Este miércoles 2 de octubre inicia el juicio por cargos de narcotráfico en contra del ex diputado nacionalista Juan Antonio Hernández Alvarado, alias «Tony Hernández», hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tony Hernández, arrestado en noviembre de 2018 mientras hacía compras del Black Friday en Houston, se declaró inocente de conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos ante el juez del Distrito Sur de Nueva York, P Kevin Castell.
El proceso dará inicio con la selección del jurado de entre varias decenas de ciudadanos que han sido llamados para conformar la piedra angular del proceso judicial en Estados Unidos. Ese proceso podría tomar varios días, tanto la fiscalía como la defensa podrán recusar a quien considera inapropiado para la función. Así, buscarán ciudadanos y ciudadanas que desconozcan del proceso contra Tony Hernández, o que puedan tener algún interés en el tema, a favor o en contra del gobierno de Honduras. Porque en el fondo y aunque es Tony Hernández quién está siendo juzgado, el gobierno de Juan Orlando Hernández está también pasando por un proceso de juicio que podría afectar seriamente a su administración.
Los documentos en los que la fiscalía basa sus acusaciones destacan que durante más de una década, varios carteles del narcotráfico trabajaron junto con destacados funcionarios públicos y privados. Políticos y agentes de la ley en Honduras estuvieron involucrados en el envío de varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia, por mar, y luego fueron transportadas a Guatemala y de allí a los Estados Unidos.
Los carteles de la droga pagaron sobornos a funcionarios del Congreso Nacional y funcionarios públicos, así como a agentes de policía de ese país centroamericano. Juan Antonio Hernández Alvarado fue pieza clave en esa estructura, según la acusación, trabajó con narcotraficantes de otros países como Colombia, México y Honduras para importar cocaína a los Estados Unidos.
La acusación afirma que de 2004 a 2016, Hernández Alvarado estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de múltiples toneladas de cocaína que llegaron a Honduras. El movimiento fue facilitado por aviones, lanchas rápidas y al menos una vez en submarinos.
La oficina del fiscal de los Estados Unidos sostiene que Hernández Alvarado tenía acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia y que los paquetes de drogas tenían la marca «TH», que era el equivalente a «Tony Hernández». El acusado también participó en la coordinación, al mismo tiempo, de la entrega de armas pesadas (ametralladoras y rifles) a los miembros de la policía y a los traficantes de drogas para garantizar los envíos de cocaína que fueron transportados a Honduras.
Paralelamente a las actividades de tráfico de drogas, Hernández Alvarado y otros conspiradores sobornaron a funcionarios con información confidencial para proteger los envíos y solicitaron grandes cantidades de dinero en sobornos a los principales narcotraficantes en nombre de políticos de Honduras.
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En febrero de 2014 en Honduras, Juan Antonio Hernández se reunió con Devis Leonel Rivera Maradiaga, el ex líder del cartel de Cachiros. Esta reunión fue organizada por un ex miembro de la Policía Nacional de Honduras. Desconocido para Juan Antonio Hernández era que esta reunión se estaba grabando en audio y video. El acusado acordó hablar con el gobierno, presidido por su hermano, Juan Hernández Alvarado. Solicitaría los pagos adeudados a una o más empresas de Rivera Maradiaga, por los servicios de lavado de dinero para los Cachiros que se originaron en el tráfico de drogas.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos acusa a Hernández Alvarado y otros de violar el Título 21 del Código de los Estados Unidos en las secciones 952 (a) y 960 (1). También está acusado de violar el título 18 con respecto a la posesión de armas de fuego y de hacer declaraciones falsas a las autoridades.
La demanda dice que Hernández Alvarado mintió en octubre de 2016 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida. El acusado declaró falsamente y de manera engañosa presentó declaraciones falsas durante una entrevista con los representantes del gobierno de los EE.UU., la Agencia Antidrogas de la DEA y los investigadores de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que estaba llevando a cabo la investigación en su contra.
En esa entrevista, dicen los documentos, el acusado dio información falsa, incluida una que decía que nunca había recibido dinero de narcotraficantes por ningún motivo y que nunca ofreció apoyo o asistencia a ningún narcotraficante bajo ninguna circunstancia.
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Pieza clave en el juicio contra Tony Hernández serán los testimonios de los narcotraficantes Héctor Emilio Fernández Rosa, alias «Don H», extraditado en el 2015 a los Estados Unidos y Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo», capturado en el Boulevard de los Próceres con la calle 16 en Ciudad de Guatemala, luego también extraditado a Estados Unidos. Tony Hernández reconoció haber tenido una amistad con ambos narcostraficantes, cuando Don H basó su residencia en una lujosa finca en las afueras de Gracias, Lempira y El Rojo fungía contador contador de Fernandez Rosa. Pero niega haber traficado con droga o haber recibido de ellos algún dinero.
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Más importante aún será el testimonio del excéntrico exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, antiguo aliado de Tony Hernandez, que tras su solicitud de extradición abandonó el país y huyó hacia Guatemala para negociar su entrega con la DEA.
Alexander Ardón habría comenzado su carrera criminal a inicio del 2000 en el municipio de El Paraíso, al occidente de Honduras, siendo ya alcalde de la ciudad. Para el 2008, habría establecido tratos con Tony Hernández.
Según el documento con el que la fiscalía basa su acusación, la intención de «Tony» y Ardón era crear «una asociación exitosa» protegida por las cúpulas del poder en Honduras.
En el informe se menciona a un CC-3 (co-conspirador número tres) y un CC-4 (co-conspirador número cuatro), Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández respectivamente, que darían protección a sus actividades ilícitas desde el gobierno a cambio de efectivo para sus campañas políticas.
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Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional y Pepe Lobo, presidente del ejecutivo, abrían aprobado en 2013 la reforma a la constitución que prohibía la extradición de nacionales. Tony Hernández aseguró entonces a Alexander Ardón, que dicha reforma no les afectaría, gracias a los contactos que ambos tenían con las más altas esferas del poder político.
A cambio, según el documento de la fiscalía, Alexander Ardón otorgó 1.5 millones de dólares como apoyo a la campaña de ambos políticos nacionalistas.
Ambos políticos niegan las acusaciones.
Juan Antonio Hernández Alvarado será representado por el abogado Omar Malone y los fiscales en este caso son Matthew Laroche, Emil Bove III.
