TEGUCIGALPA, Honduras
El extitular de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) Adolfo Facussé dijo que el proyecto fracasado Ciudad Mateo no es propiedad del gobierno y no es la presidenta quien puede decidir qué hacer allí.
La reacción del líder gremial llega después del anunció del director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Amable de Jesús Hernández, de sobre la orden de la mandataria, Xiomara Castro, de habitar el complejo construido en la década de 1990.
«En relación con la orden de habilitar Ciudad Mateo, me permito hacer de conocimiento público unas consideraciones sumamente importantes, para comenzar, ese proyecto fracasado no es propiedad del gobierno y no es la presidenta quien puede decidir qué hacer allí», sostuvo.
En ese sentido, compartió la explicación del empresario Carlos Héctor Sabillón y con las cuales él concuerda.
En relación con la orden de rehabilitar Ciudad Mateo, me permito hacer de conocimiento público unas consideraciones sumamente importantes pues, para comenzar, ese proyecto fracasado no es propiedad del Gobierno y no es la Sra Presidenta quien puede decidir qué hacer allí.
— Adolfo J. Facusse (@ajfacusse) December 1, 2022
Según Sabillón las medidas contra la contaminación ambiental «encarecerá esas casas, pues se debe evitar que las aguas lluvias superficiales desemboque en el Río Guacerique, que sería aguas arriba de Los Laureles».
Agregó que también hay que toma en cuenta el estado de esas construcciones, que ya tienen casi 30 años y han estado a la intemperie, sin ningún mantenimiento, por lo tanto, los costos de hacerlas habitables también se encarecerán por esa vía.
«El impacto ambiental va a ser tremendo; por ello no debe habilitarse. Adicionalmente, un tercer argumento, es que ese terreno y proyecto es propiedad del Injupemp, no del gobierno», puntualizó.
Indicó que los institutos de previsión públicos no son propiedad del Estado, como erróneamente se cree.
«El Injupemp, así como el Inprema, Inpreunah e IPM son fondos de pensiones cuyos dinero proviene de las cotizaciones de los participantes y del correspondiente aporte de los patronos», precisó.
Argumentó que el Estado como tal no aporta, lo hace como patrono. En consecuencia, no es la presidenta quien debe decidir, sino el Injupemp como propietario.
Añadió que la decisión del exmandatario Rafael Leonardo Callejas de construirlo fue ilegal y eso le ha acarreado al Injupemp millonarias pérdidas.
En tanto el legislador del Partido Salvador de Honduras (PSH) Carlos Umaña sugirió un verdadero estudio de impacto ambiental y que se diga quién pagará a el instituto el costo financiero.
El tema de rehabilitación de Ciudad Mateo es muy sensible para el medio ambiente de la capital y la recuperación de las finanzas de injupemp. Sugiero un verdadero estudio de impacto ambiental y que se diga quien pagará a el instituto el costo financiero. De gratis no se puede….
— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) December 1, 2022
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