TEGUCIGALPA, Honduras
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó una solicitud de antejuicio en contra de la jueza Irisabel Miranda Hernández, quien condenó al Estado a pagar millones por demandas de una empresa de EE.UU.
Miranda es señalada como supuesta responsable del delito de prevaricato judicial continuado.
Según detalló la fiscalía en un comunicado, en 2009 emitió una resolución arbitral entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que condenó al país a pagar más de 50 millones de dólares.
“A dicha resolución la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno”,expresa uno de los párrafos del comunicado.
De igual manera en 2019, la jueza ordenó la ejecución de la resolución que derivó en un embargo a las finanzas públicas, dejando un perjuicio superior a los 381 millones de lempiras.
#UFERCO promueve antejuicio contra jueza implicada en embargos al Estado https://t.co/6Gq39WhL2i pic.twitter.com/oneg6ys7ic
— Ministerio Público (@MP_Honduras) February 10, 2023
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que la corte de apelaciones en anticorrupción ya recibió la solicitud por parte del Ministerio Público.
Ante esta situación, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, pidió al ente acusador investigar todo lo relacionado al caso.
“Las Uferco está obligado a investigar la red de corrupción público privada, sus autores intelectuales y materiales; y cómplices. La sentencia dictada fraudulent res judicata por ser producto de la corrupción, es nula”, dijo.
.UFERCO-@MP_Honduras está obligado a investigar la red de corrupción público privada, sus autores intelectuales y materiales; y cómplices. La sentencia dictada (fraudulent res judicata) por ser producto de la corrupción, es NULA. @PJdeHonduras.
— Rixi Moncada (@riximga) February 10, 2023
Por su parte, presidente de la asociación de empleados Poder Judicial Humberto Figueroa consideró que se le debe respetar el debido proceso a su compañera.
“Es un proceso normal que se debe llevar a cabo con el debido proceso, respetando la presunción de inocencia de cada imputado”, acotó.
Explicó que en este caso, los magistrados de la Corte de Apelaciones se reunirán para dar admisión o no al proceso, seguidamente procede la declaración de imputado y después las audiencias para determinar la responsabilidad o no de la jueza.
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