TEGUCIGALPA, Honduras
(TERCERA PARTE) El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) mediatizó el crimen de la dirigente ambientalista Berta Cáceres y degradó mediante artimañas el debido proceso que debieron gozar tanto los autores materiales e intelectuales del hecho que generó consternación en la sociedad.
Los jueces del tribunal de sentencias que conoce la causa y los fiscales, como parte acusadora, se dejaron torcer el brazo por las presiones mediáticas que ejerció a lo largo de estos años el Copinh, del cual todos decidieron sujetarse al discurso oficial de que Roberto David Castillo y otros sujetos de interés fueron los culpables por la muerte violenta de Cáceres, suscitado la noche del 3 de marzo.
Según informes de algunos conocedores del tema que no son mencionados para evitar linchamientos mediáticos, el caso se fue degradando desde la manipulación perversa y premeditada de las evidencias que habría contra Castillo, quien fue uno de los mejores y cercanos amigos de la ahora occisa que espera su condena en una cárcel hondureña. Asimismo, otras fuentes que presenciaron el juicio revelaron que la fiscal Ingrid Antúnez ha recibido becas de la embajada de Estados Unidos en Honduras, además, suele transportarse en un carro de lujo, en detrimento de otros agentes de tribunales que se ven obligados a utilizar carros oficiales en pésimas condiciones.
SIMULAR PARA PERJUDICAR A ENCAUSADO. Para simular que hubo irregularidades del proceso, el Copinh, a través de sus defensas, se dedicaron a recusar a los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
“Asimismo, Bertha Isabel Zúniga Cáceres y Laura Zúniga Cáceres constituidas como parte acusadora privada en su condición de víctimas presentaron también el 17 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, en contra de los integrantes de la Sala primera de este mismo Tribunal, por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, según una revisión efectuada en los informes elaborados por organizaciones afines a la causa y que a su vez se declararon enemigos, tanto de Desarrollos Energéticos SA (DESA), presidido por Castillo y de bancos nacionales e internacionales que buscaban financiar represas en Honduras.
Es hasta curioso que en la simulación que realizó la organización popular, a sabiendas que las evidencias fueron manipuladas por la perito de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) Brenda Barahona para inculpar a Castillo por la muerte de Cáceres, “los representantes legales para las víctimas pidieron en varias ocasiones que los agentes de la Fiscalía de Delitos en Contra de la Vida les dieran acceso a la evidencia, requerido bajo la ley hondureña. Los documentos indican que los jueces emitieron órdenes que obligan a los fiscales a cumplir con las solicitudes de las víctimas durante 2017 y 2018, pero, que los fiscales no cumplieron repetidamente con estas órdenes, o solo las cumplieron parcialmente”, no obstante, hicieron la vista gorda ante las denuncias formuladas por la defensa durante los debates porque hubo una clara transgresión al debido proceso.
TRIBUNAL HIZO LA VISTA GORDA. En los contrastes que se realizan en esta tercera parte, se hallaron de acuerdo a informes públicos que “el tribunal no emitió una denuncia penal por desacato a los superiores del fiscal, como exige la ley”.
Es necesario tener una amplia comprensión de cómo en la etapa de evacuación y proposición de pruebas (que sirve para determinar si hubo o no participación de los encausados en un determinado hecho delictivo) fue retorcida a beneficio de la familia Cáceres, cómo la terna de jueces miró a otro lado para quedar bien con los demandantes y la simulación desde la parte acusadora a sabiendas que Barahona se dedicó a tergiversar la información y de la cual se ha hecho una amplísima y pormenorizada explicación en las primeras dos entregas sobre la manipulación que Castillo sea una suerte de chivo expiatorio, a falta de testigos clave, buen manejo de la evidencia y que se respetaran los plazos a fin que primara la imparcialidad del juicio, que está en la etapa de que se determine a cuántos años de prisión podría guardar el supuesto autor intelectual.
