/LA CARAVANA DE MIGRANTES: DESDE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD A LA GEOGRAFIA DE LA DESIGUALDAD.

LA CARAVANA DE MIGRANTES: DESDE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD A LA GEOGRAFIA DE LA DESIGUALDAD.

Por Jorge SAGASTUME

Segunda parte del artículo APUNTES PARA CONTRIBUIR A LA COMPRENSIÓN DE LA CARAVANA DE MIGRANTES

De la visión patrimonial del Estado a la compleja madeja de la corrupción y la zozobra de la impunidad:

La fiesta de la corrupción en Honduras se inaugura –con alevosía y ventaja– desde la más alta esfera del poder gubernamental con la susodicha construcción del ferrocarril interoceánico en el año 1867, estando de capitán general y presidente de Honduras Don José María Medina Castejón (1863 -1876). “El embajador de Honduras en Inglaterra, Carlos Gutiérrez autorizado por el presidente de la República solicitó en Europa un préstamo de 14 millones 757,818.65 libras esterlinas para construir el ferrocarril nacional; pero Honduras sólo recibió £ 300,000.00 (trecientas mil libras esterlinas) (CNA 2917).

No obstante, cincuenta años atrás, como se constata en los libros de historia de la corrupción en Honduras, en el mismo año de la independencia de nuestro país en 1821 y precisamente “en el día de la muerte del alcalde de Tegucigalpa Narciso Mayol se registra la fuga del tesorero de Real de Minas de Tegucigalpa, José María Midence, con más de diez mil pesos en plata, dejando a la ciudad en banca rota” No se recuperó el dinero, tampoco el extesorero apareció.

Más allá de los trepidantes actos de corrupción cometidos durante la colonia, estos dos hechos significativos marcan e inician una ruta galopante de corrupción no siendo imparable hasta la fecha. Ha existido tanta o más corrupción como impunidad que hoy día permite preparar largos ensayos, tesis y hasta libros que sistematizan la corrupción de los últimos 100 años, tal como lo hizo el Consejo Nacional Anticorrupción con el libro “100 años de corrupción e impunidad en Honduras, desde una percepción ciudadana”.

Lea la primera parte de la investigación: APUNTES PARA CONTRIBUIR A LA COMPRENSIÓN DE LA CARAVANA DE MIGRANTES

La migración centroamericana es producto del desarrollo geográfico capitalista desigual. (ONU 2013)

De este libro hacemos una síntesis(1) para poder entender la dimensión y complejidad del fenómeno corrupción e impunidad y la forma como distintos funcionarios de gobierno embestidos de poder, han desviado y dilapidado grandes cantidades de recursos y bienes nacionales, impactando en la economía nacional, reproduciendo más pobreza, marginalidad, exclusión social y, por supuesto, fomentando la emigración. Para entender el fenómeno de la pobreza y la emigración en Honduras, antes hay que tener claro el fenómeno de la corrupción como detonante a los grandes problemas sociales que vienen afectando y constriñendo el futuro del país.

Este libro sistematiza 100 casos de corrupción comenzando por el fementido caso del ferrocarril que involucró directamente al presidente Medina y al embajador Carlos Gutiérrez en 1867; no siendo suficiente esta estafa para el pueblo hondureño, 1871 el mismo presidente Medina recibió cincuenta mil en bonos del tercer empréstito de la cuenta del ferrocarril. Ochenta y seis (86) años después se terminó de pagar la deuda adquirida. El presidente Medina y el embajador Gutiérrez hipotecaron al país por casi un siglo.

En la cacareada reforma liberal por el también cacareado Marco Aurelio Soto, presidente de Honduras (1877-1881), conocido como el “minazo” es el primer acto de corrupción de su gobierno, al permitir una cuantiosa concesión extranjera a la Rosario Mining Company para que explotara la mina de El Rosario San Juancito, aldea de Tegucigalpa donde Soto era socio. Este acuerdo no fue publicado en la Gaceta oficial del gobierno para evitar suspicacias por la población. En 1879 Soto da en arrendamiento la Casa de la Moneda a la Casa Comercial Agurcia Soto, las cantidades de acuñamiento de monedas de oro y plata, nunca fueron verificadas por el ente contralor, tampoco Hacienda metió las manos. Este contrato tampoco fue publicado en la Gaceta, Soto encontró la forma perfecta de hacer negocio al no publicar estos contratos en los órganos oficiales.

En 1883, el presidente Soto tuvo intención de enaltecer la figura de Francisco Morazán y envió una delegación a París para encargar una estatua de este paladín centroamericano, la delegación en placeres y parranda malversó el dinero y optaron por comprar en el mercado de pulgas una estatua del mariscal Michel Ney, misma que fue colocada en el centro del parque Morazán en su inauguración. Este relato (aún cuestionado en su veracidad) fue contado más de una vez por el Escritor Eduardo Galeano y García Márquez lo usó en sus escritos, incluso formó parte de su discurso durante la recepción del premio Nobel de literatura en Suecia, en 1982.

Durante la presidencia del gobierno usurpador y de corta duración de Juan Ángel Arias (febrero a abril de 1903), el 12 de marzo del mismo año se le entregaron de las arcas del estado 100.000.00 (mil pesos), esta cantidad nunca fue restituida. Se le conoce como el “gavetazo”. En los años de la segunda magistratura presidencial de Manuel Bonilla (1912–1913), el empresario estadounidense Samuel Zemurray conocido como Sam o The Banana Man, estando Manuel Bonilla exiliado y aburrido en la ciudad de Nueva Orleans, lo motiva para que vuelva a ser presidente de Honduras. Entonces “le financia la adquisición de un barco de guerra norteamericano, el Hornet, así como el reclutamiento de una escuadra de mercenarios bajo el mando de un aventurero llamado Lee Christmas. En enero de 1911, Bonilla ocupa militarmente las Islas de la Bahía, así como las ciudades de Trujillo y La Ceiba. De regreso a la presidencia en febrero de 1912, Bonilla retribuye los favores, nombrando al general Christmas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras; en el mes siguiente, gratifica a Samuel Zemurray concesionándole 10,000 hectáreas de tierra en los alrededores de Omoa”. Este hecho le permitió al señor Zemurray hacerse de una fortuna. En ese tiempo como lo afirma Zemurray, una mula era más costosa que comprar un diputado.

Durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1932–1949), sin considerar los asesinatos que desde su gobierno se perpetraron, más otras violaciones a los derechos humanos, en 1934 mediante Decreto No. 52 del Congreso Nacional de la República de 1934, se facultó al Tribunal Superior de Cuentas que posteriormente pasa a llamarse Contraloría General de la República), para incinerar todos los expedientes y pruebas de funcionarios que fueron requeridos, en los años comprendidos desde la fundación de dicha institución hasta 1913. Un hecho similar, pero de mayor proporciones lo ejecuta en 1958 el presidente Ramón Villeda Morales mandando a incinerar documentos de la Contraloría comprendidos entre 1892 a 1947. Ambas acciones representan borrón y cuenta nueva de la corrupción e impunidad.

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En 1935 se suma el caso de TACA sobre el monopolio aéreo interno que facilitó previo acuerdo firmado con Carías, donde en caso de disturbios en el país, TACA ponía todos los aviones a disposición, todo a cambio de recibir un conjunto de privilegios la empresa, incluyendo la introducción anual de tres aviones exonerados de impuestos. En 1941, precisamente el 16 de diciembre, Alemania e Italia declaran la guerra, el 17 del mismo mes, el gobierno de Carías decreta congelamiento y confiscación de las propiedades de los ciudadanos de ambas nacionalidades y posteriormente las propiedades fueron rematadas a jerarcas locales vinculados al Carísmo. En 1969 el general Oswaldo López Arellano dirige la guerra desde las bóvedas del Banco Central de Honduras. Se inflan planillas de soldados que no existen, se compran armas, las Fuerzas Armadas son corruptas, ineficientes y mal preparadas, reciben una derrota histórica pues existe mucha desafección de ellas por parte del pueblo.

En 1974, nuevamente aparece Oswaldo López Arellano, esta vez facultado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 757, autoriza al Banco Central para que avale los compromisos que pueda contraer la empresa SAHSA con la Banca privada nacional e internacional por la compra de un avión Boing. En la misma línea de la Junta Militar, Melgar Castro, sustituye a Oswaldo López Arellano y se produce 1974 la estrategia de mayor descapitalización de la nación a través de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), que vía prestamos apoyó al sector privado. Al declararse en quiebra el Estado asumió el pago de los préstamos otorgados al sector privado. La familia Facussé de la empresa Mejores Alimentos fue la mayor beneficiada. No hubo ningún caso penal a pesar de que la quiebra fue un acto fraudulento. En 1975, se produce el mayor soborno realizado al sector público a través de la BANANAGATE, que consistió en un depósito a una entidad bancaria suiza que “ascendía a un millón 250,000.00 dólares (USD) destinados al ministro de Economía, Abraham Benatton Ramos y al presidente de la República de Honduras, Oswaldo López Arellano, como “pago” para obtener una rebaja al impuesto de exportación del banano el que se legalizó mediante Decreto No. 214”. Otro caso bien sonado fue el Informe Yllescas un caso de evasión fiscal en aduanas muy grave ocurrido en el mismo año. Jorge Yllescas fue destituido del cargo.

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Después de muchos triunviratos militares el país vuelve a la democracia o por lo menos o la democracia electorera, el Dr, Roberto Suazo Córdova gana las elecciones de 1981. Entre 1977 y 1982 la Comunidad Económica Europea (CCE) mediante un programa ha donado leche a las escuelas de la república. Everhard Goll, coordinador del programa por la CCE, exigió a la ministra de educación Alma Rodas de Fiallos que se le informara sobre el destino de la leche en los años en mención. Mil toneladas de leche fueron vendidas a una empresa de productos lácteos. La Ministra de Educación pudo recuperar 200 toneladas de esa venta. La leche salía de las bodegas con destino a las escuelas y no llegaba a ellas. El señor Goll fue expulsado del país acusándolo de simpatizar del sandinismo. Todo quedó en la impunidad.

En 1984 sucede el caso de la Virgen del pasaporte, siempre en el mandato de Suazo Córdova, la esposa del empresario español, prófugo de la justicia de su país José María Ruiz-Mateos, a quien el gobierno de esa nación expropió un grupo empresarial por un fraude de 1,600 millones de dólares (USD), llega al país con el embajador de Honduras en España, Andrés Alvarado Puerto, y entrega una estatua de la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro al presidente de la república doctor Roberto Suazo Córdoba. La Virgen venía en su interior atestada con miles de billetes de cien dólares, como un “cariñito” del empresario español, a cambio de un pasaporte hondureño con nombre falso. La imagen de la Virgen se erigió tranquila y serena en la ciudad de La Paz como un culto al “milagro” de la corrupción.

Siempre en la administración de Suazo Córdova, el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Oswaldo Ramos Soto, fue denunciado por incrementarse su salario en un 33 por ciento y el de su personal de confianza en un 105 por ciento. Luego en 1991, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oswaldo Ramos Soto, fue destituido por el Congreso Nacional, acusándolo de andar en política. En respuesta, el afectado calificó de ilegal su destitución, como consecuencia fue designado candidato presidencial por el Partido Nacional. El abogado Orlando Lozano Martínez lo sustituyó en la Corte Suprema de Justicia, denunció que: el abogado Ramos Soto se sobregiró en el presupuesto del Poder Judicial en más de L 500,000.00 (quinientos mil lempiras), por lo que el aspirante presidencial nacionalista tendría que haber sido reparado por ese entonces por la Contraloría General de la República, pero no pasó nada.

Durante la administración del presidente José Azcona del Hoyo (1986 -1990), se suscitaron un par de casos de corrupción como “Noche Clara”, “Ordeñazo”, DIPSA, entre otros. Recordemos que estos años había mucha ayuda extranjera principalmente de los Estados Unidos, ayuda que se facilitaba a la contrarrevolución nicaragüense. Sin embargo, por lo menos el 20% de la ayuda se quedaba en cúpula castrense dinero que fue a parar a los bolsillos de muchos generales. El escándalo perpetrado por el diputado suplente Santos Zelaya, -más conocido en el mundo de los negocios ilícitos como “Noche Clara”-, este personaje fungía como administrador de estos fondos, que a lo interno de jerarquía castrense provocaba pugnas de poder, divisiones, y una lucha permanente por la hegemonía a lo interno de las Fuerzas Armadas. En 1986 en condiciones no esclarecidas aparecía muerto “Noche Clara”.

