TEGUCIGALPA, Honduras
El Poder Judicial anunció que un juzgado penal anticorrupción recibió un requerimiento fiscal contra cuatro exfuncionarios del gobierno anterior por violación a los deberes de los funcionarios, fraude y falsificación de documentos públicos.
En ese sentido, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó al exsubsecretario de Salud Nery Cerrato quien es requerido por el delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio del Estado.
Al respecto el Ministerio Público informó que los otros imputados son el excomisionado de Copeco Gabriel Alfredo Rubí Paredes; el exadministrador Cristian Elías Santelí Chavarría y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC Mirna Luz Romero Majano.
En el comunicado difundido por la fiscalía detalló que el caso está relacionado a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al Covid-19 en Villanueva, Cortés.
Señaló que por ese contrato se erogaron cinco millones 560 mil 278 lempiras pero, lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.
Conforme a la investigación de la fiscalía los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que lo que entregó fueron toldos y camillas de campamento, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 202.
Agregó que Cerrato, actuando como Coordinador del Comité Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) comenzó con el extitular de Copeco Gabriel Rubí, la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) de San Pedro Sula y agentes de investigación de los delitos en contra de la administración pública y patrimonial de la ATIC, confirmaron que las transferencias que el gobierno hizo a DLX Enterprises LLC por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, se realizó de la siguiente manera: un adelanto de 33 mil 502 dólares el 2 de marzo de 2020 y siete días después 78 mil 173 dólares y una última el 17 de marzo de 2020 por 111 mil 676 dólares.
Detalló que las imputaciones en el caso de Rubí Paredes y Santelí Chavarría son por suponerlos responsables de violación de los deberes de los funcionarios y fraude, mientras que a Nery Conrado Cerrato Ramírez se le presume responsable de falsificación de documentos públicos y a Mirna Luz Romero Majano se le señala como cooperador necesario de fraude.
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