/BREVE HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS: DEL CONTRABANDO DE LA COLONIA A TEXTILES RÍO LINDO

BREVE HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS: DEL CONTRABANDO DE LA COLONIA A TEXTILES RÍO LINDO

Contrario a lo que muchas personas parecen creer, la corrupción no es un fenómeno reciente en la Historia de Honduras. Toda nuestra Historia se encuentra plagada de escándalos de corrupción e impunidad, unos involucra a gobernantes y militares, otros a banqueros y empresarios que luego aparecían en la sociedad como exitosos hombres de negocios. En este pequeño resumen haremos el recuento de varios incidentes, que nunca fueron castigados con cárcel y de la cual el pueblo hondureño sigue pagando la cuenta.

Ya en el periodo colonial, los interese locales se vinculaban a la burocracia para contravenir las disposiciones reales con relación al tratamiento de la mano de obra laborante en las minas y obraje de añil.

El Contrabando en el Siglo XVIII fue una práctica común en esta colonia para burlar el monopolio oficial. Las fronteras del Imperio colonial español eran muy permeables, y las ciudades establecidas en suelo americano se convirtieron en potenciales clientes ávidos de los productos que desembarcaban desde barcos operados por europeos no españoles.

Guillermo Céspedes del Castillo,  Historiador americanista español, considerado la máxima autoridad en las instituciones políticas, la sociedad y economía de la América Virreinal, indica que “a comienzos del siglo XVII son los extranjeros los principales beneficiarios del comercio de Indias en Sevilla; a través de testaferros españoles, más del 90% del capital y utilidades del tráfico entre América y el puerto andaluz pertenecen en realidad a franceses, genoveses, holandeses, ingleses y alemanes… En 1686, las flotas [españolas] surtían sólo en una tercera parte a los mercados indianos, que eran abastecidos en los restantes dos tercios por el contrabando“.

Ya en 1821, año de la independencia centroamericana y de la muerte del alcalde de Tegucigalpa Narciso Mayol, se registra en la historia nacional la fuga del tesorero de la ciudad de Real de Minas de Tegucigalpa, José María Midence, con más de diez mil pesos en plata, dejando la ciudad en banca rota. 

El dinero nunca se recuperó y el ex tesorero no volvió a aparecer por tierras hondureñas, a lo menos no aparece más en los libros de Historia.

Aparece sí otro escándalo de corrupción, este con otro José María, Medina, quien contrajo una deuda externa excesiva para su tiempo, con el propósito de construir un ferrocarril interoceánico, que nunca se construyó.

EL CARO FERROCARRIL QUE NUNCA SE HIZO

Él proyecto del ferrocarril interoceánico había sido estudiado años antes, durante la presidencia del General José Trinidad Cabañas, pero fue en el gobierno de Medinón que se contrata el empréstito. En dicha transacción participaron diplomáticos hondureños, banqueros e intermediarios financieros europeos. Salieron muchos nuevos ricos y el ferrocarril nunca se concluyó.

El préstamo para su construcción no terminó de pagarse sino 100 años después, durante la administración de Juan Manuel Gálvez.

Lea: José María Medina y el ferrocarril nacional interoceánico (1863-1872)

Maria de los Ángeles Chaverri Mora y Vicente Zavala Pavón, en su libro Apuntes sobre la historia de la corrupción en Honduras (pag. 140-141) establece que el paso de Honduras de colonia a República (bananera) adhiere otro elemento a la estructuración de la cultura de la corrupción, cuando las empresas internacionales hicieron uso del soborno de políticos inescrupulosos, legisladores, presidentes y militares para adquirir beneficios y leyes favorables.

DE LOS ALEMANES EN EL CARIATO AL BANANAGATE

Los mismos autores antes citados, en su libro Probidad y ética en las políticas públicas: el caso de Honduras, (Foprideh, 2006) señalan cómo en la Segunda Guerra Mundial, luego que el gobierno de Tiburcio Carías Andino le declarara la guerra al gobierno alemán, en 1941, vía decreto y con el apoyo de sus comandantes de armas, procedieron a despojar  de los bienes o negocios a ciudadanos germanos, como los Siercke o la familia Rossner, cuyos negocios y pertenencias fueron a parar a manos de cercanos colaboradores del gobierno.

Más adelante, en 1974, Honduras junto a otros países exportadores de banano acordaron cobrar 50 centavos por caja exportada de banano. El impuesto de Honduras había entrado en vigor en abril de 1974, pero fue cancelada repentinamente, cuatro meses después.

