TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público tiene una investigación en curso por las denuncias vertidas en los últimos días con relación a una supuesta inflación de votos para favorecer a algunos candidatos a cargos de elección popular que participaron en las elecciones generales, informó este viernes su portavoz, Yuri Mora.
Indicó que hoy se personará al Consejo Nacional Electoral (CNE) la coordinadora de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), Yulibeth Garay, para solicitar a las autoridades documentación que aporte a las pesquisas y así determinar si existe el delito electoral que consiste en adulterar las actas.
Entre la información que buscarán recopilar están las pruebas que tienen las consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall sobre las denuncias que han efectuado en redes sociales, señalando una «clara adulteración» en favor del nacionalista Ebal Díaz Lupián.
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Asimismo, Mora subrayó que el propósito final será deducir responsabilidad a las personas responsables del ilícito que constituye un irrespeto a la voluntad del pueblo hondureño.
Ya que el CNE tiene la obligación de brindar la declaratoria final de los comicios un mes después (el 28 de diciembre), la intención de resolver estas anomalías primará entre las actividades de la fiscalía que busca combatir delitos electorales.
«Se está dando prioridad a este tipo de información que se va a solicitar ante el CNE para, en cuanto antes, hacer la indagación y deducir responsabilidades a quienes resulten culpables del delito», expresó el portavoz.
Igualmente, puntualizó que han recibido varias denuncias por parte de aspirantes a una diputación por el Partido Salvador de Honduras (PSH) quienes, según lo que describieron, se han visto afectados en el conteo de sus votos obtenidos en el proceso electoral.
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Por su parte, la también portavoz del ente acusador del Estado, Lorena Cálix, precisó que el Código Penal vigente establece penas de hasta seis años de cárcel para las personas que se les pueda probar su participación en estos hechos.
DEMANDA FORMAL. Precisamente, fue ayer que el pleno de consejeros dirigió una carta hacia Yulibeth Garay y también al jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, solicitando, de forma urgente, una investigación a señalamientos puntuales.
Pidieron indagar la denuncia del aspirante a diputado por el Partido Nacional, Renán Inestroza, quien advirtió de la existencia de una red en el CNE que busca favorecer a candidatos a diputados.
Del mismo modo, solicitan que los fiscales ahonden en la denuncia pública de Salvador Nasralla, quien ha manifestado que se están ejecutando acciones para acomodar el número de votos físicos a los que se pusieron en las actas adulteradas y también los múltiples señalamientos a Ebal Díaz por anomalías que le favorecen en varias actas.
«Condenamos todo acto orientado a la adulteración de la voluntad popular», enfatizan las autoridades en el escrito.
VIGILANCIA 24 HORAS. El consejero presidente, Kelvin Aguirre, confirmó que a partir de hoy 12 fiscales del MP estarán de forma permanente en el Instituto de Formación Profesional (Infop) donde se realiza el destuse de las maletas electorales y el escrutinio de las actas y el hotel donde se efectúa la verificación de actas con resultados no transmitidos desde los centros de votación.
«Hemos llevado a cabo un proceso con la mayor transparencia y calidad que ha sido reconocido por los hondureños y toda la comunidad internacional; no podemos permitir que se empañe el mismo y por eso hemos pedido apoyo adicional», expresó.
Señaló que las autoridades investigadoras pueden actuar de oficio, pero ellos hicieron la solicitud porque pretenden ir más allá en el cuidado del proceso eleccionario.
«Ratificamos nuestro compromiso de mantener la limpieza del proceso (…) no vamos a permitir que nadie quiera venir a viciar la voluntad del pueblo hondureño», dijo.
