TEGUCIGALPA, Honduras
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe sobre la multicrisis persistente y profunda que hay en el país.
El escrito hizo énfasis en que se han limitado avances sustantivos en varios componentes del desarrollo humano y una de sus manifestaciones es el debilitamiento del Estado de derecho.
El documento señaló que «la evolución moderada, en temas centrales del desarrollo humano como ingreso, escolaridad y esperanza de vida, junto a otras variables, ha sido insuficiente para cerrar las brechas de desigualdad y exclusión».
Agregó que «Honduras presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.634 siendo el más bajo de la región Centroamericana, lo que representa un 21.7 por ciento inferior al de Costa Rica (0.810) el país con mayor IDH en Centroamérica. En Latinoamérica, Honduras es 25.5 por ciento inferior al de Chile (0.851), que es el país con el mayor valor del IDH en toda la región».
Indicó que «también las brechas se reflejan internamente en el país, de los 298 municipios, 100 (34 por ciento) están ubicados en nivel de índice de desarrollo humano bajo; mientras que solo cinco municipalidades con mayor IDH: Distrito Central, La Esperanza, San Pedro Sula, Santa Lucía y Roatán».
Destacó que «ningún municipio en el país tiene una clasificación muy alta». en dicho indicador.
PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN. En el informe también se dio una serie de propuestas de transformación integral y estratégica en el que destacó la importancia de un Estado de derecho sólido en sus pilares de justicia, democracia y seguridad para enfrentar los grandes problemas estructurales del país.
Expuso que tras un proceso de análisis y el trabajo de datos ha permitido reflexionar y proponer colectivamente 50 propuestas de políticas públicas, agrupadas en ocho ejes estratégicos relevantes para el fortalecimiento del Estado de derecho.
Entre los ejes están las reformas al sistema de justicia con inclusión; reformas político-electorales; reformas a la seguridad ciudadana; descentralización con planificación del desarrollo y enfoque prospectivo; políticas sociales inclusivas que consideran la protección social; políticas económicas verdes de desarrollo humano orientadas a la concertación fiscal; políticas de equidad de género y políticas de transformación digital.
Puntualizó que «el fortalecimiento de las capacidades de principales actores de la cadena de valor del sistema de justicia es central para el robustecimiento del Estado de derecho, y que este proceso debe estar acompañado del uso de soluciones digitales para agilizar los procesos de trabajo judicial,
transparentar la gestión y facilitar el acceso a la justicia».
En materia político electoral reafirmó la urgencia de emprender un proceso de reforma electoral, a partir de la institucionalidad electoral vigente; y reforzar la independencia de los órganos electorales.
Además en el tema de seguridad, propone a que se diseñe una política pública
de seguridad y prevención de violencia, bajo enfoque de género, así como implementar un sistema innovador de monitoreo y evaluación.
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