En el caso del “Ordeñazo”, durante la candidatura de Oscar Mejía Orellano de 1986, la empresa Estatal Productos Lácteos pasaba diariamente 1000 litros de leches para financiar esta candidatura, acción denunciada por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula (AGAS). Dos años esta empresa reportó que sus utilidades fueron de 180.000.00 cuando habían sido de 30 millones de lempiras. La Empresa de Derivados del Petróleo (DIPSA), introdujo productos sin el pago de importación por un valor de 6 millones de lempiras. Uno de sus propietarios era gerente de la ENEE. La Contraloría hizo el reparo y obligó a DIPSA que pagara el dinero, pero el presidente Azcona intermedio aduciendo que si DIPSA pagaba ese dinero iba a la quiebra. El caso fue cerrado o por lo menos no se habló más.

El gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), representa “el museo evidente de la impunidad con el otorgamiento de 16 cartas de libertad”. Con la “magia de los prestidigitadores todas sus cartas rebosan de felicidad. Esta administración estuvo coludida por la venta de nacionalidades a los chinos, el “petrolazo”, ventas y contrataciones directas, una primera dama ardiendo al mejor grito de la moda según revista londinense y la devaluación se hinca a las medidas neoliberales, haciendo más ricos a los ricos. De este recuento de actos de corrupción destacamos las siguientes: “La Ley Zarca”, Ley Especial de Arancel Consular emitida por el Congreso a finales de 1990. La ley -después de presiones de la sociedad civil fue derogada- pero el susodicho logró percibir e 50% de las ganancias. La Ley consistía un blindar un cerco monopólico para el registro de barcos con bandera hondureña que ascendía a más de 2 mil embarcaciones.

A esto se suma el tráfico de documentos para visas de los Estados Unidos, con la involucración directa de un diputado suplente del Partido Liberal, sumándose posteriormente funcionarios de la Municipalidad del Distrito Central. Las ganancias por la falsificación de documentos y utilización de sellos para solicitar visas en tránsito rondaban entre los 5,000.00 y 7,000.00 mil lempiras.

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La venta directa del equipo y maquinaria a los empleados de la Secretaria de Transporte y Obras Públicas (SECOPT), omitiendo un procedimiento de subasta pública, tal como está contenido en el Decreto Legislativo No. 106 -91, fue otro delito de la administración de Callejas, que fue acusado de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por el Ministerio Público. Pero no pasó de ser una fábula de la imaginación o la plegaria de un cuento chino. En otro tema no menor en 1991, según una diputada que conformó la Comisión de Asuntos de la Mujer, en el país se organizaron 22 casas de engorde con el propósito de vender niños a matrimonios extranjeros. Las cantidades oscilaban entre 5,000.00 a 10,000.00 dólares, también hubo venta de órganos. Altos funcionarios del Registro Civil de las Personas (RCP), facilitaban los trámites de adopción a cambio de fuertes cantidades de dinero.

No siendo suficiente,1992 en operación autorizada directamente por Callejas se bajaron los aranceles de importación del 15 por ciento al 5 por ciento, es decir, como se hace un procedimiento lícito para favorecer una actividad corrupta. Esta operación favoreció a la empresa Levas Exporting propiedad de civiles y militares, para que pudieran comprar en el extranjero 700 sacos de arroz para venderlos localmente con una ganancia de L. 22.00 por saco de arroz, haciendo utilidades por el orden de 14 a 15 millones de lempiras. Esta operación está registrada como el “arrozazo”. El “carrazo” fue otro escándalo público que estalló en 1993. “Mediante Decreto 10-90-E, se daba potestad a los diputados propietarios y suplentes, para introducir al país por lo menos tres carros de lujo sin el pago de los impuestos respectivos. Valiéndose del mencionado decreto ingresan de manera ilegal grandes cargamentos de motocicletas, vehículos y equipo agrícola. Como siempre, se creó una comisión para inventariar el millonario cargamento que llegó al país procedente de Italia, que venía destinado a una empresa ligada al Secretario de Estado y Crédito Público, quien manifestó no tener nada que ver con el escándalo”.

Siempre en la administración de Calles, en el año de 1993, “Se creó la Comisión Fiscalizadora del Poder Ejecutivo, para investigar la corrupción existente en el sistema aduanero del país. Dicha comisión logró descubrir una millonaria defraudación fiscal en la que están involucrados algunos funcionarios, empleados aduanales, agencias aduaneras e importadores, políticos y militares. De acuerdo al informe presentado ingresaron 88 furgones de contrabando, representando una defraudación fiscal de 25 millones de lempiras”. Este hecho se conoció como el “furgonazo”. La cantaleta más grande fue el “chinazo” o se la Ley de Naturalización de Orientales” que se concretaba mediante el pago de USD 25.000.00, fondos que se iban a destinar a financiar obras sociales. Los fondos al final fueron a parar a manos de muchos empresarios.

Otro caso conocido fue la desaparición de la roca lunar en 1994. Esta roca fue regalada en 1973 a Honduras por el presidente Richard M. Nixon y entregada a Oswaldo López Arellano, jefe de Estado de Honduras. Esta piedra es parte de las rocas que trajo a la tierra la tripulación del Apolo 17, en 1970. Resulta que un militar cercano a López Arellano se robó la roca y posteriormente se incautó en Miami en 1998, a Allan Rosen la compró por USD 50.000.00 y ofrecía venderla por USD 5 millones. La sentencia de un Tribunal Federal permitió que la roca confiscada fuera devuelta a Honduras en 2013.

