TEGUCIGALPA, Honduras
La titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) Blanca Izaguirre condenó todo tipo de apología al odio contra los miembros de la diversidad sexual.
Además, recordó que el estigma y la discriminación ejercida contra personas de la comunidad LGTBI son prohibidos por el derecho internacional por constituirse en una grave violación a los derechos humanos, que incluso es punible en la legislación hondureña por ser lesiva a la dignidad humana.
Esto luego de la recomendación hecha por un representantes de la iglesia evangélica, quienes expresaron su desacuerdo para que la diversidad sexual participe en los desfiles patrios.
Indicó que «las personas LGTBI, organizados en asociaciones civiles o como personas individualizadas, merecen la consideración y el respeto inherente a su dignidad humana, de parte de las instituciones públicas y privadas, funcionarios del Estado, así como de la sociedad en general, sin discriminación alguna».
«En mi condición de comisionada Nacional de los Derechos Humanos condenó todo tipo de apología al odio, además, rechazo todo acto de discriminación y estigma contra cualquier persona o grupo de personas», dijo.
El comunicado difundido por el Conadeh señaló que el ejercicio de la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales y está sujeta a ciertas restricciones para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
Agregó que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, está prohibida por la ley.
En ese sentido, precisó que «los principios de igualdad, equidad y la garantía de no discriminación son parte fundamental de la normativa nacional e internacional de derechos humanos, aplicable a todas las personas sin distinción alguna, todo con el firme propósito de fortalecer la armonía social».
Añadió que «la orientación sexual y la identidad de género son motivos de discriminación, prohibidos por el derecho internacional».
Recordó que las autoridades hondureñas tienen la obligación de investigar los ataques contra la diversidad sexual y debe responder adecuadamente, con acciones preventivas de violencia y de esa manera, evitar daños irreparables.
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