TEGUCIGALPA, Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó indicios de responsabilidad penal y responsabilidad civil en un fracasado proyecto de construcción de letrinas domiciliarias que iba a beneficiar a mil familias pobres de los departamentos de Choluteca y Valle.
Según el ente controlador la millonaria estafa en proyectos de construcción de las letrinas estuvo a cargo de dos oenegés una de ellas es la Fundación Hondureña de Desarrollo Comunitario (Fuhdec) y la Fundación Unidos por una Honduras Mejor (FUHM).
El ente contralor realizó tres informes derivados de la Investigación Especial efectuada por la Dirección de Participación Ciudadana al proceso de Transferencia de Fondos Públicos a la FUHM y su ejecución, por el período comprendido del 1 de marzo de 2016 al 31 de enero de 2022.
Además de la ejecución del Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)-Emprendesur y la Fundación Hondureña de Desarrollo Comunitario (Fuhdec), correspondiente al período del 13 de noviembre de 2017 al 30 de marzo de 2022.
Según el portavoz del organismo, Rodolfo Isaula, dos de los tres informes son con responsabilidad penal y fueron turnados al Ministerio Público.
Detalló que el tercer informe que concluye en hallazgos de responsabilidad civil esto a «razón de la investigación de un fracasado proyecto de construcción de letrinas domiciliarias que iban a beneficiar a mil familias pobres de los departamentos de Choluteca y Valle».
Indicó que en uno de los documentos que fueron enviados a la fiscalía obedece a un convenio que en su momento se suscribieron con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Salud, bajo el cual se desembolsaron fondos a favor de la FUHM y «estamos hablando de más de 38 millones de lempiras para la construcción de 459 letrinas en el departamento de Choluteca».
Precisó que en el segundo informe con responsabilidad penal se relaciona con la cooperación técnica de la SAG Emprendesur y la Fundación Hondureña de Desarrollo Comunitario (Fuhdec), para la construcción de 550 letrinas con un presupuesto de más de siete millones de lempiras.
Afirmó que del análisis de las pruebas recabadas el TSC encontró méritos suficientes para remitir dos informes al Ministerio Público, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
Dijo que «la investigación comprobó la existencia de una serie de incumplimientos a los convenios suscritos y una celeridad en los desembolsos de fondos, a pesar de las deficiencias de control existentes y el
aparente desconocimiento de los antecedentes de la FUHM».
Apuntó que se ha verificado que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Salud no cuentan con la documentación suficiente y contundente que respalde los pagos realizados a favor de la Fundación, el Tribunal de Cuentas comprobó que no existe documentación que respalde la ejecución de los fondos transferidos o depositados a favor de la FUHM, con objeto de cumplir los convenios suscritos.
Expuso que las transferencias de fondos públicos a la FUHM durante el periodo 2016-2019, según información obtenida de los bancos, ascendió a la cantidad de 38 millones 220 mil 500 lempiras.
En tanto, no fue posible determinar la totalidad del perjuicio económico causado al Estado debido a la serie de limitaciones e irregularidades encontradas.
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