El 9 de abril de 1975 The Wall Street Journal de Estados Unidos informó que se estaba investigando a la United Brands por cargos de defraudación a sus accionistas, a quienes no se les había informado sobre el acuerdo que logró la empresa con el gobierno de Honduras, al que se le había pagado un soborno por US$ 2.5 millones de dólares para lograr una rebaja del impuesto a la exportación de bananos.

El escándalo fue conocido en la Historia de Honduras como “Bananagate”.

Eli M. Black, presidente de la United Brands Company aceptó haber pagado el soborno a las autoridades hondureñas para conseguir la derogación del impuesto. López Arellano y su ministro de economía, Abraham Benatton Ramos resultaron involucrados, según The Wall Street Journal en su edición del 9 de abril de 1975.

Las Fuerzas Armadas de Honduras reaccionaron al escándalo destituyendo a López Arellano y reemplazándolo con el coronel Juan Alberto Melgar Castro.

En este caso de corrupción también imperó la impunidad.

Con la llegada del sistema democrático al poder se restringe a los militares y la administración económica del estado recae en los políticos que adquieren la administración de los órganos del estado.

Aquí surge la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), de la que ya hablamos ampliamente en otra entrega.

Lea: Quién quebró a Conadi y quiénes fueron los responsables

Ciudad Mateo, foto La Tribuna.

EL MINISTERIO PÚBLICO, LA NUEVA ERA DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS

Veníamos del gobierno de Callejas. Todos en Honduras coincidían en pensar, antes de 1994, que Honduras era víctima de una desenfrenada ola de Corrupción y que se carecía de las estructuras para atacarla. Surge entonces el Ministerio Público, bajo la dirección del abogado Edmundo Orellana Mercado.

Entre los departamentos más sobresalientes del Ministerio Público estaba la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, que inició una guerra sin cuartel contra las manifestaciones de corrupción del gobierno, precisamente de Rafael Leonardo Callejas.

El Ministerio Público acusó a Callejas por los ilícitos de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, abuso de autoridad, abrogación de funciones correspondientes al cargo y fraude en el caso del Petrolazo, Comunitas, la Familia I, La Familia II, Brazos de Honduras, Ciudad Mateo y el Chinazo. En ninguno logró probar culpabilidad, aunque los juicios fueron duramente cuestionados por supuesta mediatización en los fallos.

La jueza Mildra Castillo (involucrada luego en el caso de Barcorp) extendió cinco cartas de libertad a favor de Callejas y Normandina Ortiz otras dos (ella fue suspendida más adelante por la CSJ por haber otorgado medidas cautelares a dos ciudadanos vinculados al crimen organizado, capturados con material de guerra).

La Sala de lo Penal de Francisco Morazán ratificó más adelante las 16 cartas de Libertad definitiva que recibió el expresidente, en los casos de corrupción de su administración.

Pero fue el fiscal y amigo de Callejas, Ovidio Navarro, electo en 2004, quien se dedicó a limpiarle la cara y los archivos del expresidente. Las cartas de libertad que recibió Callejas Romero por todos los cargos de corrupción en su contra, fueron luego ratificadas finalmente por Vilma Morales en 2009 y la historia allí terminó.

Huracán Mitch, 1998. Vista de Comayagüela desde el puente Mallol. Foto La Tribuna

LO QUE EL MITCH NOS DEJÓ

Para ese entonces, en 1998, la fiscalía contra la corrupción contaba con trece fiscales para realizar su trabajo a nivel nacional. Habían denuncias de corrupción básicamente contra todo mundo: contra la Contraloría General de la República, ahora Tribunal Superior de Cuentas, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional, Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, Instituto de Previsión del Magisterio, Varios Consulados, Relaciones Exteriores, Congreso Nacional, Marina Mercante, Aeronáutica Civil, Registro de la Propiedad, Registro Nacional de las Personas, Tribunal Nacional de Elecciones, ahora Tribunal Supremo Electoral, Algunas Alcaldías de todo el país, Recursos Naturales, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación Pública, Ministerio Público, Dirección de Investigación Criminal, Instituto Nacional Agrario, Instituto Nacional de Prevención de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Obras Publicas Transporte Policía Nacional y Vivienda y otros.

No hay, sin embargo, condenas significativas a corruptos por ninguno de estos casos.

En 1998, con la llegada del huracán Mitch a Honduras, gran parte de la infraestructura económica del país colapsa, creando una crisis que cambiaría la historia del país de manera dramática. Los países amigos desembolsaron grandes sumas de dinero con el fin de aportar a la reconstrucción de Honduras. De esta parte de nuestra historia hay mucho por contar, dejaremos para una próxima entrega un análisis más profundo del manejo de los fondos que llegaron para labores de reconstrucción después del Mitch.

