Agresores, sindicados por corrupción y perseguidos por la ley rehúyen a rendir cuentas en Política Limpia

TEGUCIGALPA, Honduras (Por: Jonathan Godoy) Más de 30 aspirantes a cargos de elección popular que resultaron favorecidos en las elecciones primarias en Honduras y no rindieron cuentas ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos y candidatos (UFTF) han tenido otros roces con la justicia. Un análisis efectuado por El Pulso identificó a 31 candidatos cuyo historial cuenta con más señalamientos, aparte de no compartir en tiempo y forma los informes financieros de...
BFlores27 octubre, 2021

TEGUCIGALPA, Honduras

(Por: Jonathan Godoy) Más de 30 aspirantes a cargos de elección popular que resultaron favorecidos en las elecciones primarias en Honduras y no rindieron cuentas ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos y candidatos (UFTF) han tenido otros roces con la justicia.

Un análisis efectuado por El Pulso identificó a 31 candidatos cuyo historial cuenta con más señalamientos, aparte de no compartir en tiempo y forma los informes financieros de su campaña.

Los datos recabados reflejan denuncias, investigaciones por la presunta comisión de delitos y otro tipo de irregularidades.

Hay personas que aún con procesos judiciales en curso -y otras que fueron declaradas culpables- buscan representar al pueblo hondureño en el próximo gobierno.

La mayoría -más de la mitad- de estos políticos con antecedentes son del Partido Nacional. El listado enumera 17 de ellos, lo que representa un 55 por ciento.

La segunda entidad que más aportó es Libertad y Refundación (Libre). Dado que son 11 sus candidatos involucrados, constituyen el 35 por ciento.

Mientras que el Partido Liberal agregó tres personas, lo que se traduce al 10 por ciento.

En el marco de los hallazgos de esta indagación, el analista político Julio Navarro lamentó que no se investigue el estado ciudadano que tiene cada aspirante. Apuntó que la ley es sumamente temerosa para hacer una descalificación.

«Hay una especie de amnistía para todo aquel político que delinque; si tiene influencia de poder, no lo toca nadie», aseveró.

Sobre el predominio de incidencias en el oficialismo, el experto indicó que trabajan con mucha impunidad, misma que deriva de una fijación del poder en un solo bando.

PARTIDO DE GOBIERNO. El candidato nacionalista a alcalde por Humuya, Comayagua, Abel Solórzano fue declarado culpable solo tres meses atrás por la comisión de un delito.

Un tribunal de sentencias anticorrupción -de forma unánime- le atribuyó la responsabilidad penal por un cargo de violación a los deberes de los funcionarios.

Los documentos judiciales describen que Solórzano aprobó -bajo el consenso del pleno de la comuna- la compra de un terreno para la construcción de una posta policial.

El predio pertenecía a su esposa y, según el fallo de los jueces, la corporación obvió procedimientos necesarios para la adquisición de bienes inmuebles.

Aunque el delito en mención no conlleva cárcel, el tribunal le condenó a tres años de inhabilitación para ocupar un empleo o cargo público, por lo que, en teoría, no podría competir en los comicios generales.

Utilizando el nombre del aspirante a diputado por el Partido Nacional, Rolando Enrique Barahona, se habría fraguado un desvío millonario de fondos, de acuerdo a una investigación del Ministerio Público.

Las pesquisas arrojan que el ciudadano Fabricio Tercero depositó -a través de un cheque a nombre de Barahona- casi cuatro millones de lempiras a una cuenta bancaria.

Supuestamente, los fondos se repartieron entre alcaldes de Comayagua por el Partido Nacional, justo días antes de que se celebraran las elecciones generales de 2013. La mayoría de ellos buscaban la reelección.

VÍNCULOS CON JEFE DEL PODER JUDICIAL. Roy Dagoberto Cruz Pérez fue señalado en los últimos años ya que fue declarado por el fenecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) como diputado al Congreso Nacional.

Se ganó el espacio en las urnas, sin embargo, el dictamen contradice lo establecido en la Constitución, ya que él es primero hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez.

Cruz se defiende argumentando que lo respaldan convenios internacionales donde se garantiza el derecho a elegir y ser electo.

El listado de cachurecos prosigue con Wendy Aracely Guerra Méndez, quien busca ser la alcaldesa de Santa Rosa de Copán.

