TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público solicitó privación de dominio contra 353 bienes entre propiedades, negocios, vehículos, equipo pesado y productos financieros de cuatro personas a las que esta semana un tribunal especializado en delincuencia organizada le favoreció con un fallo absolutorio por el delito de lavado de dinero.
La fiscalía estableció que Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez habrían utilizado sus empresas en los rubros de maquinaria pesada, minería y venta de derivados del petróleo para actividades de delincuencia organizada, siendo el narcotráfico la conducta precedente al lavado de dinero, con vinculaciones con Jorge Alberto Barralaga Hernández, José Orlando Leiva Natarén y Digna Valle Valle.
El ente acusador del Estado informó que la operación Arcano fue realizada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) quienes ejecutaron el pasado 25 de noviembre de 2019 en los departamentos de Cortés y Copán, donde se efectuaron ocho allanamientos de morada, siete inspecciones a negocios y 353 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles, mismo que los que podían ser devueltos una vez que se emitió la sentencia absolutoria y por lo que se instruyó el caso en los juzgados de privación para así preservar la disponibilidad de los bienes.
El comunicado emitido por el Ministerio Público detalló que «los hechos datan de julio de 2014, cuando la DLCN recibió denuncias sobre la existencia de una empresa denominada Incobe, cuyo propietario Rigoberto Benítez Guerra, tuvo un crecimiento económico sin justificación con supuesta procedencia de actividades vinculadas al narcotráfico».
Agregó que la «investigación patrimonial permitió identificar la constitución de sociedades mercantiles en los rubros de explotación de maquinaria pesada, minería y comercialización de derivados del petróleo; de igual manera, se pudo comprobar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, pagos de tributos y productos financieros obtenidos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que permitió establecer que los denunciados han realizado adquisiciones, traspasos y traslado de activos entre otros, que no tienen justificación económica o lícita de su procedencia».
Le puede interesar : La Fiscalía acusa de supuesta corrupción a siete exfuncionarios de Investh
