TEGUCIGALPA, Honduras
Penalistas señalaron que no se debe crear una Ley de Extradición bajo intereses políticos, ni desconociendo el auto acordado como fuente del derecho en esta materia.
El abogado y analista político German Licona indicó que la creación de esta norma no es una prioridad, sino reformar algunos decretos para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
“Decir ahora que el autocordado no sirve y que hay establecer una ley, consideramos que esa es una protección más que están acordando los políticos tradicionales para no ser solicitados en extradición”, declaró.
Explicó que el convenio internacional suscrito entre EE.UU. y Honduras en materia de extradición reformó el artículo 102 de la Constitución, los cual implicó establecer el decreto 269 – 2011 para que se realizará la extradición por delitos de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada
“¿Qué sucede ahora? A petición de EE.UU. dentro de los delitos de criminalidad organizada están las redes de corrupción, ese es el temor de los políticos y les ha permitido a los tres partidos políticos mayoritarios coludirse para constituir una ley dejando de lado el autoacordado y no constituir delitos de corrupción”, expuso.
Por su parte el experto en derecho penalista Marlon Duarte indicó que el auto acordado no se puede reformar porque no existe una ley de extradición.
“No se puede realizar una ley de acuerdo intereses particulares, porque es de aplicación general, es decir lo que necesita la sociedad. En un país donde se promulga el Estado de derecho no puede existir una extradición sin una ley”, dijo.
Precisó que si se reformaron los preceptos constitucionales para ejecutar la extradición, tendría que haber una normativa que reglamente la forma y manera del proceso.
“Si se va a respetar el principio de contradicción, lógicamente hay que obligar al Estado requirente para que determine en que se basa la solicitud de extradición… El autoacordado dice que se respeta el derecho de defensa, pero no es así… No puede ser que el magistrado esté leyendo las pruebas, porque esa es una obligación de la parte que solicita la extradición”, sentenció.
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