En 2009, se ejecutó una orden de captura contra ella por la supuesta comisión del delito de estafa en perjuicio de la ciudadana Martha Lorena Interiano Lazo.

La denunciante relató que Guerra le vendió un paquete de viaje que no fue efectivo.

Sin embargo, ella y su abogado negaron el delito y atribuyeron el señalamiento a que Guerra era víctima de persecución y otras amenazas.

Alex Fernando García Casco quiere reelegirse como alcalde de San Antonio de Flores, pero no rindió su informe a la UPL y también se abrió una línea investigativa en su contra.

PERSEGUIDO POR LA FISCALÍA. La Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural lo acusó de daños agravados por su supuesta participación en la destrucción y demolición de un centro comunal que data de 1966.

Las autoridades aseguran que han constatado en los archivos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) que no existe autorización alguna para las obras en mención.

En el municipio de Lepaterique, a unos 45 kilómetros al oeste de la capital, la militancia nacionalista escogió como candidato a alcalde a Andrés Abelino Servellón Lagos.

Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) identificó que Servellón se desempeñó como empleado de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) al mismo tiempo que ejercía como regidor de la localidad.

DOBLE FUNCIÓN. Alternando su presencia en ambas entidades, no presentó las justificaciones por sus inasistencias, señala el informe. Por tanto, el perjuicio económico al Estado de Honduras es por más de 39 mil lempiras.

El funcionario se comprometió a reembolsar el dinero, desembolsando 10 mil lempiras inicialmente y haciendo un compromiso de pago para lo restante. Por ese arreglo no se emitió un pliego de responsabilidad civil.

Cristóbal Rubio Zabala ya fue antes alcalde de Curarén -puesto que quiere volver a ocupar- y realizó una gestión anómala de dinero, evidenció el TSC.

El Tribunal describió que el edil realizó desembolsos con las transferencias del gobierno de forma irregular y fraudulenta sin sujetarse a los acuerdos de la corporación municipal.

«Los pagos realizados carecen de sustento legal y evidencia fehaciente y concluyente que los justifique», señala el documento, que precisa además que el capital fue transferido justo en los últimos cinco días de su gestión.

ALCALDE NACIONALISTA CON CUATRO SUELDOS.  El TSC investigó igualmente al también nacionalista Jaime Orlando Andino Castillo, aspirante a alcalde de San Buenaventura, descubriendo que cobraba cuatro sueldos de diferentes instituciones del Estado.

Simultáneamente, el funcionario recibía dinero de la Secretaría de Salud, el Tribunal Supremo Electoral, la Cancillería y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Desde 2010 a 2014, Andino recibió un millón 132 mil lempiras por sus servicios, detalla uno de los documentos compartidos por el Tribunal.

DETENIDA POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON NARCOS. La alcaldesa de Brus Laguna, Teonela Paisano Wood, quien busca otro período de gobernanza, también ha tenido encuentros con los impartidores de justicia.

En 2019 se le detuvo en el aeródromo de Puerto Lempira, cuando se dirigía a La Ceiba con 279 mil lempiras.

Paisano Wood presentó respaldo del efectivo y quedó libre de acusaciones. Sin embargo, el año pasado volvió ser requerida por las autoridades.

Las fuerzas de seguridad la detuvieron porque se transportaba en un vehículo ligado al narcotráfico, pero ella justificó que nada más iba a «jalón».

Un par de hermanos de la alcaldesa están siendo procesados por su presunta participación en lavado de dinero.

CANDIDATO SEÑALADO POR CRIMEN. Francisco Martínez Domínguez pretende convencer al pueblo de San Isidro, Intibucá de que merece otros cuatro años como máxima autoridad de la alcaldía.

El tres de agosto de 2015, el jefe edilicio se vio involucrado en un sonado crimen que se registró en su propia vivienda.

A balazos falleció el joven Ángel Adalid Gómez, de solo 18 años, quien supuestamente era el novio de la hija de Martínez.

En el incidente, el alcalde quedó gravemente herido pero se recuperó en un hospital local. Su versión es que abrió la puerta de su casa, recibió un fuerte golpe en la cabeza y no supo más de lo que ocurrió aquella noche.

Aunque la Fiscalía intentó probar que Martínez mató al joven porque lo encontró con su hija, el proceso judicial -que duró más de un año- concluyó con un dictamen de inocencia contra el encausado.

