TEGUCIGALPA, Honduras
Diferentes organizaciones de la sociedad civil de EE.UU. denunciaron el asesinato de los ambientalistas hondureños, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, hecho ocurrido el pasado 7 de enero en la aldea La Concepción, departamento de Colón.
En un comunicado conjunto las oenegés norteamericanas señalaron que es urgente que se tomen medidas para proteger a los activistas medioambientales hondureños amenazados.
Asimismo, exhortó al gobierno hondureño y al Poder Legislativo a que aborden los problemas a largo plazo que contribuyen a crear la situación extremadamente peligrosa para los defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra.
«Instamos al sistema de justicia hondureño a garantizar una investigación y enjuiciamiento rápido, exhaustivo e imparcial de los asesinatos de Domínguez y Bonilla, teniendo en cuenta su labor como defensores e identificando a los autores intelectuales y materiales del asesinato», externó.
Añadió que para ser imparcial, dicha investigación no debe ser llevada a cabo por los mismos policías y fiscales que han criminalizado a los defensores ambientales de Guapinol, por lo que el caso debe ser trasladado fuera de la zona de Tocoa.
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De igual modo, puntualizó que las autoridades judiciales deben emitir las cartas de declaración de libertad incondicional para los ocho ecologistas cuyos derechos fueron violados por la detención arbitraria, la denegación del debido proceso y la prolongada prisión preventiva, según varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
Además, el documento citó que Aly Domínguez era una de las 32 personas acusadas penalmente por protestar contra los daños medioambientales causados a sus comunidades y al río Guapinol por una empresa minera que operaba en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
«Ocho activistas medioambientales que protegían el río Guapinol pasaron 914 días en la cárcel antes de ser liberados en febrero de 2022, cuando la Corte Suprema anuló una sentencia dictada contra ellos. Esos ocho activistas medioambientales siguen esperando cartas de libertad definitiva de las autoridades judiciales», indicó.
Por otro lado, afirmaron que los miembros de las comunidades locales habían denunciado un aumento de las amenazas en las últimas semanas, incluidas amenazas de muerte y vigilancia por parte de personas no identificadas en carros sin matrícula.
Los asesinatos se produjeron apenas dos semanas después del asesinato del 21 de diciembre de 2022 del defensor de los derechos sobre la tierra Mauricio Esquivel en el mismo municipio de Tocoa, Colón, en la región del Bajo Aguán.
Por lo que manifestaron que son sumamente preocupantes las nuevas denuncias de que unos 25 defensores de la tierra están en una supuesta lista de asesinato en el Aguán.
Sin embargo, los defensores de Guapinol habían solicitado medidas de protección al Mecanismo Nacional de Protección, una solicitud que seguía pendiente cuando ocurrieron los asesinatos. También habían pedido públicamente a la presidenta, Xiomara Castro, que atendiera sus preocupaciones sobre las concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Cabe destacar que los asesinatos ocurrieron poco antes del inicio de un diálogo bilateral sobre derechos humanos entre los gobiernos estadounidense y hondureño centrado en cuestiones como la protección de los defensores de los derechos humanos, la violencia de género y los derechos laborales.
Además, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para ser activista medioambiental.
Honduras ocupa el quinto lugar en el mundo por el mayor número de defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra asesinados entre 2012 y 2021, según lo documentado por Global Witness, después de países con poblaciones mucho más grandes como Brasil, Colombia, Filipinas y México.
Por su parte, el documento puntualizó que el gobierno de Estados Unidos debe ayudar a abordar el nexo de empresas corruptas, las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos que impulsan los ataques contra activistas medioambientales y de la tierra; imponiendo sanciones financieras y de visados a personas del sector privado y funcionarios públicos y de seguridad implicados en graves actos de corrupción y violaciones flagrantes de los derechos humano
Para finalizar, las organizaciones Center for Economic and Policy Research (CEPR); Center for Gender & Refugee Studies (CGRS); Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN); Global Exchange; Global Labor Justice – International Labor Rights Forum; Hope Border Institute; Institute for Policy Studies – Global Economy Project; Latin America Working Group (LAWG); Maryknoll Office for Global Concerns; Presbyterian Church (USA); Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team y Washington Office on Latin America, expresaron sus muestras de solidaridad con las familias y los miembros de la comunidad afectados por los asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
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