TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional derogó el decreto 57-2020 y el reformó el decreto 93-2021, denominados como pactos de impunidad, de esta forma se fortalecerá la lucha contra la corrupción en el país.
Con un total de 111 votos de las diferentes bancadas suprimieron dichas normativas lesivas, que también era parte de los requisitos establecidos en el memorando de entendimiento para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
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La vicepresidenta del Legislativo, Fátima Mena, indicó que esta era una petición de la ciudadanía que busca anhela una verdadera justicia.
“El activismo anticorrupción del país ha estado esperando por años que se puedan eliminar todas esas barreras que obstaculizan que los operadores de justicia puedan desmontar las estructuras criminales. Esto no lo dice un partido o una persona sino quienes están en primera línea en lucha contra la impunidad y corrupción”, expresó.
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Mena explicó que el decreto 57-2020 limitaba al Ministerio Público la acción de secuestrar la información u objetos de investigación. Mientras que el decreto 93-2021, que tenía relación al lavado de activos, se hizo una nueva redacción apegadas a las reglas GAFI, para que facilite la persecución penal de este delito.
“Con esta ley se beneficiaron más de 400 personas directamente, los testaferros del cártel de Los Cachiros, Valle Valle y Los Pinto, todas esas personas que la Secretaría de Seguridad anunciaba que les habían asegurado bienes o capturado, con sobreseimiento definitivo salieron en menos de un año”, señaló.
FALTAN MÁS REFORMAS. El legislador Rolando Barahona expuso que aún falta la derogación del decreto 116-2019 en el que se incluye la figura del Fondo Departamental, necesitando 86 votos para su derogación.
“Ese es el decreto más maligno porque básicamente le permite tener un fondo departamental a todos los congresistas y hacer uso del mismo. Pero en uno de los artículos menciona que si es identificado que sustrajo fondos del Estado, esta persona no tendrá ninguna sanción o juzgar, sino que simplemente tiene la opción de regresar todo el dinero y pagar un cierto porcentaje más”, expuso.
De igual manera, el jefe de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a un medio local que esta ley es la más dañina.
Asimismo, el pasado mes de enero aseguró que si se elimina por completo dicha normativa, se reactivarían ciertos casos de corrupción.
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