Entre lágrimas, Martínez clamó que se hizo justicia. En la contraparte, la madre del fallecido, María Lorena Gómez, se limitó a expresar que de nada servía emitir una declaración.

El abogado que contrató la familia, Mario Amílcar Portillo, manifestó su disgusto con la resolución del juez, subrayando que había suficientes elementos para una sentencia condenatoria.

FISCALÍA TIENE EN LA MIRA A FUNCIONARIO. El regidor de Intibucá, el nacionalista Selvin Sadi Márquez Euceda, quiere ser el alcalde del municipio, sin embargo, también está bajo la mira de las autoridades.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) abrió un expediente investigativo contra él debido a una denuncia ciudadana sobre una irregularidad en un proyecto de electrificación para la comunidad de El Rodeo.

La documentación describe que Márquez retiró materiales para el proyecto del almacén central de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el 17 de noviembre de 2017.

No obstante, después de tres años, reportes afirman que no existe la instalación eléctrica prometida y es incierto qué ocurrió con lo que el regidor tomó de la estatal.

SINDICADO EN FALSIFICACIÓN. El MP recibió en septiembre de 2021 la autorización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para proceder con la acción penal contra el alcalde de San Antonio del Norte, Eulalio Maldonado Moreno.

La autoridad edilicia es acusada por la Fiscalía de la comisión de los delitos de uso de documentos falsos y malversación de caudales públicos en perjuicio de la fe y administración pública.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, dijo que la averiguación se realiza sobre acciones que efectuó Maldonado durante el período de 2014 a 2018.

Explicó que, sin seguir los lineamientos correspondientes, la administración municipal efectuó pagos por un valor de 105 mil 300 lempiras en concepto de la depreciación del vehículo del alcalde.

La información refleja que Maldonado debía pagar cinco lempiras por kilómetro recorrido por el vehículo, pero el cobro fue por cada 10.

PAGOS SIN AUTORIZACIÓN. Igualmente, el TSC detectó anomalías en la administración del alcalde de Aguanqueterique, Ramón Antonio Medina, representante del partido de gobierno.

Una auditoría encontró que entre 2014 y 2015 el edil pidió a la tesorera pagos anticipados por concepto de salario, sin la aprobación de la comuna; se adelantó un total de 15 meses de sueldo.

En total, Medina habría recibido ilegalmente un total 300 mil lempiras antes de tiempo.

Él se escudó en que solicitó -de forma verbal- el dinero porque tenía una necesidad económica. Apuntó que no lo hizo por escrito porque creía que no era obligatorio. Además, acotó que sí había fondos disponibles en la municipalidad para el traslado.

En tanto, la tesorera Senia Marbely Ramos declaró que accedió a la pretensión del alcalde porque este estaba en un estado de salud bastante agravado.

La noticia hizo eco y rápidamente se reprodujo hasta en portales de información de otros países, como El Salvador y Chile.

Pero esa no es la única eventualidad que examinó el TSC de la gobernanza municipal de Medina.

Una inspección financiera y de cumplimiento legal descubrió más inconsistencias en 2014 en la misma corporación municipal. El TSC puntualizó tres hechos que podrían conllevar responsabilidad penal.

El informe detalla que se emitieron cheques a nombre de los beneficiarios de un proyecto de construcción y reparación de viviendas, pero que fueron cobrados por el propio alcalde y, además, no hay documentación de soporte sobre los materiales que supuestamente se compraron.

Otro hallazgo fue que la administración suscribió varios contratos para la ejecución de obras municipales, pero no exigió a los contratistas la presentación de varias garantías.

«Se dejó de esta forma a la municipalidad sin ningún documento legal en caso de incumplimiento o abandono de la obra», señala la auditoría.

Además, tras una inspección, se constató que algunos bienes propiedad de la municipalidad no estaban en las instalaciones de la misma, sino en otros lugares, incluyendo la vivienda del alcalde.

Medina excusó la irregularidad con que los predios de la municipalidad no contaban con la seguridad necesaria para mantener los bienes allí.

SINDICADO EN DELITO DE VIOLACIÓN. Nery Noé Méndez Sánchez quiere repetir como alcalde nacionalista en La Campa, Lempira. Empero, su actual período se vio manchado por una grave acusación.

