En el mes de septiembre de 2005, la unidad Antifraude (AFU) de la sección consular de Estados Unidos detectó dos casos separados de delincuentes fugitivos de la ley que obtuvieron un pasaporte hondureño válido por medios fraudulentos. Anteriormente había ya conocimiento de otro caso en el que un miembro de una pandilla salvadoreña, involucrado en la violación de una menor en Houston, Texas, que obtuvo un pasaporte hondureño también por medios que se descubrieron fraudulentos.
Más adelante, en 2005, autoridades de la DEA, dando seguimiento a dos personas buscadas por producción y tráfico de anfetaminas en Estados Unidos, dieron con ellos en Honduras. Teddy Lee y Christopher French, padre e hijo, se refugiaron en Omoa huyendo de las autoridades norteamericanas. Junto a ellos estaba Karen French, esposa de Teddy Lee. En el cateo realizado en conjunto con autoridades hondureñas se descubrió que los French contaban con tarjeta de identidad y licencia de conducir hondureña adquirida por medios fraudulentos y que tenían pasaporte en proceso en la Dirección Nacional de Migración y Extranjería.
La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en conjunto con International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) manifestó su preocupación, que luego de haber invertido más de US$ 400,000 en un proyecto de pasaporte de lectura automática con el gobierno de Honduras, seguían apareciendo documentos de identidad nacional y pasaportes hondureños en manos de personas buscadas por las autoridades norteamericanas. Se llegó a la conclusión que, pese a los mecanismos de seguridad con que cuentan los documentos, es clave el personal responsable de la emisión de los documentos.
Lo preocupante es que todos lograron obtener un pasaporte hondureño con relativa facilidad. Cita el memo del consulado norteamericano.
A partir de allí el gobierno de los Estados Unidos comenzó a presionar a las autoridades hondureñas para detectar y desactivar la red de tráfico que permite la obtención de documentos hondureños que pone en peligro la seguridad interna del país del norte.
En este momento, la RSO no tiene pruebas de que los grupos de delincuentes organizados, peligrosos y sofisticados, como los cárteles de la droga colombianos, el crimen organizado ruso, o los grupos terroristas extremistas hayan obtenido, utilizado o viajado con pasaportes hondureños. Indica el reporte que afirma temer que, si alguna de estas organizaciones peligrosas quisiera, pudieran adquirir dichos documentos y no hubiera manera de disuadir o detener esa acción.
Diez años después, la corrupción seguía siendo titular en los medios de comunicación del país.
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El 22 de octubre de 2014, el entonces subdirector técnico del Registro Nacional de las Personas, Gerardo Martínez, respondió a un informe suministrado por el Consejo Nacional Anticorrupción que señalaba la existencia de una red de corrupción al interior de la institución.
«El informe está lleno de incoherencias y falsedades. El CNA no me ha citado en ningún momento para pedirme información. Ni siquiera me han llamado para que les brinde declaración sobre los hechos que me imputan», señaló Martínez, negando los señalamientos del CNA.
El CNA destacó que se ha perjudicado al Estado por varios millones de lempiras debido al arrendamiento de bienes muebles de manera irregular, viáticos onerosos y contratos personales de telefonía móvil.
«El RNP asignó en 2013 L5.4 millones para gastos de viajes y viáticos. Se utilizaron 3.8 millones de los ingresos provenientes de los contratos con empresas de telefonía móvil», explicó Dagoberto Aspra, jefe de la unidad de investigación.
La investigación del CNA señala que varios empleados no presentaron las liquidaciones de viáticos pertinentes como recibos de hotel, alimentación, transporte y movilización.
«El subdirector técnico realizó la compra de boletos aéreos con su tarjeta de crédito personal, el dinero le fue reembolsado contraviniendo procesos oficiales», señaló Aspra.
