TEGUCIGALPA, Honduras
Una normativa provisional regirá la justicia electoral para los comicios generales en Honduras, después de que no hubo un consenso en el Poder Legislativo para aprobar la Ley Procesal Electoral.
El Reglamento de Procedimiento de Recurso de Apelación en Materia Electoral será la herramienta que dispondrá el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para resolver las diferentes reclamaciones.
«Lo que hacemos mediante este reglamento es definir cómo debe funcionar el recurso de apelación y, al menos, establecer instrucciones muy claras de cómo debe establecerse todo lo que se presente después de las elecciones», explicó el magistrado Eduardo Enrique Reina.
Indicó a su vez que el manual tiene el respaldo legal del decreto 71-2019 (que le da atribuciones al TJE), el 187-2020 (que autoriza al TJE la emisión de normas supletorias) y la Constitución (que establece al TJE como la máxima autoridad en justicia electoral).
La abogada Gaudy Bustillo, también magistrada del TJE, comentó que el reglamento recoge la experiencia que obtuvieron en el desarrollo de los comicios primarios.
Aseguró que anexaron la pericia a los parámetros de la ley vigente, respetando el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos político-electorales de todos los ciudadanos que busquen de justicia electoral en esta instancia.
Precisó que el material será enviado a La Gaceta para su publicación y después procederán a socializarlo con los diferentes sectores políticos.
«Hubo mucho tiempo para aprobar la ley, lamentablemente no hubo el consenso necesario entre los diputados para enfrentar el gran desafío», opinó el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencias (Fonac), Omar Rivera.
Asimismo, valoró la decisión del pleno del TJE para superar cualquier adversidad y garantizar un marco reglamentario claro para la parte final del proceso electoral.
Por su parte, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, declaró que es imprescindible que todas las instituciones del sistema electoral estén fortalecidos para la justa electiva.
Además, pese a la existencia del nuevo marco legal provisional, resaltó la importancia de la Ley Procesal, indicando que esta evitará complicaciones futuras cuando lleguen conflictos entre diferentes partes.
El TJE ha recibido, según las cifras de las autoridades, al menos 73 denuncias electorales y se declaran listos para atender las peticiones que surjan tras el cierre de urnas el 28 de noviembre.
Aunque algunos actores señalan que no se aprobó la Ley Procesal Electoral debido a que no existe ambiente político, también se denunció falta de voluntad por parte del oficialismo.
El candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, aseveró que la diferencia con la bancada nacionalista concierne a la participación de la Corte Suprema de Justicia en el proceso.
Explicó que ellos pretendían permitir el recurso de amparo en instancia electoral, pero la normativa en mención contempla como último escalón el TJE.
