Las imágenes circulan por internet: un grupo de «supuestos» oficiales fuertemente armados con AR15, con uniformes de la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y pasamontaña en el rostro, salen de una residencia en la colonia Bella Vista de Comayagüela, llevándose detenidos a dos jóvenes estudiantes de secundaria, Mario Enrique Suárez Gómez (19) y Gerson Daniel Meza Medina (18), que luego aparecieron ejecutados en el sector de la montañita, un famoso botadero de cadáveres en décadas pasadas.
Las especulaciones y teorías de conspiración no se hacen esperar: que son agentes del Estado persiguiendo a los jóvenes que mantuvieron protestas «contra la dictadura» por el tema del transporte las semanas anteriores; que son pandilleros disfrazados con el propósito de dañar la imagen del órgano policial.
Jorge Galindo, vocero de la ATIC, afirmó que los «supuestos» oficiales no son tal, pues «las camisas que usan los de la agencia son tipo polo».
«Si observamos el chaleco que portan estas personas, las letras con la leyenda ATIC son más grandes que las que utiliza la agencia», dice, agregando que faltan monogramas en las vestimentas que vemos en el video, que los oficiales auténticos no usan guantes, que el fusil es AR15 y no los oficiales Scorpion, y que el vehículo no es de los que utiliza la ATIC.
Inmediatamente después de las aclaraciones de Galindo, publicadas a través de toda la prensa corporativa, aparecen en las redes imágenes de agentes en operaciones sancionadas por la agencia, usando equipo que el vocero niega sea oficial, desmintiendo (o creando la duda, que no es lo mismo pero es igual) sobre si son o no agentes oficiales.
Lo que yo piense no importa aquí. Lo cierto es que los jóvenes están muertos, que alguien los sacó de su casa y los ejecutó, y en la consciencia popular el asesino fue el Estado. No importa cuántas declaraciones de el oficial Galindo, esa tesis está ya plantada en la sociedad.
Pero vamos un poco más al fondo, para entender mejor qué está pasando.
No es nuevo para la población descubrir de cuerpos de seguridad del Estado (policía, ejército, ATIC) vinculados a escuadrones de exterminio que funcionan desde la autoridad del uniforme para ejecutar campañas de limpieza social. Organizaciones como Casa Alianza lo han venido denunciando desde hace años y tenemos el nefasto antecedente del caso Cuatro Puntos Cardinales, en donde oficiales de la política detuvieron a cuatro jóvenes a la salida del Estadio Nacional en 1996, para luego aparecer ejecutados afuera de la ciudad en cuatro puntos distintos.
Casa Alianza da el macabro número de 13,300 niños y niñas ejecutados en los últimos 20 años en el país, la mayoría de asesinados por personas entrenadas que funcionan como escuadrón de exterminio.
Que hay policías ejecutando jóvenes en Honduras no le cabe duda a nadie. Por qué lo hacen, es un poco más complejo.
Desde hace más de un año, por este medio hemos advertido de las consecuencias que traería para el país el recrudecimiento de la guerra contra las pandillas en la región del Triángulo Norte. El Salvador lleva la delantera en un enfrentamiento de baja intensidad por recuperar el control de territorio en dominio de maras y pandillas, siendo frecuente el uso excesivo de la fuerza y la conformación de grupos de exterminio de pandilleros que funcionan desde la misma policía. Hay incluso condenas de policías activos sentenciados por el asesinato sistemático de jóvenes, muchos de ellos pandilleros.
Honduras acaba de anunciar el inicio de la guerra por recuperar el control de los barrios a partir de septiembre.
«A partir de hoy lanzamos la más grande y ambiciosa misión para recuperar territorio por territorio, es decir: barrios, colonias, aldeas, caseríos, recuperar el territorio de varias bandas criminales que todavía están atemorizando a la gente», dijo el presidente Juan Orlando Hernández en una rueda de prensa tras reunirse con los jefes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Sistema 911, entre otros, para replantear el esquema de seguridad. «Tienen espacio para reconvertirse en ciudadanos de bien», dijo. Y anunció también que «si siguen por el otro camino, está la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, toda la Policía Nacional, toda la Policía Militar, todas las Fuerzas Armadas, los órganos de inteligencia para judicializar como corresponde los casos».
En este mapa, vemos el control de territorios de maras y pandillas en Tegucigalpa y Comayagüela. La Mara Salvatrucha, controla la Colonia Bella Vista de Comayagüela, lugar de donde fueron secuestrados los jóvenes Mario Enrique y Gerson Daniel.
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Dentro de este conflicto que está abriéndose en Honduras y del cual, si seguimos el patrón de El Salvador traerá mucha sangre y violaciones a los Derechos Humanos a los barrios y colonias controladas por pandilleros, la MS-13 parece ser el objetivo primero. Eso, según lineamientos de la política de seguridad de Estados Unidos que ha declarado una guerra contra la mara de origen salvadoreño.
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La ATIC, un órgano creado recientemente cuenta ya, en lo que va del año, con tres escándalos directos que minan su reputación: la muerte misteriosa de la agente de la ATIC, Sherill Yubissa Hernández en Santa Rosa de Copán y la polémica entre el informe del órgano de investigación policial (que señala suicidio) y el reporte de Medicina Forence (que indica homicidio); el asesinato de Óscar Daniel Rodríguez Cálix, líder de la banda los Olanchanos en San Pedro Sula y su guarda espaldas, a manos de agentes de la ATIC captados por una cámara de seguridad en la gasolinera. Y todo indica que vendrán más casos.
Si son o no agentes de la ATIC el Estado debe poner todo su empeño en esclarecerlo lo antes posible y ponerlos a la órdenes de los tribunales respectivos. Si es una campaña montada para desprestigiar a la institución policial, como el vocero Jorge Galindo afirma, debe desarticular la banda que está actuando en suplantación del cuerpo de investigación criminal y presentar toda las pruebas que nos convenzan que así es; si no, y resultan ser un escuadrón al interior de la Agencia, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, para evitar que en esta guerra que está comenzando se comentan las atrocidades que suceden en El Salvador.
Ninguna guerra, por necesaria que sea, justifica la violación a los Derechos Humanos.