El “petrolazo” fue la carta de naipe más grande entregada al presidente Callejas. Mediante Acuerdo No. 602-A del 7 de mayo de 1990, autorizó la creación de una cuenta especial en el Banco Central de Honduras (BCH), cuyos fondos se incrementarían cada mes con capital proveniente de Texaco de Honduras y Gas del Caribe, con el propósito que la Comisión de Petróleo los usara para subsidiar los carburantes a los consumidores por la fluctuación internacional de precios. De esa cuenta se transfirieron 280 millones de lempiras a la cuenta del presidente de la República, distribuyendo parte de estos fondos a socios y amigos de la familia, además de efectuar el pago de tarjetas de crédito de su esposa. Este caso también quedó en limbo y es parte de la fábula de la impunidad.

La administración del presidente Carlos Roberto Reina se vio en envuelta en el “pasaportazo”, ciudad Mateo, SMEH, caso Roberto Acosta y los sextos juegos. El excanciller Ernesto Paz Aguilar, es el político de más alto nivel había pisado una cárcel en la historia de Honduras. Su hermana Marielos Paz Aguilar, sin ser funcionaria de la cancillería llegaba todos los días a la misma para preparar y vender a costos muy altos de dinero pasaportes oficiales. Esta acción fraudulenta fue descubierta por la interpol. Paz Aguilar fue citado al juzgado para declarar sobre el “pasaportazo”. El juez ordenó el encarcelamiento de Paz Aguilar, acusándolo de falsificación de documentos públicos, malversación de caudales públicos, estafa continuada, abuso de autoridad y encubrimiento. FINANZA fue la empresa favorecida con ciudad mateo. 1992 compró un terreno valorado en un millón de lempiras por 292.44 hectáreas, sin embargo 10 meses después, en una licitación donde se presentó en el minuto 90 del partido, ganó y recibió 35 millones de lempiras del INJUPEMP por la venta de 125.44 hectáreas. El proyecto se hizo en un lugar que es zona protegida. Es el mayor monumento de casas abandonadas.

En 1996, sin licitación pública se celebra el contrato de cobranza de los servicios de energía eléctrica a la empresa Ingeniería Gerencial (SEMEH), y contempla entre sus cláusulas una obligación de retener el dinero depositado en bancos privados, por concepto de pago por servicios de energía eléctrica, si los niveles de la tasa de interés promedio pasiva se mantienen en determinados rangos. SEMEH ganó por esa operación más de 90 millones de lempiras anuales, sin considerar las ventajas que reportan para los bancos asociados a la empresa, el manejo del dinero y la existencia de suficiente liquidez. Siempre en el mismo año, el exalcalde capitalino Roberto Acosta autorizó como una jugada prestidigitadora la compra de un terreno para utilizarlo como relleno sanitario argumentando “Urgente Necesidad”. Tal acción no constaba en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Corporación Municipal ni en el Plan de Inversión Municipal correspondiente al ejercicio fiscal de 1996, violentado con ello la Ley Orgánica de Presupuesto. El terreno era propiedad de la Alcaldía Municipal y aun así fue comprado en forma sobrevalorada por un monto de 10 millones de lempiras. Hasta la fecha el relleno sanitario no se ha construido. El imputado fue condenado, pero se le revocó la condena.

Transcurría el año 1997, siendo Honduras sede de los Sextos Juegos Deportivos Centroamericanos, y haciendo uso del pretexto de siempre, que hay emergencia cuando no se planifica, el exministro de SOPTRAVI, Jerónimo Sandoval y la directora de transporte Lila Argentina Uclés, fueron denunciados por malversación de aproximadamente 34 millones de lempiras por la suscripción de un contrato con la constructora Nacional de Ingenieros por un monto que sobrepasó los 9 millones de lempiras para la construcción de obras deportivas. En los sextos juegos fueron los atletas quienes se llevaron el honor y otros fueron los que se llevaron la plata.

De 1998 al 2002, la presidencia estuvo ocupada por Carlos Roberto Flores Facussé, caracterizada por el azote implacable del Huracán Mitch en todo nuestro territorio, por la aprobación de una modificación al contrato de Rocafuerte, hoy Tigo, donde el Estado de Honduras ha perdido más de 20 mil millones de lempiras a la fecha, pérdida que sigue al alza cada año; en la concesión de la administración de los aeropuertos del país a la empresa estadounidense Interairport, creada en Estados Unidos con tan solo 100 dólares. También en esta administración de capitalizarán los bancos de parte del Estado, y muchos ciudadanos se suicidan al perder los ahorros de toda una vida. Las obras de emergencias en respuesta al Huracán Mitch, a juicio del Comisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares, reportó 17 obras con posibles irregularidades solicitando a la fiscalía investigar. El presidente Flores creyendo que el informe le daba una imagen negativa justo antes de una importante reunión con los donantes en Suecia, llamó a Valladares y le exigió que retirara el informe, diciéndole: “No puedo ir a Estocolmo ahora, van a pensar que todos somos ladrones”, declaró Valladares…

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El caso CODEFHOR, quiebra bancos, anexo 6, caso IMP-Galvánica todos del año 2000 y vaso de leche y Trescom, 2001, todos metidos en esta misma olla de corrupción e impunidad, serán comentados en otra ocasión. Probablemente la administración de Ricardo Maduro Joest 2002–2006, sea la que esté plagada de más actos de corrupción, para efectos del libro del CNA del que estamos tomando la cita, se registran doce casos de corrupción en todos los frentes de la economía y en las distintas esferas de actividad.

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Como en los anteriores de caso de las administraciones pasadas, los casos fueron sobreseídos, nadie fue a parar a la cárcel o se hicieron las denuncias, pero la investigación de fondo nunca se hizo. Comparto solo sus titulares: el “gasolinazo”, falsificación de firmas FENEFUTH, el “maquinazo”, tráfico de armas, gas del caribe, “fiscalazo”, “titulazo”, caso INCEHSA, Alcaldía de San Pedro Sula, Alcaldía de Tegucigalpa, ciudad Ángel y Praf -Salud. La historia del “socialismo surrealista” comienza con Manuel Zelaya Rosales 2006–2009. Más allá que el mismo acto del golpe de estado, es un ejercicio de corrupción e impunidad por la forma en que se dio, la administración de Zelaya la más corta después del retorno a la democracia, se vio envuelta en significativos actos de corrupción, resumo los siguientes: el “avianazo”, naves usando el aeropuerto de Toncontín como “pedro en su casa”, con cargamentos nunca fueron confiscados y bajo la complicidad de las autoridades de la Dirección General de Migración. El caso “sesenta grados”, fue una denuncia a las compañías del petróleo por no entregar la gasolina a 60 grados Fahrenheit, el caso fue desestimado y los hondureños seguimos comprando gasolina sin el requisito que establece la ley, o sea estas empresas nos extorsionan y nos asaltan todos los días. El caso Orison Velázquez, el exministro de salud que violentó la administración pública con contratos y licitaciones sin el menor de los requisitos, fue otro de los casos muy sonado.