El tres de junio de 2019 se giró una orden de captura en su contra bajo la acusación de que habría violado a una joven. Él se presentó voluntariamente a los juzgados.

Inicialmente se le dictó detención judicial, pero en la audiencia inicial el juez que conoció la causa le otorgó un sobreseimiento.

Méndez se mostró agradecido con el fallo y una pariente suya aseguró que la acusación respondía a una treta política.

PACTO DE IMPUNIDAD. Román Villeda Aguilar es un diputado cachureco por Ocotepeque y busca estar en el período 2022-2026 otra vez en el Poder Legislativo.

Fue acusado por en 2018 por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de ser partícipe del caso Pacto de Impunidad.

Él es actualmente la única que persona que afronta la justicia por el caso; aguarda el inicio del juicio oral y público. Los demás involucrados fueron sobreseidos o se archivó la causa penal en su contra.

En el listado de nacionalistas también aparece Diana Patricia Urbina Soto, quien quiere ser la alcaldesa de Yoro, Yoro.

Ella fue objeto de una investigación que la vinculó como parte de una banda de narcotraficantes que integra su propia familia, según múltiples señalamientos.

A la fecha no se ha abierto un proceso judicial en su contra, pero, aunque negó que su núcleo estuviera involucrado en cualquier actividad delictiva, sus hermanos sí han sido requeridos por la justicia.

VINCULADA A EXALCALDE NARCO. Su hermano Arnaldo, exalcalde de Yoro, fue declarado culpable por lavado de activos en 2017 y tres años después se le condenó a 16 años de cárcel. También es solicitado en extradición por Estados Unidos, pero el proceso está en suspenso mientras cumple sus cuentas en Honduras.

Otro de sus hermanos, Carlos Fernando, quien es considerado el cabecilla del clan, es acusado de lavado de activos, asesinato y almacenamiento de armas. Estados Unidos también está tras sus pasos.

Un par de hermanos más, Miguel Ángel (igualmente pedido por EE. UU.) y Mario Alberto (fallecido) fueron procesados bajo la acusación de lavado de activos, pero se les absolvió.

VOTOS A CAMBIO DE DINERO. El último caso de irregularidades denunciadas en torno al Partido Nacional que identificó El Pulso es el del aspirante a alcalde de Olanchito, Yoro, Juan Carlos Molina.

En el proceso electoral primario circuló un audio donde, presuntamente, el gobernador pide votos a cambio de un bono familiar de siete mil lempiras.

Molina exhorta a introducir datos a un sistema para que muchas familias obtengan el beneficio, sin embargo, en un momento expresó que la acción aportaría «al triunfo del Partido Nacional en Olanchito el 28 de noviembre».

Dada la cifra, se conoció que el bono en mención sería el que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ayudar a más de 234 mil familias afectadas por fenómenos naturales.

CANDIDATO DE LIBRE SEÑALADO POR ILÍCITOS. Bajo la bandera de Libre, Héctor Raúl Amaya Solís compite por la alcaldía de La Masica, Atlántida.

No obstante, una inspección a sus antecedentes indica que él está familiarizado con la actividad ilícita y estuvo preso.

El seis de febrero de 2006 se le capturó en un operativo efectuado en San Juan Pueblo, Atlántida por agentes de diferentes fuerzas de investigación. Tenía en su posesión 2.5 kilos de cocaína.

Además, en los allanamientos se le incautaron ocho vehículos, su casa de habitación y otras pertenencias.

El tribunal de sentencia que conoció la causa lo declaró culpable por narcotráfico y fue remitido a la granja penal de El Porvenir.

CARGOS POR VIOLENCIA. Doctora de profesión, Ana Carolina Martínez Canales quiere ser la alcaldesa de Sabá, Colón, a partir del próximo año.

Unos años atrás, en 2018, se encontraba en una estación policial en Olanchito, Yoro.

Fue requerida por agentes de seguridad porque el juzgado de letras local emitió una orden de aprehensión por cargos de violencia intrafamiliar y usurpación.

De acuerdo a lo informado entonces, Martínez Canales habría cometido los ilícitos en perjuicio de su esposo, Dilson Efraín Padilla Valle.

ESCOTO DENUNCIA A DOCENTES. En 2012, el exsecretario de Educación y actual candidato presidencial por Todos Somos Honduras, Marlon Escoto, denunció un presunto despilfarro con el presupuesto de la institución.

