TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público interpuso requerimiento fiscal contra siete exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Investh) entre ellos el exdirector, Marco Bográn y el exadministrador, Alex Moraes, por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
En el requerimiento también figuran el contador general Carlos Luis Guevara Mondragón; la especialista administrativo y financiero Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Además se requirió al propietario del grupo G y T, SA de CV y esposo de la exdiputada nacionalista Waleska Zelaya, Juan José Lagos; la representante legal de Germar Ferreteria Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería) por suponerlos responsables del delito de fraude.
Según la investigación que realizó la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpuso en las últimas horas requerimiento fiscal en contra de siete involucrados en un nuevo acto de corrupción a lo interno de Investh por la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por covid-19.
Detalló que «de acuerdo a la relación de hechos, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional».
El ente acusador del Estado señaló que los funcionarios «aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de InvestH se habrían confabulado con las empresas grupo G y T, SA de CV y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes».
Dijo que «dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras, siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T más de 37 millones de lempiras».
Además el Ministerio Público capturó a los implicados en este nuevo acto de corrupción, en contra de la administración pública.
