Entre 1998 y 2003 el Sistema Financiero hondureño sufrió pérdidas multimillonarias por la crisis de instituciones bancarias y asociaciones financieras declaradas en quiebra. Los casos más sonados fueron los del Banco Corporativo (BANCORP), Banco de Crédito y Seguros (BANCRESER) y Banco Capital. El Estado hondureño se vio forzado a extender fideicomisos de miles de millones de lempiras para evitar un caos en la economía del país y reembolsar sus ahorros a los cuentahabientes.
El proceso había iniciado un par de años antes, cuando en 1993 y 1994 se fundaron las instituciones bancarias BANCORP, BANHCRESER y CAPITAL; que según los expertos había causado una sobreliquidez bancaria (había mucho dinero), por lo que los bancos, interesados en crear una propia cartera de negocios, comenzaron a realizar préstamos a los sectores productivos sin antes estudiar la capacidad de retorno de esos dineros otorgados.
Desde la creación del Banco Atlántida en 1913 hasta la fecha, han quebrado más de 30 bancos privados en Honduras, decenas de cooperativas y otras entidades financieras.
Honduras registra una vasta cantidad de casos de desaparición de instituciones financieras, la mayoría por quiebras y liquidaciones cuyas causas han estado casi siempre ligadas a factores como la corrupción, fraude, estafa e ineficacia administrativa.
Algunas fueron el Banco El Ahorro Hondureño, S.A. (BANCAHORRO), Banco Nacional de Fomento (BANAFOM), Casa Propia, Asosación de Ahorro y Préstamo, S.A., Banco del Comercio, S.A. (BANCOMER), La Constancia, Asosación de Ahorro y Préstamo, S.A, La Vivienda, S.A., Banco de las Fuerzas Armadas, S.A. (BANFFAA), Banco Uno, S.A., Banco de la Producción, S.A. (BANPRO), Banco Corporativo, S.A. (BANCORP), Banco Hondureño de Crédito y Servicio, S.A. (BANHCRESER), Banco Capital, S. A., Banco Sogerin, S.A., Banco Mercantil, S.A. (BAMER), Banco Futuro, S. A., Banco Citibank de Honduras, Banco HSBC y Banco Continental, entre otros.
Las liquidaciones forzosas de BANCORP, CAPITAL y BANCRESER, han sido de las más importantes de la historia, no sólo por el propio hecho de las quiebras de esas instituciones, sino por todos los elementos contextuales que rodearon lo que a partir de ahora denominaremos la “crisis de los 90´s”.
Reforma financiera y causas de la crisis
A mediados de la década de 1990 las autoridades estatales iniciaron un proyecto de reforma en el sistema financiero nacional, influenciadas por organismos internacionales de crédito, en pro de la mejora de las prácticas económicas y la seguridad financiera de los Estados y la región.
Dicha reforma tuvo su amparo en los Acuerdos de Basilea. En su estudio de caso sobre las Liquidaciones forzosas en la banca hondureña: sus causas y propuestas para reducir sus reincidencias, el banquero hondureño Pedro Barquero Quezada ha considerado que los Acuerdos de Basilea se enfocaron en que «las autoridades de cada país supervisaran la sanidad de sus sistemas financieros mediante adecuaciones y relaciones financieras. Éstas pretendían ser aplicadas como una alerta temprana para avizorar a tiempo los riesgos de liquidaciones financieras, las políticas de análisis de estrategias y riesgo de crédito, negocios, mesa cambiaria, expansión de operaciones y territorios, operaciones y procesos[1]».
Los Acuerdos de Basilea[2] eran el intento de los grandes consorcios y entidades financieras del mundo por crear una banca global. Era la globalización de la banca. Gracias a ella, los grandes bancos se fortalecieron, mientras que los pequeños bancos de las periferias se vieron afectados. Las crisis bancarias de otros países latinoamericanos como Ecuador, Nicaragua y El Salvador son una muestra de ello.
La reforma financiera hondureña sin embargo no tuvo los resultados esperados. La crisis comenzó con la “fiebre crediticia” de los años 1996, 1997 y 1998, cuyos excesos provocaron un sobreendeudamiento en algunos sectores productivos, particularmente en el sector agropecuario.
En 1994 y 1996 se crearon respectivamente BANCORP, BANCRESER y CAPITAL, a raíz de las aperturas concedidas por las autoridades como parte de la reforma financiera y los Acuerdos de Basilea. Este aparecimiento de tres nuevos bancos permitió una gran liquidez bancaria y una oportunidad crediticia para el sector productivo, que no encontraba mayor incentivo en la banca estatal.
La crisis financiera fue producida por la incompetencia de los funcionarios de las instituciones públicas encargados de supervisar y fiscalizar las actividades financieras de los bancos, sus administradores y sus accionistas; pero también por la caída de los precios internacionales, la sostenida pérdida de competitividad del sistema productivo en el mercado internacional, la elevación de las tasas de interés reales, y por los incontables daños del Huracán Mitch.
La ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), emitida el 18 de noviembre de 1995 bajo Decreto 155-95, considera que «de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, el titular del Poder Ejecutivo ejercerá la supervisión, vigilancia y control de las instituciones bancarias, aseguradoras y financieras por medio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros… Que la liberalización de que está siendo objeto la economía expone a nuevos riesgos a las instituciones financieras, por lo que es conveniente fortalecer los sistemas de supervisión, vigilancia y control de las mismas».
En su capítulo I, artículo N°1, decreta que «la Comisión supervisará las actividades financieras, de seguros, provisionales, de valores y demás relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; y otras instituciones financieras y actividades determinadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros; además vigilará que las instituciones supervisadas cuenten con sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo…».
A finales de 1998 cuando un reducido sector de la prensa comenzó a informar sobre la posible crisis bancaria, aun no se sabía con certeza cuáles eran sus factores incidentales. El gobierno de Carlos Flores Facussé había iniciado con ánimos reformistas. El debate nacional estaba enfocado en el paquete de medidas fiscales impulsado desde el Ejecutivo, la reformulación de las Fuerzas Armadas, la capitalización de Hondutel, la privatización de las empresas nacionales, y la crisis económica que se vivía en todo el mundo[3].
En 2002, cuando fue consultada sobre los hechos que provocaron la crisis y sobre por qué la CNBS no había hecho su trabajo de fiscalizar a los bancos, su entonces presidenta, Ana Cristina Mejía, declaró que «el asunto era que los socios del Banco Capital se repartieron unos 400 millones de lempiras (aproximadamente 23,5 millones de dólares) sin ninguna garantía, y los traspasaron como préstamos a otras empresas de su propiedad», refiriéndose a un solo caso, pero esquivando responder sobre la responsabilidad no cumplida por la CNBS.
Para un informante clave en esta investigación —cuyo nombre obviaremos por seguridad— la crisis bancaria en Honduras «inició con la firma de los Acuerdos de Basilea», y en lo que se refiere a los tres casos estudiados, no hubo ningún quiebra bancos, y «toda la responsabilidad fue de los gobiernos; porque si las instituciones y funcionarios encargados de velar por la funcionalidad, fiscalización y transparencia del sistema financiero (de los bancos) hubiesen hecho su trabajo, no habría ocurrido ninguna anomalía. Muchos de los funcionarios, incluidos altos mandos del gobierno sabían lo que estaba sucediendo, pero no hicieron nada porque a algunos de ellos les convenía. Aquí lo que hay que preguntarse es si esos funcionarios que no dijeron ni hicieron nada para denunciar la serie de abusos que se estaban cometiendo por parte de los bancos, se beneficiaron de las quiebras, es decir, ¿esas quiebras fueron de compadre hablado entre los accionistas y los altos funcionarios?».
En realidad —continúa— «las liquidaciones de esos bancos eran también un asunto político. No podemos olvidar que todos los bancos hondureños en quiebra han sido liquidados por gobiernos nacionalistas, y que sus dueños han sido liberales».
Esto último resulta parcialmente cierto, sobre todo si consideramos que las quiebras de BANCORP, CAPITAL y BANCRESER ocurrieron entre 1998 y 2003, durante todo el gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2002), y que las causas de las mismas habían iniciado en el también gobierno liberal de Carlos Roberto Reina (1994 y 1998).
La crisis del sistema financiero fue silenciada por la mayoría de los medios tradicionales, sobre todo porque «la banca paga millones de lempiras a la prensa». La prensa publicó pequeñas notas sobre la iliquidez que acechaba a la banca, pero no profundizó en el tema. Cuando quiso hacerlo fue contundentemente detenida. Como en el caso de la periodista y por entonces presentadora del reconocido noticiero TN5 de la Corporación Televicentro, Rossana Guevara, quien fue querellada el 7 de agosto del 2003 por “difamación y calumnia”, luego de presentar un informe en el noticiero sobre la corrupción y fraude que rodeaba las quiebras bancarias.
En 1998 el debate económico se centró en la reducción del encaje legal. El entonces presidente del Consejo Hondureño de la Empresa privada (COHEP), Eduardo Facussé, declaró que «la reducción temporal de dos puntos del Encaje legal permitiría la reducción de la tasa de interés en los préstamos bancarios», y eso crearía fluidez y liquidez para los bancos.
A las peticiones de reducir el encaje legal se sumó la banca privada, hasta que el 22 de octubre de ese año el Directorio del BCH aprobó su reducción en la tasa de “inversiones obligatorias” «como medida de solución a la iliquidez que vivía el sistema financiero, que exigía la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA)[4]». Cuando la crisis se agravó y se hizo más evidente, el BCH anunció que inyectaría 100 millones al sistema financiero, pero el COHEP exigía unos 700 millones.
La caída de los precios internacionales provocados por la crisis financiera de Asia, expandida a Europa y con impactos en América Latina, fue otro factor incisivo en la crisis bancaria hondureña. Diario Tiempo escribía: «los países industrializados deben adoptar urgentemente medidas más eficaces para estabilizar los mercados financieros internacionales si desean evitar una grave recesión mundial[5]». Académicos y analistas políticos como Olban Valladares advertían que la crisis internacional afectaría las finanzas nacionales, sobre todo por la dependencia económica de Honduras[6].
