TEGUCIGALPA, Honduras
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos cuestionó que se haya sobreseído a cinco acusados de desviar 18 millones de lempiras del Fondo Departamental.
Asimismo, se anunció que la Uferco presentará recurso de apelación en contra de la resolución de un juez natural que libra de responsabilidad penal a un diputado, cuatro excongresistas y otros involucrados en una serie de operaciones fraudulentas de dos oenegés en el Congreso.
A través de sus redes sociales el fiscal manifestó su descontento con la decisión tomada por la justicia y aseguró que no puede callarse pese a que a los fiscales se les enseña e inculca evitar pronunciarse públicamente respecto a las resoluciones de los jueces.
Detalló que la Uferco presentó cuatro testigos y siete pericias forenses, entre ellas, dos financieras, una de ingeniería y cuatro de documentología y más de 200 folios; además de un testigo que relató con detalle cómo se retiró el dinero y lo entregó en efectivo en un bufete de uno de los imputados.
Afirmó que aun cuando la Unidad Fiscal había presentado suficientes medios de prueba, que exceden los requeridos para dictar un auto de formal procesamiento, la juez conocedora de la causa, dictó sobreseimientos.
Explicó que los argumentos son varios, pero el esencial, es el Decreto 116-2019, el cual dispone que debe existir previamente una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) antes que intervenga el Ministerio Público.
Agregó que «la Uferco es del criterio que dicha ley no aplica porque las liquidaciones originales adjunto al proceso refieren que ya fueron revisadas».
Recordó que en reiteradas ocasiones se ha solicitado la derogación del decreto l 116-2019 y el 57-2020 y 093-2021 que forman el llamado Pacto de impunidad, pero hasta el día de hoy se ha ignorado dicha petición.
«Así, es imposible combatir la corrupción, por un lado se dice ‘la Uferco tiene superpoderes’, pero por otro, no hay voluntad de derogar decretos que están siendo mal utilizados para archivar casos, aun cuando, un juez respetuoso de la Constitución no los aplicará», lamentó.
Indicó que las resoluciones dictadas en casos como Arca Abierta y Narcopolítica -que llevan tres años engavetados-, Red de diputados y Pandora, deberían ser analizadas por los estudiantes de derecho de las universidades y generar debates sobre cómo se actúa en casos de corrupción de impacto.
Explicó que sino se revisan el Código Penal y el Procesal Penal, en cuanto al procedimiento para altos funcionarios y se derogan los Decretos 116-2019, 057-2020 y 093-2021, será muy difícil o imposible que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se instale y logre el éxito que desea la población.
Sepa más : La justicia sobresee a varios implicados en el saqueo al Congreso Nacional