Sobre la compra de boletos aéreos con su tarjeta de crédito y el reembolso irregular, Gerardo Martínez dijo que él las realizaba vía Internet porque era más fácil adquirirlos. «Posteriormente se me reembolsaba el dinero que había pagado con mi tarjeta. El RNP no cuenta con una agencia de viajes».
El informe del CNA también señala que el Registro Nacional de las Personas arrendó un inmueble en la colonia Jacaleapa que no utilizó por 10 meses. Agrega además la irregularidad en contratos de prestación de servicios de comunicación entre el RNP y las compañías de telefonía móvil por L8 millones, además de contratos de arrendamiento aún vigentes por más de L4 millones.
MARAS, PANDILLAS Y CARTELES EN EL RNP
En 2016 se decidió hacer una intervención de varias agencias al RNP, debido a otras investigaciones anteriores que había identificado que el RNP estaba siendo usado políticamente para manipular datos del padrón electoral, durante esa investigación se descubrió que las maras y los carteles también lo habían penetrado.
Se identificó que a través de los registros municipales sobornaban a los empleados regionales para que dieran identidades falsas a extranjeros y que los mareros pagaban sumas de dinero para que borraran la información de ellos mismos en el sistema.
En promedio se contabilizó, según la investigación realizada en 2016, que los mareros y pandilleros pagaban hasta 20 mil lempiras por este tipo de tramites. De esa manera, cuando la policía los buscaba para investigarlos no encontraban datos de ellos en el sistema del registro.
Según fuentes internas del RNP, Los Perrones (cartel de narcotráfico más fuerte de El Salvador) cuando las autoridades de aquel país les emitían ordenes de captura, se venían a los registros municipales de valle y compraban las identidades hondureñas para así librarse de las autoridades de El salvador.
Esas investigaciones hechas por la Fiscalía en el RNP detectaron además a varios ciudadanos de origen palestino y sirio que circulan con tarjetas de identidad hondureña.
Cuando se realizó la intervención del RNP se ejecutó en las oficinas del bulevar Morazán en Tegucigalpa, al final no se continuó porque, según señala la prensa del momento, una de las personas involucradas en la venta ilegal de identidades era familia de un político reconocido, se encontró que este familiar del político estaba relacionado con la venta de identidades por lo que se asume se decidió finalizar la intervención debido a este nexo familiar.
Según la prensa del momento, todo comenzó con un palestino detectado en España y otro en Chile, ambos realizaban trámites con la tarjeta de identidad hondureña.
El secretario del RNP, Fernando Anduray, descartó que estemos a las puertas de un “Palestinazo” y acotó que se trata de uno o dos casos familiares.
Fernando Anduray manifestó que las primeras investigaciones arrojan que hace varios años un palestino obtuvo la inscripción fraudulenta como hondureño en la base de datos del RNP.
«Le asignaron el número de identidad de una persona que había fallecido y sus familiares nunca inscribieron la defunción, entonces alguien en el Registro sabía de eso y terminó emitiendo la identidad con el nombre de otra persona con otra fotografía», declaró.
Anduray mencionó, en relación con el caso de un palestino, que las bases de datos registran a esa persona como hondureña por nacimiento.
«Posteriormente vinieron familiares de esa persona con documentos originales de nacido en Palestina. Eso es lo que se está investigando y las autoridades quieren determinar si en los procesos estos había o no gente involucrada del Registro», explicó.
El empleado encargado de la clave de usuario de sistema tecnológico, Jorge Discua, ha sido señalado por la irregularidad mediante la cual se realizaron estos procesos de inscripción. Discua fue destituido del cargo en 2014.
Anduray agregó que en España otra persona fue detectada con tarjeta de identidad hondureña al momento que pretendía solicitar el pasaporte, pero éste no hablaba español y nunca había estado en Tegucigalpa.
Al ser interrogado por a Fiscalía, Jorge Discua dijo estar listo para cualquier investigación que consideren las autoridades.
