TEGUCIGALPA, Honduras
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) oficializó el nombramiento de su titular Blanca Izaguirre y Rolando Arturo Milla como sus representantes propietario y suplente, respectivamente, ante la Junta Nominadora.
En el comunicado emitido por la defensoría del pueblo, se detalló que ambos nombramientos se hacen en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados del Poder Judicial y en atención a la convocatoria del Congreso Nacional para la acreditación de los miembros que integrarán ese cuerpo colegiado.
Explicó que la ombudsman Blanca Izaguirre participará en su condición de representante propietaria, en la Junta nominadora.
«Izaguirre cuenta con una maestría en derecho empresarial, una amplia experiencia en derechos humanos y políticas públicas y funge también como primer vicepresidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO)», expuso el boletín.
En tanto, el abogado y notario Rolando Milla, que tiene una especialidad en derechos humanos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con 28 años de servicio en el Conadeh donde ha ocupado cargos como investigador de quejas, delegado departamental, delegado regional en dos ocasiones y actualmente, delegado nacional de atención a las quejas.
En este sentido, el ente reiteró su compromiso con la población de sujetarse a los principios elementales de legalidad, igualdad y no discriminación, equidad de género, publicidad, transparencia, rendición de cuentas, independencia, objetividad, puntualidad, respeto a los plazos establecido, ética, responsabilidad y debida diligencia.
Lo anterior, según se supo, es con el objeto de asegurar que la junta nomine a los profesionales mas idóneos para ocupar las altas magistraturas del país y garantizar un poder judicial independiente que tutele efectivamente los derechos humanos de los hondureños.
También, animó a la población a auditar el proceso de proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para asegurar que se realice con los más altos estándares y mejores prácticas de derechos humanos, apegados a los principios de la democracia y de Estado de derecho.
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