TEGUCIGALPA, Honduras
Integrantes del actual gobierno consideraron que se debe deducir responsabilidad con los exfuncionarios y políticos que apoyaron la conformación de la extinta ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes).
La legisladora del Partido Salvador de Honduras (PSH) Maribel Espinoza indicó que los exempleados gubernamentales podrían ser acusados por el delito de traición a la patria por intentar contra preceptos constitucionales.
“Lo que podemos hacer los hondureños ante toda esta atrocidad es deducirle la responsabilidad a todos aquellos exfuncionarios que se vieron involucrados en darle vida a ese esperpento jurídico de las Zedes”, declaró.
De igual, manera el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, expuso que todo organismo que fue creado violentado la Norma Suprema no cuenta con derechos.
“Ninguna empresa que haya nacido violentando la Constitución, artículos pétreos, forma de gobierno, territorio y soberanía, va a poder reclamar derechos. Y no existe ningún tratado internacional que les pueda amparar. Por el contrario, están cometiendo delitos imprescriptibles”, afirmó.
Ninguna empresa que haya nacido violentando la Constitución, artículos pétreos, forma de gobierno, territorio y soberanía, va a poder reclamar derechos.
Y no existe ningún tratado internacional que les pueda amparar. Por el contrario, están cometiendo delitos imprescriptibles.— LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) November 4, 2022
Asimismo, el congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera arremetió contra la Zede Próspera, por presuntamente preparar una demanda en contra del Estado.
“Los de Próspera y los políticos que permitieron esa Zedes deberían de estar presos… Ese intento de dañar a la sociedad hondureña y de desarticular el Estado que conocemos ha producido perjuicio al país y ellos deben responder”, dijo.
Por su parte el designado presidencial Salvador Nasralla propuso elevar este tema ante organismos jurídicos internacionales.
“Lo que firmó Juan Orlando Hernández y sus cercanos debe ser sometido a una Corte Internacional de Justicia porque ningún presidente puede vender el territorio a cambio de inversiones”, expresó.
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