La noche del 16 de octubre de 2013 llegaron a una posta policía de San Pedro Sula, unos 16 miembros de una familia que salieron huyendo de sus casas en el sector de Chamelecón. Miembros de las pandillas que controlan la zona los amenazaron con matarlos a todos sino se iban; antes habían matado a tres de sus parientes.(1)
«Le pedimos al presidente Porfirio Lobo que nos ayude», dijo uno de cabezas de la familia, argumentando que no podían volver a sus casas, porque si lo hacían, los mataban.
Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), recuerda ese caso como el que disparó la alarma en la región y obligó a distintas organizaciones internacionales a poner atención en la crisis de desplazamiento forzado que estaba viviendo Honduras.(2)
«Ese caso puso las alertas de lo que ya venían recibiendo las iglesias, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de mujeres…», cuenta Sierra, afirmando que el caso de esa familia demostró que no solo las personas ligadas de una u otra manera a las maras, pandillas y bandas de crimen organizado, caen en categoría de proscrito por grupos criminales y sufren de desplazamiento forzado.
«También personas que no pertenecen a las maras o pandillas. Gente común, trabajadores que luchan por salir adelante y de la noche a la mañana, por suerte o circunstancia, lo pierden todo», dijo.
El rechazo al pago de la extorsión, a la colaboración con maras o pandillas en sus actividades delictivas, mujeres jóvenes que rechazan las atenciones de los mareros o de los narcotraficantes; personas que discuten o enfrentan a los integrantes de los grupos criminales; niños o demás personas que frecuentan escuelas o realizan actividades en territorios controlados por maras o pandillas enemigas, son víctima directas de la violencia en las comunidades que las obliga luego a desplazarse.
Roberto Zelaya, director del Instituto Jesús Aguilar Paz, habla de los problemas que a diario tienen que enfrentar en el colegio que dirige.(3)
«Ellos tienen un control absoluto —dice, refiriéndose a la pandilla que controla la zona—, conocen en el barrio, quién es quién, dónde viven, qué hacen cada uno para vivir, hasta su posición ideológica. Cuando llega la policía pidiendo información no se le puede dar, si llega la fiscalía, igual, es prohibido dar información», dijo, agregando que maestros y estudiantes están a merced de lo que la mara disponga.
«Hay alumnos que venden droga al interior del colegio, pero como autoridad no podemos confiscarla», dijo. «Nosotros no podemos confiscar alguna sustancia porque genera problemas, muchos alumnos mercadean la droga y si no entregan el dinero de esa droga los asesinan, ya ha sucedido en otros centros educativos. Mis instrucciones a los consejeros es que cuando encuentren a un muchacho con droga se la decomisen, llamen al padre de familia y se la entreguen, ellos sabrán qué hacer con el menor de edad».
Roberto Zelaya contó además como cuando mandó a reparar el muro perimetral del instituto, con dineros de la matrícula gratis, había un tramo plaqueado (marcado por un grafiti) por la MS-13 (Mara Salvatrucha), cuando se llegó al lugar donde la mara tiene la placa, llegó el jefe de la mara a decirle al albañil que no fuera tocárselo porque lo iban a “pelar”.
«El albañil me contó el incidente atemorizado y allí está todavía esa parte del muro, porque es intocable, con una placa de la MS13», dijo.
Otro profesor del Saúl Zelaya Jimenez, confirmó lo expresado por Roberto Zelaya en el Instituto Aguilar Paz. Los maestros del país no están preparados para lidiar con el nivel de violencia que viven las comunidades que atienden. Una violencia que llega hasta los hogares y ataca a muchos inocentes.
«Se presentó un alumno del grupo del Pedregal y me manifestó que tenía problemas. Estaba preocupado porque lo habían perfilado de «ranflero». El ranflero es un marero. Lo habían perfilado porque sabía manejar motocicleta y tenía que transportar al que iba entregar la droga. El niño tenía miedo. Sentía que no podía decirle a su madre. ¡Es tu mama la que te tiene estudiando —le dije—, como ranflero no te vas a graduar, porque como ranflero hoy estarás vivo, mañana no. Tomá carácter y decile a ese hombre que no, porque te querés graduar en mecánica, le dije. Pero el niño siguió argumentando que necesitaba dinero. No pidas más de lo que tu mamá te pueda dar, los uniformes, los cuadernos, la comida y dormida, es lo que necesitas para graduarte. Le dije, haciéndole ver que lo que quiere es lujo. El negocio que pretendes hacer, lo que menos te garantiza es la vida, pero la decisión es tuya, de nadie más…» dijo el profesor, reflexionando sobre las cosas horribles que cuentan los niños en su colegio.
