TEGUCIGALPA, Honduras
El Partido Liberal anunció que presentarán una nueva iniciativa de Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en el cual no vuelvan a existir los sesgos políticos.
El jefe de bancada liberal, Mario Segura, indicó que sostuvieron una reunión con expertos en el tema de seguridad y acordaron nombrar una comisión que será presidida por el diputado Mauricio Villeda, quien se encargará de realizar un nuevo proyecto de ley,
“Como partido sentimos que existe la necesidad de drogar la norma vigente, pero también crear una ley que no tenga sesgo político, sino que beneficie al pueblo hondureño para solventar la crisis que vivimos en este momento”, aseguró.
Por su parte, el titular de la entidad, Yani Rosenthal, externó que sus correligionarios no están de acuerdo con algunos componentes del proyecto enviado por el Ejecutivo y por eso no secundaron la moción de dispensa de debates.
“Como partido presentarán un borrador de una ley alternativa que permita tomar en cuenta los DDHH, para que no se cometan abusos y que refleje las preocupaciones del pueblo de Honduras”, dijo.
CONTRADICCIONES. Además, afirmó estar en contra de la ley del CNDS usada por el gobierno del extraditado Juan Orlando Hernández como la iniciativa enviada al hemiciclo por esta administración.
“La nueva ley que pretende sustituir a la anterior tiene contradicciones. Un ejemplo es la Dirección Nacional de inteligencia, en la anterior se deroga y en la nueva se regula, entonces ¿Cómo se puede regular algo si está eliminado?”, explicó.
Agregó “también nos preocupa que se transfiera alguna de las atribuciones del Instituto de Acceso a la Información Pública a algunos de los funcionarios del Ejecutivo quienes podrían clasificar y desclasificar documentos sin tener que cumplir con la ley de transparencia”.
Expuso que cuando el gobierno clasifique información debe aclarar a la ciudadanía por qué hace esta acción y por cuánto tiempo.
«Creemos que la Constitución establece que la atribución de dirigir la seguridad externa e interna del Estado le corresponde a la presidenta, sentimos que una ley que menoscabe esas atribuciones no es adecuada para el país», concluyó.
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