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En esta administración de Zelaya, el gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa al señor Callejas, diez años después por el caso FIFA, el gobierno de los Estados Unidos requiere a Callejas en una corte federal en New York, obviamente Callejas viaja sin visa. En el 2005 el Consejo Consultivo para la Reducción de la Pobreza, aprobó el mecanismo para la organización, priorización y financiación de proyectos. Este mecanismo que sustituyó el procedimiento metodológico por un cálculo político fue la puerta abierta para diputados y alcaldes tuvieran financiamiento para la relección y favoreció a las municipalidades grandes para concentrar recursos a través de una bolsa de 700 millones de lempiras. A través de un fondo de Taiwán, la directora del PANI de ese entonces, Rosario Godoy de Osejo, en el 2006, violó la ley de contratación pública. En el 2007, el alcalde por el Partido Liberal, Lorenzo Nikita Pendi desapareció con 6.5 millones de lempiras, dinero destinado para la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). La denuncia se hizo a través del Comisionada la ERP, Fernando García, pero nadie tomó acción para buscar al alcalde, recuperar el dinero y enviar el alcalde a la cárcel.

En el 2008, hubo un tráfico de dispensas, la DEI tomó cartas en el asunto se decomisaron más de 60 camionetas de lujo que obviando el pago de más de 250.000.00 lempiras, todos estos vehículos eran propiedad de personas importantes de la vida nacional. Siempre en el mismo año, siendo el Gerente General de Telecomunicaciones (HONDUTEL), el señor Marcelo Antonio Chimirri, suscribió contratos de servicios profesionales por la cantidad de 3 millones 375,000.00 lempiras, con abogados de bufetes privados, para defender a funcionarios de la estatal de las telecomunicaciones, como si estuviera manejando sus negocios privados. El señor Chimirri fue condenado por el delito pagando solo L 10.00 (diez lempiras) por cada día en libertad.

En el 2009, “la empresa Latin Node con sede en Miami, se declaró culpable y enfrenta cargos en el país del norte, por haber efectuado sobornos a favor de funcionarios públicos de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), por al menos un millón 90,000.00 dólares (USD) para lograr contratos y reducción de tarifas. Las coimas se hicieron a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto”. Este caso sigue en la impunidad. Otro caso sonado fue el del exministro de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), que al no ejecutar la garantía de cumplimiento por el contrato carretero La Esperanza – La Paz, el Estado perdió 12 millones 800,000.00 lempiras, a pesar de que empresa encargada del proyecto no había con este contrato carretero.

El “carretillazo”, ocupó por muchos días sendas planas en los medios de comunicación. El señor Enrique Flores Lanza, manifestó que del Banco Central de Honduras fueron retirados 50 millones de lempiras y fueron entregados a funcionarios del gobierno para el desarrollo del fallido proyecto de la Cuarta Urna. Los montos fueron entregados a los coordinadores por sectores, quedando en casa de gobierno 3 millones de lempiras, se desconoce de su paradero. La cuarto urna no se realizó, sobrevino el golpe de Estado y las liquidaciones no se efectuaron, así como nadie fue a parar a la cárcel por este caso.

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El gobierno de facto de Micheletti Baín (2009–2010), llega con las fauces abiertas para tragarse todo lo que sea posible, además es un hombre jugado en la política creado en el Congreso Nacional y siempre gobernando en el lado oscuro. Dan fe de las mañas de la corrupción de esta administración la adjudicación de concesiones hidroeléctricas, siendo socio de una compañía italiana, se le adjudica una licencia para la explotación de la Represa José Cecilio del Valle. La impresión de dos gacetas de la misma fecha con inclusión y supresión de la aprobación de este contrato hidroeléctricos solo es la punta del iceberg de la corrupción de su gobierno.

Con la administración de Porfirio Lobo Sosa 2010-2014, se inaugura el millonario defalco al Seguro Social y los cotizantes de la salud sufren las consecuencias con creces. Mario Zelaya es el principal ampón, apoyado por Javier Pastor y Carlos Montes exministro de salud y del trabajo. Lobo Sosa supo del defalco, pero no dijo nada por no afectar las elecciones internas del Partido Nacional, así lo admitió en una entrevista a un medio de comunicación. “Se procedió contra la Junta Directiva, que aprobó a propuesta del director, la sobrevaloración millonaria de los precios de medicamentos y equipos hospitalarios suministrados por empresas privadas, negociación con empresas constituidas al margen de la ley, celebración de contratos fraudulentos, compra de casas y edificios suntuosos, pago de servicios sexuales, extracción de millonarias cantidades de dinero a favor de los involucrados y sus testaferros, financiamiento de campañas de partidos políticos, que permitieron la sustracción de miles de millones de lempiras, con un sistema de corrupción compuesta en una red integrada por funcionarios, políticos y empresarios”.

El caso Patuca III es uno de los casos más rimbombantes en la corrupción del país. Con el Oficio N°. GG0393-A-2011, el Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), invita a presentar ofertas a empresas vinculadas con el narcotráfico, para la construcción de las Unidades de Viviendas del Campamento Base, con un valor de construcción de más de 100 millones de lempiras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), constató que los denunciados operaban mediante la ampliación desproporcionada de contratos, sin seguir los procedimientos legales. El perjuicio identificado por el CNA es superior a 102 millones de lempiras.

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El “Chatarrazo”, que sucedió en el 2014 consistió en una subvaluada venta de transformadores que falsamente los hicieron pasar como que se encontraban en mal estado. Los hallazgos de irregularidades fueron encontrados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). En la Subasta Pública No 01-2011, de los planteles de la ENEE, se entregaron transformadores que se encontraban en buen estado, bajo el argumento de ser chatarra, la subasta no se incluía su venta. El peso total de los transformadores vendidos fue de 1,540 toneladas métricas. Según el TSC, el precio que debió recibir el Estado por la venta de transformadores era de 67 millones 600,000.00 lempiras. Sin embargo, la ENEE vendió la “chatarra” a la empresa TMC Brokers Inc. por 2.5 millones de lempiras, identificándose un perjuicio económico al Estado por 65.1 millones lempiras.