Una y otra vez, los profesores de los colegios públicos cuentan los mismos relatos. De jóvenes que mueren a manos de la delincuencia, o que abandonan sus estudios para irse por miedo a que lo maten las bandas que controlan la zona; familias que se desplazan por temor a que obliguen a sus hijas a vivir con los pandilleros, familias enteras que huyen.
«Había un alumno que notamos que estaba preocupado, nos acercamos para preguntarle qué le pasaba y él nos dijo que tenías miedo, porque había sido amigo del que mataron (otro estudiante de su colegio). “Tengo problemas en mi casa”, dijo. “¿Cuál el problema que tienes en tu casa?”, le pregunté y el nos contó que su hermano era un sicario. “¿Y tú has matado?”, le pregunté. Él me aseguró que no, pero tenía miedo que por él (el hermano) fueran a matar a los demás hermanos, incluyéndolo a él. “¿Y tus padres?” le pregunté. “Están en España”, dijo».
Según los profesores entrevistados del Saúl Zelaya Jimenez, uno de los problemas que tienen que enfrentar los alumnos en el colegio, es que los pandilleros y sicarios los escogen para recoger el cadáver y deshacerse de ellos.
«Le ofrecen cierta cantidad de dinero para que vaya a botar el cadáver, solo les dicen dónde lo tiene que ir a dejar y sino lo hacen, pues lo matan también», dijo el profesor.(4)
Durante los últimos tres meses del año 2015, Estados Unidos recibió una segunda ola de inmigración procedente del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) que agravó la crisis migratoria infantil que sacudió al país en el 2014. A finales de ese año, EE.UU. había detenido a 21,469 migrantes en su frontera sur. Este suceso impulsó la decisión del Congreso de EE.UU. para asignar el plan de ayuda llamado Alianza para la Prosperidad, que consiste, luego de múltiples recortes y ajustes, en unos 450 millones de dólares para los tres países.
La Alianza para la Prosperidad es la respuesta económica en contra de la crisis migratoria humanitaria que llevó a más de 40.000 niños no acompañados del Triángulo del Norte en el 2014 a la frontera con Estados Unidos. Esos niños, en un mayoría, huían de la violencia de sus países.
Un estudio realizado por la Asociación de las Hermanas Scalabrinianas en Honduras indica que al menos 5.4% de los migrantes deportados de Estados Unidos entre junio y diciembre del 2013, abandonaron Honduras para escapar de la violencia y la inseguridad. (5)
De igual manera, el diagnóstico llevado a cabo por el Servicio Jesuita a Migrantes de México en siete albergues para migrantes de ese país, confirma que la violencia generalizada es la segunda causa de salida de los hondureños, con una tasa del 6% sobre un universo total de 9,313 registros. (6). Ese registro hecho mes por mes por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes muestra que son más los migrantes hondureños que pasan por México; en el primer semestre de 2013, fueron el 43.97% de los migrantes que llegaron a los albergues de la red. Le siguieron los salvadoreños, luego los guatemaltecos, mexicanos y nicaragüenses.
Según datos presentados por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Decentralización, en Honduras se estiman alrededor de 174,000 personas desplazadas internas como efecto de la violencia. Ese dato podría incluso ser conservador, según lo manifestó Carlos Sierra de Ciprodeh, quien estima que en realidad podrían llegar a ser más de 300,000 las personas desplazadas en el país.
Dentro de las razones para el desplazamiento en Honduras están el ser el considerado “enemigo” o “traidor” por maras, pandillas o redes de narcotráfico; la real o presunta cooperación con las fuerzas de seguridad o justicia; la sospecha de colaboración con grupos rivales o, sobre todo en el caso de las maras, la decisión de abandonar la banda sin el permiso de sus líderes.
«El tema del desplazamiento en Honduras es de reciente estudio pero no de reciente afectación», indica Sierra, resaltando que en Honduras, a diferencia de Colombia o México —países de referencia para entender el fenómeno hondureño— el desplazamiento se ha dado por goteo.
«El fracaso de la política de seguridad de las últimas administraciones en el país ha llevado a un desbordamiento de la violencia y este desbordamiento de la violencia ha generado una gran cantidad de víctimas que es lo que no vemos en los diarios. Vemos a las personas muertas, vemos las capturas, escuchamos todas estas crónicas sobre la criminalidad en Honduras, pero nadie habla sobre la esposa que quedó viuda, el hijo que quedó huérfano; las personas que tienen que desplazarse de su comunidad por el tema de la criminalidad propiamente dicha», afirma Sierra.
