Honduras

BANCORP: ESTAFA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD [2/4]

el

Entre 1998 y 2003 el Sistema Financiero hondureño sufrió pérdidas multimillonarias por la crisis de instituciones bancarias y asociaciones financieras declaradas en quiebra. Los casos más sonados fueron los del Banco Corporativo (BANCORP), Banco de Crédito y Seguros (BANCRESER) y Banco Capital. A raíz de ello, el Estado hondureño se vio forzado a extender fideicomisos de miles de millones de lempiras para evitar un caos en la economía del país y reembolsar sus ahorros a los cuentahabientes.

Las quiebras fueron producidas por una crisis de liquidez en las instituciones provocada por la gran cantidad de préstamos al sistema productivo, que a su vez registró miles de millones en pérdidas por los daños de huracán Mitch, y no pudo retornar a los bancos los dineros prestados. Esa fue la primera causa de la crisis, pero no la más importante.

A ésta se sumaron la caída de los precios mundiales por la crisis económica mundial que se había propagado a Occidente desde Asia, los cambios de la Reforma financiera hondureña iniciada a principios de los 90´s como parte de los Acuerdos de Basilea; pero también a la no fiscalización y regulación de las autoridades financieras, y la estafa de cientos de millones cometidas por algunos accionistas.

CRISIS BANCARIA: ESTAFA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD [1/4]

EL CASO BANCORP

El caso de BANCORP había salido a la luz  a finales del 1998, pero su declaratoria de quiebra y liquidación se llevaron a cabo en 1999. Los más de 50 mil ahorrantes de la institución, habían depositado más de 100 millones de dólares que temían perder.

El proceso legal contra el caso BANCORP se inició con el procedimiento penal regulado por el Código de Procedimientos Penales de 1984, «que no establece la posibilidad de resolver la causa mediante otra forma que no sea el agotamiento del proceso penal, es decir, que no permite la aplicación de salidas alternas al proceso penal ordinario, como sí se permite actualmente con el Código Procesal Penal».

Una vez emitida la causa contra Víctor Bendeck, su apoderado defensor, el abogado  Leonidas Rosa Bautista, solicitó al Ministerio Público prolongar la orden de captura emitida por el órgano competente contra su representado, pues éste sostenía negociaciones con la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de restituir el dinero que había sido defraudado.

La petición era ilegítima, pues no estaba regulada en la ley. A pesar de ello, en un intento por recuperar los dineros —por lo menos eso dijeron—, la jueza Mildra Castillo hizo petición ante la fiscalía (la fiscal del caso era Xiomara Osorio) y la PGR para prorrogar la orden por los dos meses que solicitaba la defensa. La fiscalía y la PGR accedieron a la petición de otorgar los dos meses solicitados, pero la jueza Castillo otorgó una ampliación de cinco meses. Leonidas Rosa Bautista luego fue nombrado como Fiscal General de la República.

En ese lapso, el Estado no logró recuperar la totalidad de los dineros, y Víctor Bendeck Samra fue arrestado el 12 de enero del 2003, acusado por la Fiscalía General de la República de “maniobras dolosas” y llevar a la quiebra al banco Corporativo (BANCORP). Además de él estaba acusado su hijo, Víctor Bendeck Ramírez, que por ser Diputado al Parlamento Centroamericano gozaba de inmunidad y no pudo ser arrestado.

En una entrevista concedida a Radio América, Bendeck Ramírez expresó que «el gobierno de Maduro pretende enviar un mensaje claro y directo al FMI—con el que quiere firmar una carta de intención— que combatirá la corrupción, y en forma injusta e indebida ha hecho alusión directa contra mi persona. He hecho ofertas de pago, pero no han sido aceptadas».

En noviembre del 2003, la Policía Nacional pidió a la Interpol buscar y arrestar a unos 30 banqueros hondureños fugitivos, entre ellos el propio Bendeck Ramírez que había salido del país. «Ya pedimos a la Interpol que capture a los fugitivos donde sea», dijo la Fiscal Especial contra la Corrupción, Soraya Morales.

Bendeck Ramírez buscó amparo en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que exigió a Honduras suspender la acusación, pues al no desaforar previamente al Diputado, había violado su inmunidad. El gobierno desentendió la petición de la CCJ, pues el acusado se había presentado voluntariamente en enero de ese año, obviando así el procedimiento legal que se sigue contra todo funcionario con inmunidad.

«Según las autoridades, uno de los acusados se practicó cirugía plástica para cambiar su rostro y no ser identificado. Los banqueros huyen por usar en forma ilegal más de 264 millones de dólares de sus depositantes para crear nuevas empresas personales y familiares, tras quebrar tres bancos y cuatro financieras privadas. El gobierno ha garantizado hasta ahora sólo el 70% de los depósitos en los bancos quebrados. Los afectados luchan en los tribunales por recuperar el restante 30%».

