Aclaran que requerimientos contra opositores no es persecución política

Redacción El Pulso27 junio, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras 

El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) Juan Barahona aseguró que requerimiento contra líderes del Partido Nacional presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) no es persecución política.

Dijo que «los nacionalistas tiene razón de decir que es una persecución política como un mecanismo de defensa, pero en el fondo ellos están escondiendo la acusación y no van a aceptar nunca los delitos de lo que se les está acusando».

Precisó que «esto no es ninguna persecución política, es una persecución a los delincuentes y si la Uferco ha presentado este requerimiento es porque ellos deben tener las pruebas, porque no se trata de estar persiguiendo gente sin pruebas».

«Una acusación -prosiguió- hay que demostrarla en los tribunales y que al final sea con fundamentos en la ley y eso es lo que esperamos y conociendo al fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, no se trata de persecución política es persecución a los actos delincuenciales y a los delincuentes».

Afirmó que «a ellos se les está acusando de un desfalco de 18 millones de lempiras y no es poca cosa, con ese dinero se pudieron construir varias escuelas, contratar médicos y comprar medicinas, ese es el resultado por el cual este país hoy está en crisis».

Aseveró que «cuando los miembros del Partido Nacional dicen que hay persecución política están negando la verdad, se les está acusando de drenar fondos del Estado, del Congreso Nacional y varias instituciones para sus propios intereses, pero la delincuencia si hay que perseguirla porque este país lo saquearon por 12 años».

Al respecto la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) Maribel Espinoza expresó que «no hay que confundir o manipular el concepto de persecución política con el concepto de persecución penal en contra de infractores de la ley».

Añadió que «el funcionario público que infrinja la ley, de anteriores o este gobierno, deben ser enjuiciados sin excepción. Todos deben ser iguales ante la ley».

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