«Entre el 2011 y el 2012 se reportó un alarmante incremento de hondureños solicitantes de asilo en Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá. Esos casos dispararon las alertas de la ACNUR, del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Consejo Noruego de los Refugiados, tres instituciones que se habían retirado de la región luego del final de la guerra en Centro América y que volvieron en 2012, ante los llamados de alerta de los hondureños solicitantes de asilo. Esos elementos se conjugan para que tanto la Cooperación Internacional, como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen al gobierno de Lobo Sosa para pedir que reconozca la problemática», afirma Carlos Sierra.
«Para nosotros era muy importante que el estado de Honduras reconociera que la problemática de la seguridad se había ido de las manos, esa problemática había generado una gran cantidad de víctimas y muchas de estas víctimas estaban siendo desplazadas por la violencia», continúa.
De los países de la región que sufren situaciones similares, sólo Honduras ha tomado la decisión política de reconocerlo como problema.
Según el análisis 2011 del Instituto Nacional de Estadística de Honduras «Comportamiento de la Migración y las Remesas Internacionales», unas 850.000 personas de origen hondureño viven fuera del país. El mismo informe señala que a mayo 2010 emigraron 238,669 hondureños, el 6% de ellos, según las Hermanas Scalabrinianas, escapando de la violencia.
Cerca de 29,400 personas se vieron forzadas el año pasado a migrar internamente en Honduras por la inseguridad, según datos divulgados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
«La «inseguridad» generalizada que la población siente en sus comunidades, creada por el actuar de los grupos criminales no está basada en incidentes concretos de confrontación, sino que deriva más bien de un miedo instalado en la población (por ejemplo, el temor de las madres al reclutamiento de sus hijos). Sin embargo ciertos eventos específicos pueden desencadenar el desplazamiento, como por ejemplo la llegada de un grupo criminal a un barrio, la remoción de una posta policial, o el presenciar un crimen». (7)
En abril de 2016, los vencidos de la colonias Losusa y Ebenezer, informaron que unas 25 familias se vieron obligadas a abandonar sus casas. (8) Los pandilleros de la 18 dejaron un mensaje en el que pidieron a los residentes de la colonia sampedrana abandonar sus viviendas en 24 horas. Semanas atrás, un hecho similar se dio en las colonias Reparto Lempira de San Pedro Sula y en Las Torres #2 de Tegucigalpa.
«Uno de los vecinos dijo que ayer vinieron como a las ocho de la noche y se metieron a las casas, andaban como 10 encapuchados y con AK-47 y nos dijeron que nos daban unas horas para desalojar toda la cuadra, a todas las familias que vivimos aquí», afirmaron los vecinos de Reparto Lempira a diario La Prensa.
El comisionado Héctor Iván Mejía dijo que la Policía Nacional de Honduras ya comenzó a trabajar en la zona y que algunas familias ya pueden regresar a sus casas.
«La presencia policial va a ser permanente. Estamos haciendo investigaciones para determinar de dónde salió esa información», dijo Mejía. (9)
Pero las familias que se van, no vuelven.
Carlos Sierra resume así las causas del desplazamiento de personas en Honduras: «hay personas que son víctimas de una extorsión y deciden irse. Hay también otras que viven en comunidades con alta criminalidad, que han presenciado un hecho violento o una muerte violenta, esas personas, por el temor se desplazan. Si usted llega a ver el rostro de determinados delincuentes, usted tiene que salir de esta comunidad. En otros casos es más directo, los delincuentes vienen y le dicen, “yo voy a reclutar a su hijo o hija mañana, así que me lo tiene listo con la maleta” y esta persona opta por irse…»
El informe Maras y pandillas en Honduras presentado el 20 de noviembre de 2015 por la revista InSight Crime y La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), establece las fronteras de los principales territorios controlados por las maras y pandillas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Según ese informe la 18 actualmente opera en aproximadamente 150 barrios y colonias de Tegucigalpa, su mayor cobertura está en la zona sur de Comayagüela, mientras la MS13 opera en unos 70 barrios y colonias del Distrito de la Capital, y se supone que su concentración de fuerzas más grande está en la zona occidental de la ciudad. De los 222 barrios y colonias en las que operan, se cree que actualmente hay unos 12 barrios y colonias que tienen presencia de ambos grupos, lo cual podría dar explicación de la violencia relacionada con maras y pandillas, pues muchas de las masacres y desplazamientos provienen de esas zonas de la ciudad. (10)
El estudio establece las fronteras para la ciudad de San Pedro Sula. Las colonias Losusa, Ebenezer, Reparto Lempira (y las Torres en Tegucigalpa) están en esa frontera que describen InSight Crime y ASJ. Sugiriendo que la causa de la violencia en esas colonias tiene que ver con el control del territorio por parte de las maras y pandillas.