Otros casos de significativo impacto en las finanzas del Estado son: la “jefa”, Instituto de la Propiedad, el “Plazaso”, INJUPEMP, OABI, otros. Lobo Sosa deja al país es un estado moribundo, prácticamente en la sala de cuidados intensivos, envuelto en una coma política y una galopante impunidad, para desgracia llega a la presidencia Juan Orlando Hernández (2014 -2018), y se instala un nuevo cartel de la política. “En los pasillos oscuros del IHSS, el partido del señor Hernández, deambula como fantasmas en los quirófanos donde opera sin anestesia la corrupción”. Así comienza el espiral de casos de corrupción:

El “carnetazo”, no bastando a Honduras ser un país expulsor de población, en el 2014, “la Cancillería de la República admitió que el gobierno de Honduras tenía conocimiento de la emisión de las identidades ilegales desde 2010. Por la emisión del documento se estaba cobrando a los migrantes hondureños un costo de entre USD 40.00 (cuarenta dólares) y USD 100.00 (cien dólares). Sin embargo, hasta que la denuncia salió en los medios de comunicación se procedió. En el 2015, por no cumplir con el indicador de control de la corrupción al igual que el 2009, Honduras deja de percibir de la Cuenta de Desarrollo del Milenio 15 millones (USD), 11 millones en ayudas económica y 4 millones por el canal seco. Siempre en el mismo año, “El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra la vicepresidenta del Congreso Nacional (CN), Lena Gutiérrez, y tres miembros de su familia, todos socios y miembros del Consejo de Administración de Astropharma, por suponerlos responsables de delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos y fraude en la utilización de registros sanitarios falsos, venta de medicamentos sobrevalorados y no aptos para el consumo humano, mismos que fueron adquiridos por la Secretaría de Salud y distribuidos a pacientes”.

“La no ratificación del rango constitucional para la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se debió a que algunos diputados se cotizaron como “caballos peruanos”, aseveró el exasesor presidencial, Marvin Ponce, en referencia a la cantidad de dinero que habrían solicitado”. En el caso de tráfico de influencias, “el señor Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, fue acusado por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad mientras ejercía su cargo; lo cual se materializó cuando supuestamente solicitó a jueces que dejasen en libertad a unos parientes, en el caso conocido como “Shalom”.

“La sustracción ilícita del expediente judicial del caso del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, es considerado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) como “Grave e inadmisible”. Este acto muestra la vulnerabilidad con que se maneja la información judicial en el país. A la vez muestra la podredumbre del sistema judicial, la total colusión de entre poderes y los niveles altos de complicidad de las autoridades a favor de las grandes transnacionales, por sobre los derechos ambientales de las personas descendientes de pueblos originarios; más allá de los daños irreversibles que a nuestro ambiente y entorno de vida, la explotación minera, los proyectos hidroeléctricos y otros proyectos autorizados por el Congreso Nacional, muchas veces sin los requisitos mínimos o contrario a la normativa nacional. Otros casos como las campañas sucias financiadas con dinero del narcotráfico, el lavado de activos del IHSS por él que fue declarado culpable el periodista Henry Gómez, así como varias cosas de corrupción a nivel de los gobiernos locales.

“El 19 de enero de 2016, en la ciudad de Washington DC, el presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado y el Secretario General de la OEA, Luís Almagro, firman el convenio entre el gobierno de Honduras y la OEA, para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el país, debido a que la corrupción y la impunidad han alcanzado niveles alarmantes”. Sin embargo, la corrupción y la impunidad continua y los carteles de la droga ya no están infiltrados en la política, sencillamente forman parte de la política que corroe cada día los pocos escombros que quedan de lo que un fue nuestra nación.

Mientras el gobierno mostraba “su buena voluntad” para conformar e implementar la MACCIH en Honduras, el presidente Hernández tenía pleno conocimiento que la corrupción se estaba pudiéndose en su gobierno, pues él es y será parte de esa caravana de corrupción que se consolidó con el caso “pandora”. Hoy hay 38 funcionarios imputados por el descalabro de 298 millones de Lempiras, algo así como 11.7 millones de dólares. Si el dinero se gastó en campañas políticas, sobornos, chantajes, regalías, entre otros, nadie a la fecha ha dicho que regresará el dinero o parte del dinero. Elvis Santos, político mañoso que lo heredó de su padre ladrón cuando fue alcalde de Tegucigalpa, su partido recibió 99 millones de Lempiras para la campaña política y, por otra parte, Celín Discua, viejo zorro del Partido Nacional, admitió que el dinero que sustrajeron de la Secretaría de Agricultura fue gastado en la campaña de su partido. Hilda Hernández, la hermana desaparecida del presidente Hernández (muerta en un accidente aéreo), fue la arquitecta de esta banda, según manifiesta la investigación de la MACCIH –cartel que se organizó para descalabrar las finanzas del Estado de Honduras. Por ese caso tuvo que haber sido destituido y llevado a juicio político a los tribunales de justicia el presidente Hernández; sin embargo, sigue galopando en el negro corcel de la corrupción.

Narcoactividad, violencia y desigualdad en Centroamérica: detonantes del desplazamiento forzado de población.