«Esta denuncia a raíz de mi despido, que fue el 23 de octubre de 2014, personalmente conseguí la documentación y fui a interponer la denuncia ante la DGIC (Dirección General de Investigación Criminal) en aquel entonces porque se me había hackeado mi clave del sistema computarizado. Me alegra que sea intervenido el RNP para que todo se esclarezca», agregó Discua.
«Cómo es posible que una persona haya documentado a más de 100 sirios o palestinos, no tengo la capacidad ni el idioma, no los conozco y estoy más que seguro que ese hackeo lo hicieron en informática del RNP en Tegucigalpa. Estoy a la disposición de las autoridades», afirmó.
En noviembre de 2017, otro escándalo estalló en el RNP. Según agentes de investigación, en las pesquisas realizadas al RNP detectaron a una banda de falsificadores que operaría dentro del RNP. Esa sería la responsable del registro de ciudadanos africanos, asiáticos y oriundos del Medio Oriente que por medios fraudulentos recibían identidades de hondureños que ya fallecieron.
El reporte detalla que estas personas una vez que logran su identificación optan a pasaportes hondureños.
¿UN EQUIPO DEL INFOP EN EL RNP?
Otro escándalo que involucra al RNP estriba en el equipo de Futbol del INFOP, ahora Real de Minas. Un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública afirma que el RNP paga la planilla del Club Deportivo de la segunda división del fútbol hondureño.
Este conjunto es dirigido por el exjugador Reynaldo Tilguath, quien militó en varios equipos de liga nacional, Olimpia, Motagua, Vida de La Ceiba, entre otros. Su presidente es Gerardo Pacheco Chiuz, propietario del Grupo Popa, empresa de venta de equipo tecnológico que ha sido vinculada con desfalcos a la Secretaría de Educación y al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La planilla del Club INFOP es estimada en al menos 300 mil lempiras.
«Me sorprende esa investigación que hizo El Heraldo en donde está diciendo que el Registro financia un equipo de futbol, es un informe totalmente falso, nada tiene que ver el Registro de las Personas con el equipo INFOP», sostuvo Gerardo Martínez Lozano, sub director del RNP.
«Nosotros lo que tenemos son empleados que trabajan para el Registro Nacional de las Personas y si ellos juegan fútbol con el Club Deportivo INFOP, es un problema de los empleados», dijo Martínez Lozano.
«El Registro les paga un sueldo a estos muchachos para ejercer labores dentro de la institución en varias áreas donde ellos laboran».
«Están en oficios del IPM, en el edificio Villatoro y en lo que se le dice archivo central, entonces no entendemos cuál es la denuncia, la denuncia podría ser si es que estos jugadores no van a trabajar y que el RNP les paga por jugar, pero no es el caso», agrega Lozano.
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Como una forma de proceder ante las múltiples denuncias de corrupción al RNP que datan desde 2004, el Congreso Nacional nombró este año una comisión interventora en esta institución.
Trascendió a la prensa que se estaba contemplando el uso del polígrafo con los empleados del RNP. El sindicato de trabajadores del Registro Nacional de las Personas (RNP), manifestó estar en desacuerdo con esa imposición.
«(…) no estamos de acuerdo porque el 98% de los compañeros son trabajadores y son personas que son honestas», manifestó uno de los empleados del RNP a Canal 11.
El proyecto de intervención promovido por el Legislativo iría orientado a depurar el personal del RNP que esté ligado a acciones fraudulentas o que no estén aptos para hacer labores de seguridad nacional.
«Respetar el trabajo que realizan los empleados y los que no estén cumpliendo, pues con la amplitud que el Congreso va a otorgar si así lo decide una comisión que tome las decisiones de quién va continuar y quién no», expresó un parlamentario.
«Tienen que garantizarnos que las personas que queden van a cuidar de que la institución se maneje con transparencia», dijo por su parte una congresista.
«El problema del registro está en las oficinas de atención al público en los registros civiles municipales donde con facilidad el crimen organizado atemorizara a empleados o algunos de estos pueden coludirse con ellos», dijo a Canal 11, Fernando Anduray.