¿Qué fue lo que pasó entre el 2010 y el 2011?
La crisis política generada por el golpe de Estado hizo que el tema de la criminalidad tomara mayor posesión del país, que tuviera mayor movilidad. Se expandió la influencia de los carteles de la droga en amplias zonas de Honduras, en territorios donde antes no existían, se consolidó el tema de la extorsión, encontró el asidero perfecto de una institucionalidad policial en total desorden.
«A finales del 2011 creemos que en un descuido de la política de seguridad hizo que la criminalidad avance en los territorios, por ende en las comunidades, volviéndolas más inseguras, haciendo que muchas personas empiecen a salir de sus colonias incluso del país», afirma Sierra, recordando que fue en el contexto del golpe de Estado cuando se generó una dispersión de que muchos policías, que en lugar de estar en los territorios estaban concentrados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y los territorios totalmente abandonados y la criminalidad avanzando.
«Eso agudizan también otros elementos de la violencia en el país, violencia que hemos vivido históricamente por la pobreza, pero también la violencia de género, el tema de la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia que están ahí ocultas como la trata y el acoso escolar conocido como “bullying”. Todo esto del descuido de todos los elementos genera que esta gran cantidad de personas tenga que moverse, una gran cantidad tuvo que salir del país», afirma el oficial de Ciprodeh.
Olvin Osorto, un joven barbero de la colonia Smith de Comayagüela, habló con nosotros sobre la presión que vivía por causa del impuesto de guerra. Dijo que ya no aguantaba tanta mierda con «esos majes que pasan cobrándole renta», y que antes de seguir pagando ese billete mensual por el impuesto de guerra que le cobra la 18, prefería cerrar la «barber» y migran hacia la USA para mantener a su familia. (12)
«Cómo puede ser posible que uno trabaje duro todos los días para estar dándole su pisto a esos majes, no es posible alero, no es justo, y lo peor es que si uno no les da el billete que le piden viene y lo matan, así, sin mediar palabra. Cómo se pone a creer que esto es vida compa, no alerito, esto no es vida, aquí ya no se puede ni trabajar, porque hasta por eso lo matan a uno», dijo, irritado.
Días después de su entrevista, dos sujetos entraron al pequeño local de Olvin Osorto y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones, hiriéndolo de muerte por no pagar a tiempo el impuesto de guerra.
«La política de seguridad del gobierno ha sido la saturación policial y militar y extraer de las bandas criminales a los cabecillas», afirma Sierra, quien cree que eso no va a influir directamente en disminuir el tema del desplazamiento.
«Recordemos que el tema esta enraizado en la propia comunidad, en las condiciones que hacen que una persona se sienta segura en su casa, su centro de trabajo o en su centro de estudio y esto no se va a lograr. Por ejemplo en el Hato de Enmedio hay un comando militar plantado, una semana o diez días existió la saturación militar en el Hato de Enmedio y durante esos diez días no hubo crímenes, pero una semana después empezaron a haber muertos otra vez, destrucción. Y así podemos verlo en diferentes comunidades».
La presidencia de Juan Orlando Hernandez ha ampliado su estrategia buscando dar respuesta a las causas que provocan el desplazamiento forzado de la población. A la saturación policial y extradiciones se suma el aislamiento de los líderes de las bandas criminales que desde la cárcel mantenían el control del «impuesto de guerra», cambios en la legislación penal, haciendo más duro el castigo al delito de la extorsión y, en un giro de la política represiva hasta ahora ejecutada, ha ascendido (nuevamente) al grado de Secretaría de Estado a lo que hasta ahora era una Dirección de Derechos Humanos.
La Secretaría de Derechos Humanos deberá continuar con el trabajo iniciado por la ministra Ana Pineda, responsable de que Honduras reconociera la problemática del desplazamiento forzado. Será a través de esta institución en conjunto con las organizaciones de la Sociedad Civil, que se deberá prestar atención a las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, para responder a esas familias que tienen que huir y encuentren un lugar a donde establecerse sin miedo, y buscar frenar de una vez por todas las causas que producen el desplazamiento por goteo.