De acuerdo con el estudio publicado por el Banco Mundial en el 2011 “Crimen y Violencia en Centroamérica. Un Desafío para el Desarrollo”, hace anotaciones y hallazgos importantes que son estructurales a los Estados, sobre todo, se establecen las relaciones que existe entre las bandas del narcotráfico y las maras juveniles y su impacto en el recrudecimiento de la violencia y la migración y, por supuesto, como afecta el desarrollo de los países de la región. En el 2011 este estudio nos alertaba (…) El Salvador, Guatemala y Honduras – los índices de crimen y violencia se encuentran entre los tres más altos de América Latina. En los demás países de la región – Costa Rica, Nicaragua y Panamá – los niveles de crimen y violencia son significativamente menores, pero un aumento sostenido de los índices de violencia en años recientes es motivo de preocupación.(2)

Es decir que la violencia y la delincuencia pueden ser consecuencias probables de las migraciones, y no solo las causas económicas o familiares, o dicho de otra manera, la violencia y la delincuencia pueden motivar a migrar y más cuando se tiene miedo o se es víctima y cuando a la vez se respira por parte del afectado un nivel de inseguridad. Se puede sostener consecuentemente que es muy probable que la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica sea una de las causas principales del desplazamiento de muchas personas hacia Norteamérica, principalmente hacia México y los Estados Unidos, ya que son, a su vez, los tres países del Triángulo Norte los que tienen los más altos niveles de delincuencia y violencia en la región y son al mismo tiempo los que tienen el mayor número de migrantes en la región (Hiskey, Malone y Orcés, 2014).(3)

Antes de comprender el fenómeno de la narcoactividad en C.A., es imprescindible comprender los distintos factores que han incrementado la violencia y la delincuencia y por supuesto, los distintos enfoques de abordaje. Estudios realizados en las zonas de conflicto armados que se suscitaron en la década de 1980 en los países de Centroamérica, no nos permiten aducir que el origen de la violencia actual viene del escenario de los conflictos armados, por lo consiguiente podemos afirmar que es un tema descartado. Los departamentos que sirvieron de escenario para la guerra actualmente no son los más violentos y cuentan con los índices menores de homicidio y delito; “no hay una gran coincidencia entre la geografía de la guerra y la geografía del crimen en El Salvador y Guatemala” (Cardenal 2008). Según esta investigadora el mayor factor de violencia en Centroamérica es “la desigualdad”, para Cardenal la comprensión de la violencia requiere de un “enfoque integral” en el que se tomen en cuenta “factores individuales, contextuales, sociales y económicos” (p. 69).

Tampoco la educación, la pobreza o el desempleo sean factores explicativos de las tasas de homicidio nos afirma Cardenal; la desigualdad sigue siendo el razonamiento más explicativo de las tasas de homicidio en los países de la región. Un análisis similar al de Cardenal, lo hace la investigadora de León (2008) “La violencia es producto del impacto sicológico y pérdida del tejido social causado por los diversos conflictos armados vividos en la región; de la debilidad institucional y de la ausencia de políticas públicas incluyentes y equitativas” (p. 71). Es claro que el enfoque de Cardenal se distancia del de León, al no comulgar que la violencia actual es fruto de los conflictos armados del pasado.

Este planteamiento contrasta con el estudio del Banco Mundial donde se recalca que “las largas guerras civiles y el aumento en la importación de armas de fuego en los años posteriores a la guerra interna, han dejado a Centroamérica sumergida en armas. Estudios independientes indican que aproximadamente 4,5 millones de armas pequeñas se encontraban en la región en 2007, la gran mayoría de las cuales eran ilegales. Debido a lo anterior, las armas a menudo se utilizan en los crímenes violentos. Un estudio de 2008 del Small Arms Survey, con sede en Ginebra, reveló que las armas de fuego estaban presentes de manera abrumadora en incidentes reportados como crímenes violentos en Guatemala. En El Salvador se encontraron resultados similares (Banco Mundial 2011).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (2012, p. 5). La violencia del último decenio no solo es propio de las áreas urbanas, hay mucha violencia en área rural y en las áreas donde ha existido marginamiento y exclusión social, particularmente donde siempre hubo una ausencia del Estados a través de programas sociales y de desarrollo.

Las formas y los grados de violencia que enfrentan las personas migrantes centroamericanos pareciera que dependen de la “suerte” que tiene cada persona. Ni en México ni en los Estados Unidos no exista la garantía de respetar sus derechos de esos otros que “amenazan” la seguridad nacional. Los Estados receptores de migrantes emplean diferentes medidas para excluir y eliminar la población “no autorizada”. Las políticas migratorias cada vez más restrictivas y el fortalecimiento gradual de la vigilancia fronteriza se traducen las prácticas violentas de instituciones, organizaciones, e individuos. También guían la percepción de la población nativa sobre la extranjera hasta el grado de que ciertas formas de violencia ya no se consideran como tal, es decir, se normalizan.(4)

Durante años los países del Triángulo Norte, como Estados han ejercido sobre la población las formas más crudas y crueles de violencia, mucha de esta violencia ha sido ejercida hacia la mujer y los niños, niñas y adolescentes (NNA). El abandono y la exclusión social es una de las formas más antiguos de violencia, así como la precariedad en los sistemas de salud, educación, vivienda, pilares básicos para un desarrollo humano integral. Esta región por otra parte, en las últimas dos décadas ha sido sometida -en forma cíclica – a un conjunto de desastres antropogénicos que van desde potentes huracanes, inundaciones, sequias, terremotos y deslaves y en cualquiera de los casos, las comunidades y las personas nunca volvieron a la normalidad, es decir, nunca lograron recuperarse de las pérdidas materiales, no digamos las humanas. Los Estados -lejos de ser eficientes en la respuesta y en la recuperación de los medios de vida – nunca mostraron un compromiso real con la población. El impacto de cada desastre en amplias capas de población en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad ha sido impresionante, provocando desplazamiento forzado y en porcentajes muy alto una emigración hacia el norte.

El trato histórico de México y Estados Unidos hacia la región nunca ha sido generoso, mucho menos solidario y comprensiblemente humano. Siempre han legislado para frenar a los flujos de migración así evitar el ingreso de los “no autorizados”. Por ejemplo, la solicitud de visa de ingreso a México que este país solicita a ciudadanos de países pobres de la región fue una imposición del gobierno de los Estados Unidos como parte de las medidas restrictivas. También tuvo influencia determinante en la política mexicana en el combate de la migración indocumentada en tránsito al concebirla como una “amenaza” al relacionarla con la guerrilla, el narcotráfico, las pandillas y la mara o el terrorismo. El bastión para la prevención de la migración irregular o para todos aquellos casos que representan una “amenaza” a la seguridad nacional de ambos Estados, ha sido y es la frontera sur de México.