Compartió un listado con los maestros que, supuestamente, no impartían sus respectivas cátedras porque ocupaban a la vez cargos de elección popular.

Según lo denunciado, el gobierno desemsolsaba mil 828 millones de lempiras a un total 523 docentes en todo el país. El TSC abrió un expediente al respecto.

En la enumeración de Escoto aparecen tres candidatos a alcaldes por Libre que incumplieron con la rendición de cuentas de los fondos utilizados para las elecciones primarias.

Uno de ellos es Henry Arles Morales Licona, cuya aspiración es en Trinidad, Comayagua. También aparece César Armando Henríquez Oliva, que compite por la alcaldía de Florida, Copán. Además, está Selvin Donaldo Perdomo Erazo, candidato en San Jerónimo, Copán.

ALCALDE DE SAN MANUEL EN LA MIRA. La Fetccop indagó en una denuncia por supuestos actos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en la municipalidad de San Manuel, en Cortés, que estaba a cargo de Reynold Arturo Castro, actual candidato a la alcaldía.

El señalamiento advertía que en ese territorio se hacían proyectos que no habían sido licitados previamente como establece la Ley de Contratación del Estado.

Un equipo del MP efectuó una verificación de la calidad de las obras ejecutadas. También, peritos unieron esfuerzos para analizar documentos recopilados en la comuna.

Castro dijo en su momento que la acción es un método para hacerle persecución política por ser parte de las filas del partido Libertad y Refundación.

CANDIDATO A ALCALDE FUE PRISIONERO POR NARCOTRÁFICO. Entre las tareas pendientes de César Augusto Díaz Flores es convertirse en el alcalde de Sabanagrande. Su historial no está inmaculado y fue en el hermano país de Nicaragua donde estuvo recluido.

El 20 de junio de 2003 fue capturado por policías cuando ingresó «violentamente» a Nicaragua por el punto fronterizo de Peñas Blancas, procedente de Costa Rica.

Díaz -quien ya había sido diputado al Congreso Nacional- llevaba consigo un total de siete kilos y 28 grados de heroína.

Se le declaró culpable por tráfico de drogas y recibió una condena de 10 años de cárcel y se le obligó a pagar una multa de 50 mil córdobas.

De acuerdo al dictamen, Díaz debía recuperar su libertad hasta en septiembre de 2013. Sin embargo, mediante un recurso de extinción de responsabilidad penal, salió en noviembre de 2009.

CNA SEÑALA POR ILÍCITOS A EDIL. Una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) destaparía una «piñata» que habría fraguado con los fondos municipales el alcalde de El Porvenir en Francisco Morazán, José Luis Rubí.

El escrito presentado indica que el edil sobrevaloró en más de 3.5 millones de lempiras un total de 20 obras de pavimentación y reparación de escuelas, así como dos terrenos que acabaron en manos de terceros.

La línea investigativa comprende de 2010 a 2015, tiempo en el que Rubí dirigía la municipalidad.

Según el CNA, Rubí habría incurrido en abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.

Además, en el informe se señala que sus hermanos serían cómplices a través del lavado de dinero. La instancia de sociedad civil asegura haber constatado que Rubí se ausentaba hasta un mes del cargo y lo cubría su hermano Reynerio, lo cual es ilegal.

MÉDICO Y CANDIDATO VICULADO A INCIDENTES. El doctor Marco Eliud Girón, representante de Libre que aspira a una diputación, también ha sido blanco de señalamientos.

Un documento judicial establece que Girón debió pagar en 2020 casi siete mil dólares a la señora Ada Maritza Ordóñez Rivera por una demanda de alimentos.

También circuló una fotografía de una fémina con varios golpes y moretones en su rostro y se acusó al galeno de haber sido el causante del episodio de violencia.

En agosto, también del año pasado, ocurrió un percance en vía pública que involucró al médico.

Un ciudadano denunció que Girón lo amenazó con una pistola porque decidió no darle la pasada cuando transitaban por la misma calle.

«Él quería que le diera pasada, pero me trató mal y habló con malas palabras. Me molesté, no le di el paso y fue ahí cuando abrió la ventada de su carro y me apuntó con el arma», relató el hombre.

«(Girón) es un irrespetuoso, malcriado, amenaza con armas y quiere que uno se esté quedito», agregó.