El Ministerio Público, por su lado, jamás quiso ir detrás de Barahona a pesar que era consciente que trastocó decenas de gigabytes de información para hacer creer que Castillo y otros sí estaban directamente comprometidos con el asesinato de Cáceres. Por su parte, la perito vinculó al tribunal por el borrado de la información que contenían los aparados que fueron levantados en su momento por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Según informes del juicio, la representante de la DNII apuntó directamente contra la secretaria del órgano jurisdiccional Ruth Mejía, quien le entregó la información en una memoria USB que, en principio, contenía alrededor de 51.4 gigabytes, luego se supo que solo habían 48.4 y después apenas se hallaron 34.6. Esos hechos se suscitaron en 2018.
La participante del juicio alegó que tal información “que a mí se me entrega en el archivo solo tiene 48.4 gigas. Hice del conocimiento del Ministerio Público de la situación… Cuando a mí me entregan la información, verifiqué la cantidad de información y me doy cuenta que solo tiene 34.6 gigabytes, le dije a la secretaria y me dijo, ‘solo consígnelo en la cadena de custodia’. Le entregué inmediatamente la evidencia a la secretaria, todo pasó aquí, en ningún momento salió la evidencia de aquí”. Es más, la perito admitió sin ambages que “incurrió en un error” al recibir una información incompleta y que “la devolvió”.
En un mar de contradicciones y ante la presión de una fiscal, Barahona declaró que a pesar de la diferencia de gigas “pero lo que hice fue trabajar con la información que recibí” y durante cinco días se dedicó a derretirse en explicaciones ante el tribunal para poder argumentar el entuerto en el que se vio involucrada. Otra contradicción que pasaron por alto los tres jueces del tribunal es que Barahona reveló que no halló indicios de que tanto Castillo como los otros involucrados hubieran hablado sobre el crimen contra la reconocida ambientalista.
Otro factor a tomar en cuenta es el papel de la ATIC en la destrucción de documentos que contendrían elementos relevantes que podrían haber dado un giro dramático a la investigación y posterior juicio contra quienes conspiraron para ultimar a Cáceres. Por ejemplo, el 13 de marzo de 2016 realizaron un operativo sorpresa para quitar los aparatos móviles a los miembros de la seguridad privada de DESA y ese mismo día miembros del Copinh realizaban una protesta de carácter violenta; los ejecutivos de la compañía consideraron el hecho como “una casualidad” y tampoco se permitió el ingreso de la fuerza pública para restablecer el orden. Asimismo, se evidenció que hubo destrucción de documentación, a la vez que los miembros de la ATIC no llegaron con ningún fiscal a fin presenciar y dar constancia del operativo que se realizaba.
DEMANDAS CONTRA EL ESTADO. Aunque esta etapa del juicio no ha concluido, se prevé que la familia de Berta Cáceres pueda interponer multimillonarias contra el Estado de Honduras a fin de que se repare el daño causado. Sin embargo, varias fuentes relacionadas con la causa advirtieron que las acusaciones podrían ser individuales, es decir, que cada miembro de la familia de la ahora occisa podría interponer una demanda de varios millones de lempiras, lo que implicaría un fuerte beneficio económico.
Para corroborar si previamente había acciones entabladas contra el Estado hondureño, se corroboró en los registros públicos de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República (PGR) y al cierre de este reportaje no hay ninguna causa activa promovida por los parientes de la fallecida lideresa indígena.
En los últimos años, las demandas contra el Estado costaron a los hondureños alrededor de seis mil millones de lempiras, de acuerdo a una evaluación hecha por la PGR. En la mayoría de los casos, terminan en graves consecuencias para el bolsillo de la población en el sentido que se tienen que acatar las sentencias que suelen interponer los demandantes. Para hacer una comparación de lo que suele perder el Estado por demandas, la constructora mexicana Tradeco ganó un juicio por 430 millones de lempiras, el cual pudo ser solucionado, sin embargo, ante la poca capacidad de respuesta de la PGR, ha provocado que este tipo de acciones se den con normalidad.
No obstante, se deberá esperar el resultado del proceso penal contra los encausados, en particular con Castillo, a fin que se agoten las instancias nacionales y la familia de la ambientalista proceda a entablar demandas en las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso que no quedaran satisfechos con la resolución, a pesar que junto al Copinh y organismos internacionales se dedicaron a trastocar la justicia a su favor.
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