“México ha deportado a más centroamericanos que Estados Unidos en los últimos años, según reportes de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador. La información proporcionada al periódico mexicano El Universal revela que de 2015 a 2018, México deportó a 436,125 centroamericanos. Cifra que superó los números de 2011 a 2014 de EEUU, cuando deportó a 293,813 originarios de los países del llamado Triángulo Norte. El Instituto de Migración de Guatemala y el Centro de Atención al Migrante

Retornado de Honduras son las dependencias que reportaron las cifras”.(5)

De acuerdo al estudio de Asakura, en los años 1980 durante el conflicto armado en Centroamérica, México siempre tuvo una actitud ambigua, mientras acogía a refugiados al mismo tiempo incrementaba las deportaciones, sobre la base de percepciones xenofóbicas al considerarlos como amenazas económicas o posibles integrantes de la guerrilla. Mientras los Estados Unidos era totalmente contradictorio: por una parte, intentaba defender la seguridad regional impidiendo el ingreso de posibles guerrilleros centroamericanos, conflictos que ellos mismos financiaban como fue el caso de Nicaragua, EL Salvador y Guatemala. Por otra parte, las personas huían de los conflictos y veían en los Estados Unidos como una opción de refugio, sin embargo, este país endurecía más las políticas migratorias y de refugio. Tampoco los países de la región nunca reclamaron a los Estados Unidos una política de responsabilidad compartida.

Mientras tanto la droga recorre las fronteras y los pasillos oficiales y perfora los muros porosos de la institucionalidad de gobierno, como lo advierte el informe del Banco Mundial: “La guerra contra las drogas ya derivó en niveles de extrema violencia, dañando las instituciones judiciales. Las opciones para abordar el tremendo flujo de drogas en la región parecerían limitadas. (…) Dados los altos niveles de corrupción relacionados con la droga en el sistema de justicia penal y los vastos recursos de los traficantes, la evidencia indica que dedicar más recursos a los esfuerzos contra el narcotráfico probablemente no reduzcan la violencia en Centroamérica (Banco Mundial, sección iv, 2011).

Este panorama claro y convincente en el sentido que la guerra contra las drogas y los carteles de narcotraficantes los países pueden aspirar a reducirlo actuando como bloque regional con sólidas políticas y estrategias, similares a las puestas por la CICIG en Guatemala.

Ahora que vemos hacia atrás con un poco de nostalgia y los procesos de aprendizaje dejados tras la firma de los Acuerdos de Paz, que marca la finalización de un conflicto armado y el inicio de una era de “paz y desarrollo”, los organismos financieros internacionales ideólogos de la implantación del neoliberalismo, se equivocaron al personar que el crecimiento económico pronosticado resolvería todos los problemas. Tres décadas de la firma de esos acuerdos la región es el resultado de un proceso de desarrollo desigual e inequitativo, permeado por la narcoactividad que ha vuelto poroso todo el engranaje institucional de los gobiernos y por si fuera poco asistimos a dos décadas donde los estados experimentan el peor latrocinio jamás registrado en la historia de Centroamérica.

Este escenario catastrófico conlleva a una profunda desafección política por parte de los ciudadanos, que al no creer en sus autoridades e instituciones desde las jerarquías de alto nivel, mandos intermedios y “líderes religiosos”, sumado a la gradual y sistemática infiltración del narcotráfico en las fuerzas armadas y el aparato policial y la captación de estos carteles de la droga a la maras y pandillas ha disparado los índices de violencia y delincuencia, así por ejemplo: “Centroamérica registró en el 2017 al menos 14,575 homicidios, 13,129 de ellos en el llamado Triángulo Norte (…) Las autoridades reportaron bajadas respecto al 2016 del 25 por ciento en El Salvador, que registró 3,954 homicidios y una tasa de 60 homicidios por cada 100,000 habitantes; del 26.4 por ciento en Honduras, que contabilizó 3,791 casos y con tasa de 42.8; y del 1.37 por ciento en Guatemala (5,384 homicidios y una tasa de 26.1 homicidios por cada 100,000 habitantes)6

Por último, como nos refiere el estudio del Banco Mundial 2011: Crimen y violencia en Centro América, un desafío para el desarrollo, los costes asociados a la violencia y delincuencia en los países del Triángulo Norte y el impacto en la legitimidad en las instituciones, (…) los costos para Guatemala equivalen al promedio regional, mientras para Honduras, Nicaragua y El Salvador excedieron el 9 por ciento de PIB. En promedio las victimas de la violencia: (i) tienen menos confianza en el sistema de justicia penal; (ii) aprueban mas la idea de aplicar la ley por mano propia; y (iii) disminuye la creencia de que siempre debe de respetarse el estado de derecho.

Finalmente, cada día estamos frente a un complejo escenario donde no existe, por parte de los gobiernos de la región, ni la mas remota idea de revertir la anarquía, atacar en forma estructural la corrupción y la impunidad. La narcoactividad convulsiona y erosiona los amagos de democracia, existe un caravana de desafección política de las instituciones del Estado y se acentúa – en las amplias capas de la población – la idea de emigrar como única opción para forjar una nueva vida cruzando las fronteras a cualquier costo y bajo cualquier circunstancia; aun si importar los factores de riegos para la propia vida. Bajo esta perspectiva la migración sigue siendo una decisión forzada y nunca una opción.


Referencias bibliográficas:

1 100 años de corrupción e impunidad en Honduras, desde una percepción ciudadana. Consejo Nacional Anticorrupción (CNA, 2017)

2 Crimen y Violencia en Centroamérica. Un Desafío para el Desarrollo. Banco Mundial 2011.
JS / PARTE II: LA CARAVANA DE MIGRANTES

3 Jiménez, E. V. (2016).. Papel Político, 21(1), 167-196. http://dx.doi.org/10.11144/ Javeriana.papo21-1.vtnc

4 Asakura Hiroko, Migración femenina centroamericana y violencia de género: pesadilla sin límites

5 Consultado a: https://eldiariony.com/2018/10/21/mexico-supera-a-eeuu-en-deportaciones-de-centroamericanos/

6 Consultado https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/454772-centroamerica-registro-14-575- homicidios-2017-mayo/

7. Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo. Banco Mundial 2011.

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