TEGUCIGALPA, Honduras
Defensores de DD.HH. condenaron el desalojo violento en contra de la comunidad garífuna de Punta Gorda en Islas de la Bahía.
El abogado Edy Tabora consideró que las instituciones judiciales y policiales deben entender que ese territorio le pertenece exclusivamente a la etnia garífuna.
“Realmente hay un mecanismo de estigmatización que están reivindicando su derecho a la tierra, generalmente no hay una investigación profunda del origen de la tierra. Hacemos un llamado a la Policía Nacional para que haya indagación profunda con enfoque al derecho indígena”, expresó.
Precisó que los operadores de justicias realizaron una acción ilegal contras varios ciudadanos.
“El desalojo no puede ser desarrollado contra toda una comunidad cuando en el requerimiento fiscal solo hay una persona. Si solo hay un acusado, ¿por qué desalojan a la comunidad?”, cuestionó.
Detalló que el hecho violento se dio debido a un precepto del Código Penal que incorpora la figura de usurpación y una forma de desalojo denominado exprés que faculta a la Policía Nacional para realizar esta acción.
“Es urgente que el Congreso derogue esa normativa para que no se den estos actos”, acotó.
INVESTIGACIÓN. Por su parte el titular del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, se solidarizó con la comunidad indígena.
“Creemos que la juez, el fiscal y quienes participaron en el desalojo deben ser investigados. Este un caso para el sistema interamericano y Naciones Unidas porque existen condenas en favor del pueblo garífuna y esto pudo haber pasado del fueron penal al civil, eso hubiese sido una salomónica acción”, dijo.
Agregó que previamente debía establecerse un diálogo para buscar una solución del territorio ancestral garífuna sin necesidad de optar por el uso de la violencia.
DEBÍA CONOCERLO LA PRESIDENTA. Cabe destacar que la mandataria Xiomara Castro aseveró que ella desconocía de esta acción judicial.
En sentido, el presidente de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula (Asafrova), Humberto Castillo, repudió la acción contra sus compañeros y anunció una posible demanda contra el Estado.
“El hecho de que la presidenta se excuse de que no tenía información, también lo repudiamos nosotros, pero ella debió estar informada para que sus subalternos no cometieran atropellos”, arremetió.
Misma postura, externó el sacerdote jesuita Ismael Moreno quien consideró que algunos empleados deben ser removidos de sus cargos.
“Tras aceptar no haber recibido información sobre el desalojo de garífunas en Punta Gorda, con el debido respeto, sugerimos a la presidenta que asuma la responsabilidad de realizar remociones oportunas para contar con funcionarios competentes y cumplan con eficacia con sus funciones”, enfatizó.
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