Pero la idea de que la corrupción es únicamente acción del gobierno, es equivocada. Ya en este medio hemos hablado antes de la corrupción desde la empresa privada y la burguesía financiera.

Léase: Crisis bancaria: estafa, corrupción e impunidad.  (Nota sobre los quiebra bancos en 4 entregas)

Banco de los Trabajadores, Comayagüela.

Uno de los casos más interesantes, que involucra a actores no relacionados con el gobierno, es el que se dio entre directivos del Banco de los Trabajadores y la empresa Textiles Río Lindo.

Según consta en la demanda presentada por la Fiscalía en contra de los ejecutivos del Banco de Los Trabajadores, en sesión que se realizó el 14 de marzo de 2006, a sugerencia del gerente general, se aprobó un crédito por el valor de un millón de dólares a la empresa Textiles Río Lindo.

El crédito que se había solicitado era para inversiones de trabajo y la empresa, propiedad del expresidente de la ANDI Adolfo Facussé, no tenía capacidad de pago, ya que “técnicamente estaba quebrada”, dice la nota de prensa que aparece en esa época.

La empresa Textiles Río Lindo puso como garantía su maquinaria, que años antes había sufrido la embestida del huracán Mitch. Luego de hacerse efectivo el crédito, la empresa entró en mora. Cuando el banco quiso ejecutar la garantía descubrió que la maquinaria estaba en deplorable estado y el préstamos fue a pérdida.

El Fiscal Especial Contra la Corrupción, Henry Salgado, presentó requerimiento fiscal por delitos financieros en contra de los ex directivos del Banco de Los Trabajadores, manifestó que dicho requerimiento abarca a toda la junta directiva, por el delito financiero establecido en el Código Penal. Añadió que parte de la responsabilidad determinada fue adquirida del informe presentado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

“La CNBS presentó un informe especial donde nosotros determinamos la responsabilidad sobre algunos hechos irregulares que colindan con la responsabilidad penal”, expresó.

Explicó que el delito financiero se encuentra involucrado al préstamo de alrededor de un millón de dólares a Textiles Rio Lindo.

“Es obvio que no todos los casos, colindan con la responsabilidad penal pero el primero de ellos que estamos enviando es el caso de un préstamo por casi el valor de un millón de dólares a Textiles Rio Lindo”, dijo.

Vilma Morales, la misma abogada que luego desde la CSJ limpiaría ratificaría las cartas de libertad de Rafael Callejas, era en ese tiempo la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

La acusación fue contra Gustavo Adolfo Zelaya, gerente general, y Miguel Machetti, Isidro Rigoberto Romero Lozano, José Dolores Valenzuela Gavarrete, Luis Fernando Laínez Zambrano, Juan Carlos Saravia Rivera, José Alfredo Elvir Hernández, y Carlos Wilfredo Cruz Mejía.

Los exdirectivos del Banco de los Trabajadores autorizaron préstamos a personas inexistentes o quienes no tenían capacidad de pago, según argumentó el Fiscal Henri Salgado en su momento. Fueron 378 millones de lempiras, que representan el 99% del capital del banco, lo que se otorgó como préstamo a empresas que no tenían capacidad de pago. El mal manejo de las finanzas del Banco de los Trabajadores terminó descapitalizando la institución financiera.

En abril de 2014, el juez número 6 dictó Sobreseimiento Definitivo, a favor de los ejecutivos del Banco de los Trabajadores.

Al igual que todos los otros escándalos de corrupción en la Historia de Honduras, el dinero del desfalco del Banco de los Trabajadores nunca se recuperó. Toda esta situación hizo que el índice de mora del banco subiera a 25% cuando el promedio normal en la banca es de 4.3%. El banco entró en una crisis, las cooperativas de ahorro tomaron control de él y los responsables, como ha sido una constante en nuestra Historia, siguen disfrutando del dinero que nadie les cobra.

Adolfo Facussé, dueño de Textiles Río Lindo, desfalcó Banco de los Trabajadores con un préstamo de un millón de dólares. Ahora es un abanderado de la lucha contra la corrupción. Foto La Tribuna.

Óscar Estrada (Honduras, 1974). Es guionista, novelista y abogado. Productor de radio novelas y documentales sociales. En 2008 dirigió el largometraje «El Porvenir». Ha publicado los libros «Honduras, crónicas de un pueblo golpeado» (2013), la novela «Invisibles» (2012) y más recientemente su colección de cuentos «El Dios de Víctor y otras herejías» (2015). Fundador de la revista «Lastiri». Actualmente dirige la editorial con sede en Washington D.C. Casasola LLC.