TEGUCIGALPA, Honduras
La coordinadora residente de las Naciones Unidas Alice Shackelford dijo que pese al débil Estado de derecho, la nueva Ley de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un avance.
No obstante, señaló que es claro que se debe seguir trabajando para «devolver la confianza en el sistema político y el sistema de justicia en Honduras».
Externó que aspectos como la integridad de los candidatos, la separación de los poderes y un proceso transparente son fundamentales para esa confianza en el país y sus instituciones.
Precisó que «la recién aprobada ley para asegurar transparencia en elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que garanticen candidaturas íntegras, es un paso positivo para afianzar el Estado de Derecho».
Indicó que en los próximos pasos la veeduría ciudadana será crítica para este proceso de elección de los operadores de justicia.
Afirmó que «la responsabilidad de la junta nominadora es aplicar la matriz de evaluación, que incluye varias inhabilidades, de forma responsable para asegurar un Poder Judicial íntegro e independiente».
Al respecto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ocnudh) consideró que el texto aprobado incorpora avances importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, equidad de género, criterios de selección medibles y abordaje de conflictos de interés, desde la perspectiva de la independencia judicial como fundamento de la garantía de los derechos humanos.
Sin embargo, la oficina observó que la eliminación en el debate de las propuestas de nuevas inhabilidades en el artículo 15, así como el requisito de justificar el ejercicio de ciertas representaciones legales en el artículo 19, pueden habilitar injerencias indebidas en el proceso.
Por tanto, la Oacnudh «instó a las organizaciones e instituciones que integran la Junta Nominadora y al Congreso Nacional a realizar una aplicación efectiva de las nuevas salvaguardas que la ley incorpora, a través de una evaluación exhaustiva de las candidaturas acorde a los criterios de mérito, idoneidad, capacidad e integridad y mediante la garantía de un escrutinio y veeduría activa por parte de la sociedad civil y la ciudadanía».
Asimismo, agradeció a la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción y al Congreso Nacional haber aceptado su asistencia técnica en la elaboración del proyecto de este nuevo marco legal y reafirma su disponibilidad de brindar apoyo técnico a la Junta Nominadora, a las organizaciones de la sociedad civil y al Congreso Nacional en el desarrollo del proceso de selección y nominación.
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