TEGUCIGALPA, Honduras
Integrantes de la Mesa Ciudadana y organizaciones en favor de la democracia firmaron documento en el que apoyan a la iniciativa que establece nuevas reglas para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La mesa ciudadana es representada por el científico hondureño Salvador Moncada; el sacerdote jesuita Ismael Moreno; la defensora de derechos humanos Berta Oliva; el dirigente obrero Carlos H. Reyes, el empresario Eduardo Facussé; la dirigente garífuna Miriam Miranda y el titular de la Secretaría de Transparencia Edmundo Orellana.
Aseguraron que «quienes firmamos este comunicado tenemos la firme convicción de que nuestro sistema de justicia es uno de los principales problemas que tiene el país y que es necesario resolver en favor del desarrollo democrático».
El escrito detalló cuatro puntos importantes del porqué están a favor de cambiar las reglas para elegir a los hombres y mujeres que impartirán justicia desde el Poder Judicial.
Se precisó que «desde hace mucho, abandonó su función de defensor del ordenamiento jurídico para asumir el rol de defensor del poder, suministrando impunidad a quienes lo ejercen arbitrariamente y a aquellos con quienes estos se relacionan por razones políticas, de negocios o de otra índole».
Agregó que «porque su negligencia permitió el crecimiento y fortalecimiento de las redes de corrupción que saquearon los recursos de las instituciones públicas, cuyos integrantes acumularon patrimonios multimillonarios, que hoy, presas del pánico por las medidas adoptadas por el Congreso Nacional, pretenden proteger buscando refugio en el exterior».
En el tercer enumerado indicaron que «su indiferencia ante el fenómeno del narcotráfico y, en ocasiones, hasta su complicidad, estimuló su crecimiento y favoreció que operará un sistema de poder paralelo al estatal, en aquellas áreas del territorio nacional en que operaban impunemente, a cuya autoridad quedaban sometidas las personas y propiedades, de las que abusaban sistemáticamente».
Apuntó que «este ambiente de impunidad propició que se establecieran estrechas relaciones entre las redes de corrupción y de narcotráfico, cuya protección, según denunciaron los fiscales federales de EE.UU. que conocen los juicios contra narcotraficantes hondureños, fue asignada al sistema, la que cumplió con tal eficiencia que solamente la justicia extranjera pudo penetrar ese muro de impunidad, colocándonos en la categoría de narco Estado y provocando la vergüenza nacional y el repudio internacional».
Al respecto, Orellana dijo que «si renunciamos a una nueva ley, es señal inequívoca de que desistimos de reconstruir un Estado de Derechos y garantías para los ciudadanos, que provee seguridad jurídica a la población».
Añadió que «y de que no hay interés real de que nos auxilie la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH)».
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