TEGUCIGALPA, Honduras
Un juez natural designado notificó la resolución de la corte de apelaciones de absolver a todos los implicados en el caso denominado Arca Abierta.
Cabe destacar que el 14 de noviembre, la Corte de Apelaciones designada determinó revocar sentencia en caso Planeta Verde y mandó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que investigue a 21 diputados involucrados en el supuesto acto de corrupción.
En este acto de corrupción estaban señalados una actual diputadas, exlegisladores y exfuncionarios, acusados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
El requerimiento fiscal incluyó a la diputada nacionalista Gladys Aurora López, los excongresistas Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton Puerto Oseguera, Welsy Milena Vásquez, Fabricio Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, todos por el delito de malversación de caudales públicos.
También, Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y Allan Aroni San Martín por el delito de fraude.
De igual manera, Audelia Rodríguez, Hernán Enrique Vindel, Juan Carlos Valenzuela Molina, Iveth Salomé Navas Suazo, Carlos Humberto Bonilla y Óscar Álvarez, por malversación de caudales públicos, Ana Lucía Castro y Arnold Gustavo Castro.
El portavoz del Poder Judicial Melvin Duarte detalló que los exfuncionarios fueron convocados a fin de notificarles la decisión de la corte de apelaciones designada que en su momento declaró a lugar con efecto extensivo el recurso de apelación por la concurrencia de la falta de acción.
Lo anterior en vista de que la causa criminal no puede proseguirse de acuerdo a este dictamen, en este caso conocido como Arca Abierta, de igual manera la Corte de Apelaciones declaró que concurre un principio llamado principio de prejudicialidad.
Este principio consiste en que el Tribunal Superior de Cuentas debe emitir una resolución definitiva de auditoría e investigación especial, previo a cualquier tipo de acción y manda a que el juez de letras designado proceda a revocar las medidas cautelares.
«Lo que ha estado ocurriendo es la notificación por parte del juez natural designado de esta decisión por parte de la Corte de Apelaciones que fue tomada desde el año anterior, esto obedece al cumplimiento de una normativa que fue aprobada en el Congreso Nacional que se llama Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social comunitario», externó.
Expuso que según la normativa establece dejar en suspenso cualquier acción de tipo administrativo, civil y penal mientras el TSC no concluya sus investigaciones y la auditoría especial, lo que ya ha ocurrido en este caso es el cumplimiento de esa normativa vigente.
«La aceptación -prosiguió- por supuesto declarando a lugar los recursos que fueron interpuestos por la defensa técnica de cada una de las personas que fueron imputadas».
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