TEGUCIGALPA, Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias y el incumplimiento de las garantías judiciales en El Salvador.
En ese sentido, hizo un llamado al Estado salvadoreño a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos.
«A siete meses de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, la CIDH expresa preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales», reza el comunicado.
Recordó que el 14 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó nueva extensión del Régimen de Excepción hasta el 17 de noviembre, indicando que «la vigencia de las medidas extraordinarias resulta necesaria en este momento para continuar las actividades operativas de seguridad».
Al respecto, el Estado indicó a la CIDH que en El Salvador se han registrado más de 116 mil muertes producto de la actividad criminal de las pandillas y de su ejercicio sistemático de la violencia, destacando los 87 homicidios perpetrados entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
«Si bien el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas en su jurisdicción, debe hacerlo con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que es parte», precisó.
En ese sentido, recordó que la suspensión de derechos y garantías constituye una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común, por lo que el Estado de El Salvador debe asegurar que los regímenes de excepción cumplan los requisitos del artículo 27 de la Convención Americana.
Explicó que esto es en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado.
Agregó que «en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación y siempre que ello no sea incompatible con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no conlleven discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social».
Por su parte, el Estado salvadoreño indicó que las acciones impulsadas han sido realizadas dentro de los marcos constitucionales, legales y convencionales a los que está sujetas, señalando que las garantías constitucionales suspendidas son aquellas que se consideró tienen estrecha relación con la facilitación del combate a la criminalidad.
Con la suspensión de garantías, el Estado informó que puede hacer frente a estas circunstancias, dotando a las instituciones encargadas de seguridad de facultades para hacer frente de manera pronta y eficaz a «la escalada de barbarie cometida por los grupos terroristas».
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