtra a las fuentes de agua y aunque la mina ha cumplido en las obligaciones de reforestar, ahora están buscando volver a explotar en donde ya habían reforestado.

«La gente se enferma por el polvo», agrega López.

Vista aérea de Azacualpa, La Unión, compan. Abajo a la derecha, parte de la extracción de la mina de San Andrés, arriba a la izquierda, la aldea. Subrayado en rojo está el cementerio viejo.
Vista aérea de Azacualpa, La Unión, Copán. Abajo a la derecha, parte de la extracción de la mina de San Andrés, arriba a la izquierda, la aldea. Subrayado en rojo está el cementerio viejo.

La mina de San Andrés fue explorada inicialmente en las décadas de 1930 y 1940 por numerosas compañías, incluidas Gold Mines of America y la empresa Rosario Mining Company con sede en Nueva York y Honduras. En 1945, la propiedad fue adquirida por San Andrés Mining Company y luego comprado por New Idria Company. El circuito de cianuro fue instalado en 1948.

En 1949, San Andrés se convirtió en la primera operación en utilizar una pulpa de carbono para recuperar oro y plata por adsorción usando carbón granular, sin embargo, numerosos problemas y los altos costos de la minería subterránea hicieron que la operación se cerrara en 1954.

Otra vista aérea de la mina de San Andres, en Azacualpa, La Unión, Olancho.
Otra vista aérea de la mina de San Andres, en Azacualpa, La Unión, Olancho.

El área permaneció inactiva hasta que se reabrió en 1974, cuando se otorgó un permiso de exploración a Minerales, S.A. de C.V. (“MINSA”), una subsidiaria de Noranda Inc. MINSA en conjunto con la Rosario lograron un muestreo de suelo, mapeo y zanjeo con el propósito de identificar un depósito grande, diseminado, a cielo abierto de oro. Los cambios en la ley tributaria hondureña obligaron al MINSA a perder la concesión en 1976. Compañía Minerales de Copán, S.A. de C.V. (“Minerales de Copán”) adquirió la propiedad en enero 1983 siguiendo cambios en las leyes fiscales hondureñas.

En 1993, Fischer-Watt Gold Company Inc. (“Fischer-Watt”) adquirió una opción de Minerales de Copán para seguir explorando el propiedad. Fischer-Watt llevó a cabo programas adicionales de mapeo y muestreo con resultados alentadores.

En 1994, Greenstone Resources Ltd. (“Greenstone”) adquirió la opción de Fischer-Watt. La opción se ejerció en 1996 y Greenstone posteriormente adquirió más del 99% de Minerales de Copán. Los estudios de factibilidad comenzaron en 1996, y en 1997 Greenstone completó un estudio de factibilidad que evaluó la extracción del depósito.

La filial hondureña propiedad de Greenstone, recibió el permiso de extracción el 9 de diciembre de 1998 y comenzó a explotar a principios de 1999.

Proyecto habitacional acordado con la mina San Andrés en 2012.
Proyecto habitacional acordado con la mina San Andrés en 2012.

«El acuerdo monetario es por las casas, a cambio de remover el cementerio», indica Genaro Rodríguez. «El fin de toda la negociación ha sido siempre el cerro del cementerio, lógicamente si se va a trabajar en el cerro, tienen que mover el cementerio», agrega.

La resolución del juzgado de San Pedro Sula deja en suspenso la exhumación y traslado de cuerpos del cementerio antiguo al nuevo local, si bien son pocos los cuerpos que restan por exhumar.

Mientras tanto, el boquete abierto en la tierra por la minera está ya a pocos metros de distancia de un cementerio que tiene tantos cuerpos como familias lo defienden.

Son pocos los cuerpos que restan por exhumar en el viejo cementerio de Azacualpa. Según locales, el 95% de la comunidad ya aceptó la compensación económica otorgada por la empresa.
Son pocos los cuerpos que restan por exhumar en el viejo cementerio de Azacualpa. Según locales, el 95% de la comunidad ya aceptó la compensación económica otorgada por la empresa.

La empresa Minerales de Occidente aún no se manifiesta al respecto. Su representante legal, Nadia Sofía Aguilar Fortín deberá preparar la respuesta al amparo interpuesto por Víctor Fernandez. La mayoría de la comunidad, mientras tanto, afirma haber recibido ya parte de las indemnizaciones que van de entre 288,000 a 574,000 lempiras, según el tamaño de la residencia.

«Esto se debió parar antes que la empresa hiciera toda esta inversión, ahora está difícil pararlo porque si el gobierno manda a parar la explotación de la mina, tendría que pagar una gran indemnización a la minera», afirma Genaro Rodríguez, al tiempo que da instrucciones a sus trabajadores para reiniciar el trabajo en el muro perimetral del nuevo cementerio.

José Ángel López, machete en mano, regresó a su trabajo en la milpa. Una y otra vez aseguró que no aceptará ningún dinero por parte de la minera, así sea el único que se le oponga.

«Con ese dinero de la mina, la gente se hace más haragana», concluye.

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Óscar Estrada (Honduras, 1974). Es guionista, novelista y abogado. Productor de radio novelas y documentales sociales. En 2008 dirigió el largometraje «El Porvenir». Ha publicado los libros «Honduras, crónicas de un pueblo golpeado» (2013), la novela «Invisibles» (2012) y más recientemente su colección de cuentos «El Dios de Víctor y otras herejías» (2015). Fundador de la revista «Lastiri». Actualmente dirige la editorial con sede en Washington D.C. Casasola LLC.