TEGUCIGALPA, Honduras
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) externó su preocupación por las más de 100 personas, de siete pueblos étnicos de Honduras, que han sido víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado.
Según los datos brindados por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh revelan que 39 garífunas, 23 lencas, 19 misquitos, 12 Pech, 10 tolupanes, dos tawahkas y dos del pueblo maya chortí están en situación de riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado, en los últimos seis años.
En el primer semestre de 2022, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos atendió a 14 personas de pueblos originarios, de los cuales cinco eran garífunas, siete misquitos y dos tolupanes, de ellos 10 estaban en riesgo y cuatro en condición de víctimas del desplazamiento forzado interno.
Indicó que de los 107 casos atendidos por el Conadeh, al menos 69 de los mismos representan el 64 por ciento y están en situación de riesgo; mientras que casos 38 que equivalen a un 36 por ciento como víctimas del desplazamiento forzado.
Agregó que los casos de personas indígenas y afrohondureñas en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado se presentaron en seis de los 18 departamentos del país, los cuales son Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle.
Agregó que «el riesgo o el desplazamiento forzado de las víctimas estuvieron asociados a causas como el despojo de tierras y usurpación de propiedades, así como asesinatos, lesiones y amenazas».
Al respecto la titular del Conadeh Blanca Izaguirre urgió al Estado hondureño tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos forzados de personas que forman parte de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra.
Afirmó que «los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica por causas de la violencia que enfrentan por defender sus derechos y también por la desprotección de su derecho a la tierra, territorios, y recursos naturales».
Aseveró que los vacíos de protección legal en amparo para las personas indígenas y afro-hondureñas deriva en situaciones de violencia como homicidios en contra de líderes y defensores de los derechos humanos.
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