Las más de 100 identidades fueron supuestamente entregadas a ciudadanos del Congo, Ghana, Somalia, Guinea, Camerún, Cuba, República Dominicana, entre otras.
«Extranjeros han obtenido hasta pasaportes con esos documentos y esto indudablemente afecta la seguridad del país y la credibilidad en las instituciones de nuestra patria», expresó un analista a Canal 11.
«Ellos quieren la nacionalidad hondureña para provocar actos de terrorismo en Estados Unidos y ese es un problema muy delicado», indicó Enrique Ortez.
El Registro Nacional de las Personas (RNP) ha remitido al Ministerio Público unas 500 denuncias de actos de inscripción ilegal en los últimos 14 años, pero solo siete casos han sido judicializados.
La Inspectoría General del RNP, creada en 2004 cuando se aprobó la más reciente normativa del Registro, es la dependencia que ha documentado los casos irregulares en el ente registral.
Según la inspectora general del Registro, Astrid Bustillo, parte del tráfico de documentos se centra en la alteración de base de datos para inscribir a nacionales y extranjeros.
Empleados del Registro que han estado involucrados en el trasiego de documentos crean números de actas de personas muertas que ingresan al sistema informático y les cambian el nombre para identificar a extranjeros, ejemplificó Bustillo.
Varios casos de identificación irregular se han probado porque los cambios solo se hacen en el sistema de cómputo, pero cuando se revisan los archivos físicos se ha comprobado que no existe ningún proceso.
«Cuando vamos a ver el libro no existe el oficio, (para la tramitación de la identificación del extranjero) solo figura la información en el sistema y con ello se logra que se extienda partidas de nacimiento o tarjetas de identidad», dijo Bustillo.
Solo entre 2017 y 2018, la Inspectoría documentó unos 100 casos de corrupción. De igual manera, más de 30 empleados han sido despedidos por estar involucrados en falsificación de documentos.
La Inspectoría, luego de culminar la investigación, remite un informe al directorio del RNP que decide si envía los casos al Ministerio Público y si separa a empleados o funcionarios señalados.
LA PRENSA reveló que la intervención propuesta por el diputado Felicito Ávila al RNP se propuso luego de que Estados Unidos reportara que en la frontera entre México y ese país se ha detectado un considerable flujo de migrantes con partidas de nacimiento, tarjetas de identidad y pasaportes hondureños falsos.
Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público (MP), explicó que en el marco de la Operación Ciclón IX de este año, fiscales contra la corrupción pública y agentes de la Atic inspeccionaron y decomisaron documentos, así como información de datos del sistema informático del RNP, pues existen 30 líneas de investigación de actos de corrupción en este instituto público.
Las investigaciones del MP son a raíz de varias denuncias recibidas sobre actos irregulares en los que están involucrados funcionarios y empleados del RNP en conjunto con tramitadores.
Ciudadanos han denunciado ante el Ministerio Público el tráfico de documentos como cédulas de identidad, actas de defunción y partidas de nacimiento, asimismo el cobro por agilizar estos trámites, acción en la que participan los tramitadores.
Morazán dijo que otro aspecto que se investiga es la inscripción irregular de ciudadanos extranjeros, quienes pagaron fuertes sumas de dinero en dólares para recibir documentos de nacionalidad hondureña.
De igual forma está el caso de la suplantanción de identidades, lo que consiste en que personas recibieron una cédula de identidad con su fotografía, pero con datos de otros ciudadanos.
Una vez las investigaciones estén avanzadas o hayan concluido, el Ministerio Público presentará requerimientos fiscales contra las personas investigadas.
El RNP tiene 320 oficinas distribuidas en 298 municipios. Hay presencia además en 20 hospitales y en varias ciudades hay registradores civiles auxiliares. La planilla de esta oficina del Estado asciende a mil 550 empleados y 400 más por hora que manejan un programa de actualización de archivos.
