TEGUCIGALPA, Honduras
A menos de dos meses para las elecciones generales, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se dispone a afrontar su labor sin su arma principal, un instrumento jurídico que le permita dirimir conflictos posteriores a los comicios del 28 de noviembre.
Analistas y actores políticos opinan que no aprobar la Ley Procesal Electoral restaría credibilidad en el afán de impedir la impunidad ante posibles anomalías.
También, señalaron posibles intereses partidarios de por medio. Sin embargo, coincidieron en que no debe ser un obstáculo para el desarrollo de los comicios, aunque se deba recurrir a una normativa temporal y menos específica.
El presidenciable por el partido Todos Somos Honduras, Marlon Escoto, aseguró que hay un interés político detrás del letargo para aprobar la legislación, misma que ya fue dictaminada.
«(La ley) se puede convertir en una herramienta en contra del Partido Nacional, que hoy tiene la mayoría para aprobarla. Lamentablemente, en nuestro mecanismo electoral, donde hay intereses, no habrá imparcialidad», expresó.
El candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, indicó que queda muy poco tiempo y, debido a la falta de acuerdos, la Ley no se aprobará antes del 28 de noviembre. También achacó la responsabilidad al oficialismo.
Dijo que la diferencia con la bancada nacionalista concierne a la participación de la Corte Suprema de Justicia en el proceso.
Explicó que ellos pretendían permitir el recurso de amparo en instancia electoral, pero la normativa en mención contempla como último escalón el TJE.
Además, Cálix mencionó que lo más probable es la aprobación de un decreto transitorio que permitiría al tribunal operar con un reglamento.
«Si no se emite esta ley, apelamos a un decreto transitorio que determine el procedimiento del recurso de apelación electoral», coincidió la magistrada presidenta del TJE, Miriam Barahona.
La funcionaria detalló que el reglamento tendría como base las facultades otorgadas por la Ley al pleno y determinaría la interposición, tramitación y resolución del mismo.
SIN VOLUNTAD PARA NUEVA LEY. Pero, ¿qué ocurre si no se aprueba un decreto de emergencia? El analista político -y también jurista- Raúl Pineda explicó que deberán aplicarse los principios generales del derecho procesal.
Igualmente, se unió a las consideraciones de que no existe voluntad para que se apruebe la Ley Procesal. Sin embargo, enfatizó que el tema no debe ser un argumento para que se atrase el cronograma.
Subrayó que se ha visto un proceso amenazado, con reiteradas evidencias de que no se le ha brindado apoyo ni el respaldo económico. Acotó que el propósito es deslegitimarlo.
La aspirante a designada presidencial, Doris Gutiérrez, indicó que la comisión de dictamen concluyó que en este momento no hay condiciones políticas para que la ley sea aprobada.
La adquisición de las herramientas necesarias avanza, pero el panorama sobre la garantía de justicia es incierto, mientras los candidatos continúan con jugadas de acuerdo a sus intereses.