Contó que después vio que había un policía metros adelante, por lo que acudió a él y le externó que la supuesta amenaza del galeno. La fuerza de seguridad lo detuvo.

El denunciante reconoció que se asustó porque creyó que Girón halaría del gatillo. Sin embargo, le sugirió que desista de las acciones confrontativas, pues en alguna ocasión encontrará a alguien que le responda los ataques.

ACTIVISTA AGREDIDO DE LIBRE CON «CUENTAS PENDIENTES». El reconocido activista de Libre, Pedro Joaquín Amador Escalante, quien ahora buscar ser diputado por Francisco Morazán, ha tenido varios procesos con la justicia, indicó una fuente policial.

El portavoz de la Policía, Julián Hernández indicó que Amador fue requerido por el delito de daños en 2012. Mientras que en 2016 fue imputado por el delito de quema y daños a la administración pública.

La descripción del agente se vertió en mayo de 2017, cuando hubo un nuevo incidente entre Amador y la autoridad.

Amador manifestó que fue detenido y golpeado por los uniformados policiales cuando intentó ser solidario con un amigo -identificado solo como Urbina- porque este había sido retenido por los policías ya que estaba bajo los efectos del alcohol.

«Un policía le apuntó con el arma y yo le dije que por qué lo estaba haciendo y disparó. Entonces me metí y me arrestó. Luego enchachado me torturó, me tenía el brazo en el cuello y no podía respirar, no tenía aire, entonces le pegué un cabezazo para salvarme», narró.

Hernández negó que uno de los policías haya propinado la golpiza al activista de Libre. Aseguró que Amador se lastimó cuando pretendía dar un cabezazo a uno de los agentes.

Por el confuso incidente se le sumaría una acusación más a Amador por atentado en contra de la administración pública.

El congresista de Libre, Rafael Sarmiento, que pretende repetir en la posición, sabe igualmente lo que es estar detrás de los barrotes.

Fue capturado en Nicaragua, donde su familia pedía asilo. El núcleo denunció persecución del Estado de Honduras, que negó un posible seguimiento.

DIRIGENTE LIBERAL EN LÍOS. Fabiola Abudoj ha emergido como una de las nuevas caras que busca obtener un espacio en el Poder Legislativo representando al Partido Liberal. Sin embargo, en ese proceso ha sido señalada de irregularidades.

Representantes de la entidad rojiblanca la acusaron de haber inflado actas en los comicios primarios.

«No les bastó inflar urnas, sino que están cometiendo delitos electorales con ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE)», expresó la también candidata liberal Kritza Pérez, mencionando a su vez a otros tres dirigentes liberales.

Por otra parte, el asesor presidencial Marvin Ponce garantizó que demandaría a Abudoj porque lo habría tildado de corrupto y además de una «momia acosadora».

ASPIRANTE HABRÍA COMETIDO IRREGULARIDADES. Otro de los actores liberales con antecedentes es José Oduber Ruiz Girón. Una auditoría financiera del TSC descubrió una anomalía en su contra cuando fue alcalde de Masaguara, Intibucá, puesto que anhela volver a tener.

El informe concluyó que Ruiz recibió beneficios sociales adicionales tras su gestión. Los auditores valoraron el perjuicio a la municipalidad en más de 56 mil lempiras.

ABUSOS EN REITOCA POR REPRESA. El último caso de nuestro listado es el de Marlon Osorto Chévez, quien, pese a la tensión que tiene con parte de la comunidad, persiste en su afán de seguir siendo el alcalde de Reitoca.

Señalan que ha abusado de su poder sembrando el terror en el municipio.

Supuestamente, ha llevado hasta personas con machetes y otras directamente a ahuyentar a quienes se manifiestan en contra del proyecto hidroeléctrico de la Promotora de Generación de Energía Limpia (Progelsa).

La lista de pecados es vasta, pero no es así la de arrepentimientos. Aún con gran cantidad de antecedentes, decenas de candidatos deciden no cumplir el requisito de rendir cuentas de sus campañas, lo que podría conllevar otras responsabilidades.

El consultor de gobernabilidad y transparencia, Omar García, valoró que es imperativo fortalecer la revisión de idoneidad a los agentes que entran a la gesta electoral.

«Si no lo hacemos, estaremos a las puertas de cualquier cosa», sentenció.

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