Ante la intervención de la CCJ en el caso Bendeck, en enero del 2004, el Procurador General de la República, Sergio Zavala, anunció que Honduras se retiraría temporalmente de la CCJ, pues esa institución perjudicaba los intereses del Estado.

En agosto del 2004 el gobierno aumentó de 5,900 a 11 mil dólares la recompensa a quien diera información sobre el paradero de Bendeck Ramírez, «porque deseaban capturar a ese hombre», según manifestó el Ministro de Seguridad Óscar Álvarez.

Las pérdidas en la quiebra no solo fueron económicas, también fueron humanas. Entre 1998 y 2004 se reportó el fallecimiento de por lo menos 17 personas víctimas de ataques cardíacos, presuntamente ligados a las presiones emocionales de cuentahabientes que habían perdido dinero.

En el caso de BANCORP, el gobierno declaró pérdidas de más de 114 millones de lempiras, producto de los dineros del pueblo hondureño que había invertido en la liquidación del banco. ¿Serán esos 114 millones el equivalente a las posesiones que según nuestro informante el Estado no confiscó a la familia Bendeck?, El caso estaba en poder de la fiscal Xiomara Osorio, quien declaró que el caso contra Bendeck carecía de argumento jurídico y no era constitutivo de delito.

En 2004 el gobierno anunció que se había cubierto un 70% de los dineros perdidos por los ahorrantes. De ser cierto, ello suponía un monto de 700 millones dólares. Si el monto total de los ahorrantes era de 100 millones de dólares, ¿qué sucedió entonces con los restantes 30 millones de dólares?, ¿es cierto que el Estado de Honduras sólo perdió 114 millones en ese caso?, ¿por qué no se le ha rendido cuentas al pueblo sobre el paradero de sus dineros? Algo es cierto, la crisis bancaria representó para la década del 90´s lo que la CONADI para las décadas anteriores.

En la opinión de nuestro informante clave, «no todos los accionistas de BANCORP eran pícaros, había hombres honestos que habían hecho sus fortunas con el trabajo de toda una vida, como Clavin Weddle». Es más, dice, «yo puedo asegurar que BANCORP era un banco financieramente sano. Lo sé muy bien. Tanto así que puedo asegurar que la quiebra del banco fue una trampa entre gente del gobierno y otros accionistas para robarse el dinero de Weddle. Sólo hay que preguntarse ¿Por qué no le quitaron sus posiciones a los Bendeck?, ¿Por qué a Calvin Weddle sí le quitaron sus posesiones?, ¿quién se quedó con las camaroneras de Calvin Weddle en el sur?».

En 2013, el periodista Ariel D´Vicente denunció que el dinero en efectivo (1 millón de lempiras) que le habían decomisado a la esposa de Tito Guillén era parte de los sobornos que los ahora arrendadores de las propiedades de Weddle le pagaban a ésa familia.

«3.2 millones salieron de los inversores del complejo Ibermar Hondufarms; son seis fincas camaroneras (Hondurfatcon 206.2 hectáreas, Exmar con 148.59, Culcasa con 86.51, CWYC con 55.68, Acuatec con 92. 76, Fincamar con 57. 36; que suman 644. 8 hectáreas en producción). Estas son propiedad del Estado de Honduras, que fueron liquidadas a BANCORP, y eran del fallecido Calvin Weddle y del Instituto de  Previsión Militar (Hondufarms)», afirmó D´Vicente.

Según D´Vicente, el gobierno de Honduras pagó un gran total de 1,400 milones de lempiras por la liquidación de BANCOPR, porque muchos de los dineros defraudados no se recuperaron. Además, el gobierno estaba obteniendo ganancias importantes con las empresas confiscadas.

«El gobierno estaba ganando 40 millones de lempiras al año en dos ciclos y Tito Guillén la dio en arrendamiento todo a un esbirro de la Corporación Salermo por 500 mil lempiras al año, las seis fincas y una planta empacadora de Camarón. El contrato fue firmado con Douglas Perdomo Pinel, de quien todos en Choluteca sabemos que no tiene capacidad económica de hacer esos negocios», indica D´Vicente.

D´Vicente denunció además que en ese contrato estuvieron involucrado Tito Guillén, quien recibía los sobornos hasta del 3 millones de lempiras, Mauricio Oliva, Jacobo Paz, Carlos Borjas Martínez, Arturo Olviva, Yamileth Mendieta, Adonis Lavaire, Melvin Márquez, José Natividad Luna, Flores Morazán, Estrada Pacheco, Manuel de Jesús Villamil, y el propio Juan Orlando Hernández, a quien acusó de ser el «gran caudillo de la esa gigantesca red de corrupción en Choluteca» y para quien pidió un juicio político.