El Presidente de la República, Carlos Flores, bajo cuyo cuidado estaba el buen funcionamiento de las instituciones bancarias por medio de la CNBS, según demanda la ley, no dio mayores declaraciones sobre el asunto, y de ello se encargó el Ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro.
Los conflictos financieros en el gobierno de Flores no se remitieron a los problemas de iliquidez e insolvencia de la banca privada. Su administración había estado en constante conflicto con los sectores productivos y económicos por el aumento del Impuesto sobre la Renta del 7% al 12%, con lo que el gobierno estimaba recaudar unos 2,000 millones de lempiras más. La inflación había llegado a los niveles del 1997, alcanzando un 12.8%, el Presupuesto General de la República había aumentado unos 952 millones de lempiras con respeto de los años pasados; mientras que el déficit fiscal fue de 1,100 millones[7].
En 1999, luego de los innumerables pérdidas y daños que causaron los destrozos del Huracán Mitch en octubre de 1998, y luego del gran impacto que la sociedad hondureña había sufrido a causa de él: millones de damnificados, destrucción vial, y unos 5,500 millones en pérdidas económicas; el gobierno inició una etapa de investigación y procedimientos jurídicos contra los involucrados en la crisis. Como siempre, ningún alto funcionario o accionista bancario fue procesado, excepto unas 30 personas de bajo rango del sistema administrativo bancario.
Sólo en la liquidación de BANCORP y CAPITAL, el Estado de Honduras extendió fideicomisos por un monto de por lo menos 1,600 millones de lempiras (900 para BANCORP y 580 para CAPITAL) para pagar cuentas de ahorro y cheques a unos 90 mil cuentahabientes (50 mil de BANCORP y 40 mil de CAPITAL). De ese dinero, el Estado recuperó gran parte confiscando muchas de las propiedades y empresas de los accionistas, pero sólo en el caso BANCORP, terminó perdiendo unos 114 millones de lempiras, que según nuestro informante clave son los millones que el Estado perdió «porque no quisieron confiscar las propiedades de la familia Bendeck, entre ellas la televisora Hondured».
A raíz de la crisis, el Estado decidió crear el Sistema de Indicadores de Alerta (SIA) para prevenir futuras crisis de ese tipo, pero al parecer, tomando en cuenta los posteriores casos del Banco SOGERIN y CONTINENTAL, el SIA tampoco funcionó.
Los negativos resultados de la crisis en el sistema productivo y la economía nacional fueron la causa de las regulaciones del sistema financiero y el plan de austeridad y ordenamiento económico realizado en el gobierno de Ricardo Maduro.
¿Por qué la CNBS y el BCH no fiscalizaron ni supervisaron las actividades financieras de los bancos en quiebra?, ¿Quién era el Fiscal General de la República?, ¿Quiénes eran esos “terceros involucrados” que no eran ni funcionarios, ni accionistas, ni administradores?, ¿empresarios?, ¿Quién era el director (ra) de fiscales del Ministerio Público en el gobierno de Carlos Flores?, ¿Los funcionarios públicos que no fiscalizaron a los bancos se beneficiaron de los fondos de éstos?, ¿Por qué no hay ningún accionista o alto funcionario preso?, ¿Por qué se le dio sobreseimiento y libertad a Víctor Bendeck después de estar preso en su casa?, ¿Por qué se le dio casa por cárcel?, ¿De cuánto fue el fideicomiso extendido desde el Estado para liquidar a BANHCRECER?, ¿De cuánto fue la inversión total del Estado para liquidar a los tres bancos?
Entre 1999 y 2003, el Estado hondureño estaba más enfocado en recuperar al país de la enorme tragedia del Mitch (el peor tragedia natural de nuestra historia). De ese modo, los verdaderos culpables de la estafa, fraude y la crisis financiera de los 90´s quedaron impunes hasta hoy.
En la siguientes notas, analizaremos casos particulares de los bancos más significativos de esta crisis iniciando por Bancorp.
http://elpulso.hn/bancorp-estafa-corrupcion-e-impunidad-24/
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Citas al pie.
[1] Barquero, Pedro. Liquidaciones forzosas en la banca hondureña: sus causas y propuestas…
[2] El nuevo Acuerdo de capital de Basilea. Traducción realizada por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA). En caso de dudas consultar el texto original en inglés. Banco de Pagos Internacionales, México, DF, 2003.
[3] Véase Diario Tiempo, ediciones de mayo-diciembre de 1998. Biblioteca General de la UNAH, Colección Hondureña.
[4] Diario Tiempo, edición del 21/10/1998.
[5] Diario Tiempo, edición del 18/10/1998, p. 14.
[6] Ibíd., edición de 8/10/1998.
[7] Estos datos han sido extraídos de las ediciones de Diario Tiempo, octubre de1998.
