Ratifican auto de formal procesamiento contra exfuncionarios de Copeco por corrupción

Redacción El Pulso3 septiembre, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras 

El Ministerio Público informó que la Corte de Apelaciones de lo Penal en materia de corrupción por unanimidad de votos ratificó el auto de formal procesamiento a exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y un empresario.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) fue notificada el viernes de la resolución de la Corte.

Los imputados son el excomisionado Gabriel Rubí y el exsubcomisionado Gustavo Adolfo Cruz Gómez, acusados por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios a títulos de autores en perjuicio de la administración pública.

En el comunicado difundido por la fiscalía precisó que la Corte de Apelaciones de lo Penal declaró sin lugar los recursos de apelaciones interpuestas por las partes procesales.

Además de la exdirectora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Arlette Magaly Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF construcciones Fernando Sierra, por el delito de fraude a título de cooperador necesario.

Recordó que en este caso se encuentra prófugo de la justicia el exadministrador de Copeco Cristian Elías Santeli, quien es señalado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

Según las investigaciones, los imputados amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, gestionaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, sin embargo, el mismo no fue solicitado por las autoridades hospitalarias.

Detalló que el contrato fue suscrito por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.

«La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia que brinden mejores condiciones de costo y calidad», expuso.

Asimismo, la investigación también estableció que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por ciento de anticipo sin cumplir con todos los requisitos antes del inicio de la obra.

En tanto, Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.

Por tanto el Ministerio Público indicó que ahora espera -tras esta determinación de un Tribunal de Alzada- que se realice la audiencia preliminar respectiva y se eleve el caso a juicio oral y público.

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