En 2016 sin embargo Ariel Armando D´Vicente Jarquin fue condenado en un caso no relacionado con las camaroteras de Weddle por el tribunal de sentencia de Choluteca por considerarlo responsable del delito de difamación por expresiones constitutivas de calumnias, en perjuicio del oficial de policía Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, a la pena principal de tres años de reclusión en la Penitenciaría Nacional de Choluteca.

Fue condenado además a las penas accesorias de inhabilitación especial, que consiste en la prohibición de ejercer el sufragio, y ejercer el periodismo, e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. El fallo también lo declaró responsable civilmente y condenó al imputado a pagar todos los gastos ocasionados durante el juicio.

Ariel Armando D´Vicente Jarquin alegó que estaba siendo víctima de persecución por parte del presidente del Congreso Nacional.

El oficial agraviado Mejía Tinoco, sin embargo, fue ratificado en su cargo por la comisión depuradora de la policía ese mismo año.

FICHAS DE LA QUIEBRA Y CAUSA JUDICIAL BANCORP

Quiebra [6]

Imputado: Victor Bendeck
Delito: Estafa.
Perjudicado: Varias personas.

Hechos: Este caso es uno de los más significativos en el descalabro financiero y bancario del país, perjudicando los intereses económicos del Estado de Honduras en una erogación de más de 900 millones de Lempiras, puesto que el mismo Estado tuvo que pagar a las víctimas o cuenta- habientes para evitar un caos en el sistema financiero nacional. En el expediente de mérito, se encuentra dentro de sus folios el poder que le fue conferido al bufete del abogado Leónidas Rosa Bautista por parte de los imputados en este caso, por lo que resulta coincidente que el Fiscal especial Henry Salgado, haya insistido de forma reiterada a la fiscal Xiomara Osorio quien tiene a su cargo la tramitación de la causa, que el caso presentado contra el señor Bendeck carecía de fundamento jurídico, y que no era constitutivo de delito y que a su criterio el Ministerio Público no contaba con material probatorio suficiente para continuar sustentando la acusación, y que un fiscal objetivo no debía en tales condiciones proceder a la formalización de la acusación ya que el Ministerio público no debe ser un acusador a ultranza.

Ficha de la causa judicial contra BANCORP.

Registrado bajo expediente No. 7715-02.
Esta causa inició el 25 de abril de 2000 y fue asignado a la Juez Mildra Castillo.
Delito: Estafa
Responsables: Víctor Elías Bendeck Samra, Víctor Elías Bendeck Ramírez, Jorge Alberto Tovar López, Roger Cornavaca, Eduardo Bendeck Esthalin y Kart Henry Host Talbolt.

Hechos: El 21 de marzo de 1995 se constituyó el fideicomiso N.09/95 entre el departamento fiduciario de Banco Corporativo y Víctor Elías Bendeck Ramírez en su condición de representante legal de Hondured, con la finalidad de ejercer los derechos de las acciones de la sociedad que fue transferida y otras relacionadas con el fideicomiso entre estas, Hondured, Ridehsa, Videhsa, Cable Color y Comhosa. No obstante, la titularidad de estas acciones no fue transferida legalmente dado que no eran propiedad de Conversiones Bea, sino de Ridehsa, por otro lado hubo evidente conflicto desinterés dado que la figura de fideicomisante, fiduciario y fideicomisario recayeron en una sola persona: Victor Elias Bendeck Ramírez, lo que causó graves perjuicios patrimoniales a los ofendidos.

En la próxima nota, el caso de Banco Capital, como sus principales accionistas hicieron crecer sus empresa a costa de los cuenta habientes.

BANCO CAPITAL: ESTAFA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD [3/4]

______________

Citas al pie. 

 [1] FOPRIDEH. II Informe sobre el estado de los casos en Honduras 2006. Tegucigalpa, Honduras, 2006, p. 25.

[2] Diario La Prensa, edición del 12/01/2003.

[3] En: http://www.myplainview.com/news/article/Interpol-capturar-a-banqueros-hondure-os-9097062.php, 28/11/2003.

[4] La Prensa (Nicaragua), edición del 27/01/2004.

[5] Ibíd., edición del 12/07/2003.

[6] Diario La Prensa, edición del 15 de agosto del 2013.

[7] Ibíd.

[8] Los datos de este fichero han sido tomadas de la revista Vida Laboral. Diponible en: honduraslaboral.org/article/algunos-casos-de-corrupcion/. Visto el 12/04/2017.

Acerca Redacción

Recommended for you