TEGUCIGALPA, Honduras
El titular de la Secretaría de Transparencia Edmundo Orellana externó que si la Ley de Amnistía y condena al golpe de Estado del 2009 tiene falencias es por culpa de la sociedad civil.
Precisó que «el decreto 04-2022 fue propuesta por la sociedad civil, eso es importante señalarlo, fueron ellos quienes elaboraron el proyecto, mismo que se sometió a discusión en el Congreso Nacional y presentado por un diputado ante el pleno».
Aseveró que «ese proyecto según lo explicó la persona que representó a la sociedad civil en la presentación que hizo ante el Poder Legislativo, dijo que él mismo había sido elaborado hace varios años y la responsabilidad de su contenido es de ellos».
«La Ley de amnistía política se aprobó tal cual se presentó por la sociedad civil, es decir si el proyecto tiene falencias la responsabilidad es estrictamente de la sociedad civil, ahora veámos lo que ha acontecido y no hay duda de que si hubo persecución política alegando delitos comunes a funcionarios públicos del gobierno del expresidente, Manuel Zelaya», arguyó.
Agregó que «ha habido casos en Honduras, hay motivación política en muchos de los juicios iniciados contra funcionarios del poder ciudadano».
Apuntó que «el decreto que fue elaborado por la sociedad civil tiene dos dimensiones: uno es que aquellos que son clásicos delitos políticos que es por ejemplo el de las personas que defienden el medio ambiente, las personas que han sido acusadas de sedición y por participar en manifestaciones».
Añadió que «el otro caso es sobre el decreto y los procesos que han sido motivados políticamente. Ahora en ese supuesto dice el supuesto que los jueces deben conceder ese beneficio solamente cuando se haya acreditado que el proceso es políticamente motivado».
Señaló que «el decreto tiene un problema serio, porque no se puede aplicar si no establece la valoración de la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). Es una aberración que no se deje en manos de los jueces la concesión del perdón político».
Indicó que «ahora hay necesidad de reformar la ley y es responsabilidad del Ministerio Público exigir a los jueces que a su vez exijan a la defensa que acrediten que el proceso está políticamente motivado».
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