Recomiendan al gobierno de Honduras adoptar reformas para proteger DDHH

TEGUCIGALPA, Honduras  La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW) Tamara Taraciuk anunció que la presidenta, Xiomara Castro, generó una gran expectativa de cambio. Dijo que «desde Human Rights Watch enviamos una carta con nuestro último informe, que detalla medidas que debería adoptar para cumplir con sus promesas de derechos humanos». Externó que «a partir del golpe de Estado que derrocó al expresidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, en Honduras...
Katerin Galo1 julio, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras 

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW) Tamara Taraciuk anunció que la presidenta, Xiomara Castro, generó una gran expectativa de cambio.

Dijo que «desde Human Rights Watch enviamos una carta con nuestro último informe, que detalla medidas que debería adoptar para cumplir con sus promesas de derechos humanos».

Externó que «a partir del golpe de Estado que derrocó al expresidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, en Honduras se han producido algunos de los retrocesos más graves para los derechos humanos y el Estado de derecho desde el momento de máxima violencia política que atravesó el país en la década de 1980».

«La presidenta Castro generó una gran expectativa de cambio al incluir en su plataforma electoral medidas orientadas a defender los derechos humanos y terminar con años de negligencia y abusos por parte de gobiernos anteriores», exteriorizó.

Agregó que «la mandataria debe cumplir con esas promesas propiciando una reforma de la justicia que facilite la lucha contra la corrupción y defienda los derechos básicos, particularmente de grupos vulnerables».

Detalló que las principales cuestiones que HRW aborda en el informe son la independencia de la justicia y del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción, los derechos de mujeres y niñas, los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).

Añadió que «el trabajo independiente de la sociedad civil y los periodistas, los derechos de las comunidades sobre la tierra y la migración y el desplazamiento interno».

Explicó que «el sistema de justicia de Honduras sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. Existe una falta de criterios claros para elegir a los jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros funcionarios judiciales de alto rango, haciendo que los nombramientos sean pasibles de manipulación. A su vez, el presidente del Poder Judicial tiene la facultad de administrar todo el sistema de justicia».

Precisó que «la presidenta, Xiomara Castro, debería presentar un proyecto de ley para asegurar la independencia judicial, creando un sistema imparcial, transparente e independiente para el nombramiento, los traslados, el ascenso y el sistema disciplinario de los jueces, entre otros puntos».

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