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13,300 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

“Hemos permitido asesinar el equivalente a una ciudad o municipio de Honduras con 10,000 o 12,000 habitantes”.

El monitoreo de medios escritos de Casa Alianza indica que: del 2010 al 2013 se ejecutaron a 3,891 niñas, niños y adolescentes y del 2014 al 2017 se asesinaron a 3,257 en la categoría de ejecuciones extrajudiciales. Detalla el defensor de la niñez Wilmer Vásquez.

Está relacionado en cómo la reducción de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, eso es un avance significativo con los diferentes cuestionamientos de los sectores que tienen monitoreos. Señaló Vásquez, agregó que el desafío es la credibilidad de los datos.

Los resultados de los asesinatos relacionados directamente con la población de niños y niñas carecen de credibilidad al ser comparados las estadísticas oficiales con las -por ejemplo- del observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el observatorio de Casa Alianza; hay una reducción -que se debe reconocer- en los homicidios por cada cien mil habitantes, pero los datos son inconsistente con los observatorios independientes por la falta de acceso por las instancias del Estado responsables de investigar y analizar los homicidios.

En relación a las estadísticas de las muertes que se dan en América Latina y los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la situación sigue siendo alarmante e incluso comparada con países que han estado o están guerra. Las principales víctimas son las niñas, niños y adolescentes que son realidades en Honduras. Se deben crear estrategias y seguir reduciendo los índices.

La percepción de la organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de la niñez es que los cambios se hicieron para ocultar la realidad de la violencia y el fracaso de una política pública basada en la militarización de la seguridad interna, basan su cuestionamiento en los resultados que proporcionaba el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Además, agrega Vásquez, se inició un bloqueo de datos de las instancias oficiales responsables de llevar los registros de las muertes violentas.

Casa Alianza únicamente monitorea medios escritos, e investigaciones de la Coalición Contra la Impunidad, y el Comité de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Al Estado de Honduras se le recomienda que investigue todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, recomendación reiterativa por el Comité de Derechos de la Niñez, como una respuesta pronta para que los responsables sean enjuiciados y sentenciados. En esas investigaciones no hay requerimiento fiscal para los responsable de estos crimenes, las respuestas del Estado de Honduras son nulas, no existen los requerimientos ni las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales de niñas y niños. Manifestó el defensor de la niñez.

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Se refirió a un caso en específico de los 4 Puntos Cardinales, no hay avances, el Estado está pendiente de la remuneración a los familiares de víctimas, lo único que se ha logrado es colocar el nombre a un puente por el barrio la Isla en la ciudad Tegucigalpa: Los 4 Puntos Cardinales.

El Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (COIPRODEN) se apoyó en los registros del observatorio de Casa Alianza del 2010 al 2013 solamente en el monitoreo de medios escritos 3,891 niños y jóvenes en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, y del 2014 al 2017 ocurrieron 3,257 con las mismas características de este tipo de ejecuciones.

En los últimos 20 años, o sea de 1998 a la fecha se han ejecutado a 13,300 niños y adolescentes. El director de COIPRODEN hizo la relación de la población que tienen algunas ciudades o municipios en Honduras con 10,000 y 12,000 habitantes, se ha asesinado a una ciudad o municipio de Honduras. Retomó los 4 Puntos Cardinales para señalar que el Estado de Honduras, desde 1995 fue objeto de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2006, en la revisión que hizo el organismo 20 años después no constató progreso por lo que consideró mantener abierto el procedimiento de seguimiento de no cumplimiento del punto pendiente de acatamiento.

Lea la investigación de El Pulso sobre el caso Cuatro Puntos Cardinales:

Desafíos:

Reducir el número de asesinatos de jóvenes, en este caso fue de 16.3 inferior al 32.42 registrado por el gobierno. El Estado mantiene pendiente el cumplimiento del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El comité recomienda establecer una política de prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia y también que se deben asignar los recursos humanos financieros y técnicos para la aplicación efectiva de esta política de prevención de violencia. Porque se tienen los instrumentos pero no se implementan, o no se tienen los recursos para implantar la política de prevención de violencia.

COIPRODEN aglutina que a 20 organizaciones defensoras de la niñez y juventud considera como un avance la aprobación de la política de Prevención de la Violencia, la instalación del Consejo de Violencia, sin embargo solo cuenta con un presupuesto de 6 millones de Lempira para una función tan especial de rectorar los programas de prevención de violencia. Difícil podrá ser avanzar en la implementación de una política con un presupuesto tan mínimo. La organización logra subsistir con el apoyo de proyectos de la cooperación internacional.

El Estado es ambivalente al dar prioridad a elaborar una política nacional de prevención de violencia general cuando ya existe una prevención de violencia hacia la niñez y juventud que no se diferencia de la violencia en el país, si vemos que los índices de violencia focalizada a la adolescencia y juventud se presentan una propuesta paralela, la catalogó sin sentido.

El otro tema que no se avanza es de control de armas de fuego, han pasado cantidad de administraciones de gobierno –dijo Wilmer Vásquez- con la propuesta en el Congreso Nacional para reformar la ley de Control de Armas de Fuego, las muertes en Honduras se dan en su mayoría con armas de fuego, pero no ha habido interés en querer regulación, ha prevalecido el interés de los coleccionistas de armas y de los cazadores para que no se pueda reformar la ley.

Vásquez concluye: reiterativamente desde la creación del programa guardianes de la patria se le pedido al Estado de Honduras la suspensión del mismo, en la jurisprudencia se le dijo: los militares no pueden entrar a los centros educativos, ni los niños pueden ir a los cuarteles militares porque no es función de los militares la formación en valores de los niños y niñas, es una responsabilidad del sistema educativo nacional, de la familia, de la comunidad, de ONGS que trabajan con la niñez, y pueden participar las iglesias, pero la Fuerzas Armadas en educación no militar de los niños, fue el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su recomendación 38 inciso B a partir del 2018 los militares asisten a los centros educativos.

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Graduaciones programa: Guardianes de la Patria. Foto: El Heraldo.hn

El gobierno ha hecho caso omiso de la recomendación de ponerle fin al programa, contrario a la Constitución de la República y a las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, contrario al protocolo facultativo de niños en conflictos armados.

Datos: en el 2015 se asesinaron 727 niños, en el 2017 se hubo una reducción a 484 por la ofensiva que se aplicó en contra del crimen organizado, la reforma penitenciaria y la reforma policial.