TEGUCIGALPA, Honduras
(PRIMERA PARTE) Prevaricato, dolo, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y juegos de intereses pervirtieron el juicio contra los presuntos autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016 en La Esperanza.
Centenares de documentos revisados y analizados dan cuenta cómo el proceso contra quienes dieron muerte a la galardonada defensora del medioambiente, que se llegó a utilizar un chivo expiatorio para descargar todas las culpas en él, mientras se engañó y se ocultó a la opinión pública las falencias que presentó la causa.
El hecho que se haya incorporado a una perita, asignada a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), una instancia adscrita a las FFAA, por órdenes del expresidente Juan Orlando Hernández y se haya alterado centenares de conversaciones entre los imputados, provocó que se distorsionara de manera deliberada la impartición de justicia que mantiene en la cárcel, en este caso, a Roberto David Castillo, considerado como el cerebro que urdió el crimen de la ambientalista.
No obstante, centenares de folios presentados durante los debates respecto al juicio y que fueron desestimados evidencian que Castillo no fue el enemigo número uno de Cáceres, sino que los unió una intensa amistad durante los últimos años. Si bien en público pudieron tener sus diferencias respecto a los recursos naturales y los intereses que representaba Castillo, pero mantenían conversaciones que solo podrían darse entre muy buenos amigos.
Otro factor que contribuyó a que la justicia, bajo presión, fijara sus ojos en Castillo como presidente de la junta directiva de Desarrollos Energéticos SA (DESA) fue el descomunal reclamo del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copính) que llegó a mediatizar el crimen de alto impacto, cuando el mismo debió ser abordado con independencia e imparcialidad por los operadores de justicia.
PRESIONES DEL COPINH. El ejecutivo, quien lleva detenido desde 2018 tras ser arrestado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), está a la espera de ser sentenciado y todo apunta que sería a una larga condena de prisión, aun cuando quedan muchos cabos sueltos sobre lo que ocurrió durante la noche del 3 de marzo en la vivienda de la víctima, situada en la colonia Líbano de La Esperanza, de quiénes participaron, los que accionaron el gatillo para matar a Cáceres, el papel del testigo protegido de origen mexicano y las reacciones posteriores al hecho.
Se incluye la manipulación de las evidencias a manos de la DNII a través de su perito con la finalidad de perjudicar tanto a Castillo como a otros actores y vender una imagen de que sí hubo correcta aplicación de la ley. Se concluye que el hecho de haberse trastocado las conversaciones entre los presuntos involucrados de la muerte de Cáceres no tiene otra finalidad más que el crimen quede en la impunidad.
Las conversaciones entre Berta y el ejecutivo de DESA, los presuntos autores materiales e intelectuales no dan una clara evidencia que tuvieran como objetivo ultimarla. Días posteriores al hecho criminal, los señalados tuvieron un intenso intercambio de mensajes a fin de implementar estrategias para desmarcarse de las acusaciones que pudiera hacer la familia de la ahora occisa que desembocó en una escalada de señalamientos tanto a la empresa que buscaba construir el embalse de Agua Zarca, ubicada en Intibucá.
Hubo asimismo fuertes presiones e injerencias desde el mismo Copinh que distorsionó el proceso legal que terminó, en parte, con la condena contra un grupo de personas que habrían participado en la conspiración y se está a las puertas que la justicia determine si Castillo tuvo que ver o no con la planificación y ejecución de la muerte de Cáceres.
La investigación revela que en su momento Castillo aseveró a través de un mensaje enviado a sus compañeros de trabajo que “está siendo difícil la investigación por las mismas interferencias del Copinh”.
MANIPULACIÓN DE LAS EVIDENCIAS. Las evidencias que fueron evacuadas durante el juicio, de acuerdo a esta investigación, fueron trastocadas para dar una imagen de que el amigo de Cáceres estaba detrás del crimen, los jueces desestimaron los reclamos de la defensa sobre el cruce de llamadas entre quienes habrían participado de la muerte de la coordinadora del Copinh. Admitieron justificaciones que colindan con la incapacidad de los peritos que sustrajeron la información de los teléfonos cuando el deber de los jueces que ventilaron el caso fue llamar al orden a fin de que se cumpliera el debido proceso que jamás ocurrió.
El Ministerio Público (MP) propuso a la perito Brenda Barahona, quien labora para la DNII, una entidad adscrita a las Fuerzas Armadas, a falta de un experto de la fiscalía para que realizara las pruebas científicas sobre el intercambio de mensajes y llamadas durante los días previos al crimen, la noche que se consumó el acto y las fechas posteriores. En cambio, la empleada de inteligencia se dedicó a trastocar las evidencias para vender la idea de que sí hubo una conspiración criminal que acabó con la vida de la ambientalista, según los hallazgos que realizaron expertos independientes y que el tribunal de sentencias tiene total conocimiento.
Un especialista independiente realizó un análisis para determinar si hubo una conexión entre quienes habrían participado en la ejecución del crimen y halló que la fiscalía no manejó bien las evidencias digitales que involucran a Cáceres, Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo y Castillo, como los protagonistas de la trama. Tampoco se implementaron mecanismos de seguridad digital con para evitar desde errores involuntarios hasta ataques con software malicioso o manipulación intencional. Tampoco la ATIC cuenta con aplicaciones para extraer información ni bitácora de procedimientos que diera constancia sobre tal actividad.
MENSAJES ACOMODADOS. La mayoría de los mensajes “están acomodados” no hay un orden lógico desde los números de teléfono, por lo que no se puede dar certeza que las conversaciones se hayan suscitado y, si ocurrieron, fueron colocados de manera deliberada. Por ejemplo, se pasaron por alto muchos mensajes que sugieren de que Castillo, en particular, no estaría involucrado en la acción criminal. Un hilo de mensajes girados por el presidente de DESA el 3 de marzo de 2016 en los chats de coordinación y seguridad de esa empresa revela que tras enterarse de la muerte de su amiga, dijo que “me acaba de llamar Sergio a informar… Debemos coordinar comunicaciones y seguridad… Si voy a preparar un correo… Debemos coordinar seguridad y comunicación de forma inmediata. Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.
Asimismo, otros textos redactados por el imputado como “Sergio, creo que debes regresar a la oficina para coordinar comunicación… Ya envié correo al banco… Ahorita lo convoco… Ya estoy llegando a DESA…” también fueron ignorados a propósito por la perito propuesta por la fiscalía lo que podría incidir en la terna de jueces para hallar culpable al presunto cerebro del atentado que acabó con la vida de Cáceres.
“Todo apunta a que lo único que desean es que los culpables se vinculen con el gobierno o empresas y así fortalecer su lucha y resonancia internacional”, dijo en uno de los chats de DESA un alto ejecutivo.
Uno de los dialogantes señaló en la conversación grupal que “si se sigue la retórica de culpar (a una entidad bancaria), entonces sí se puede decir que no hay justicia. Explorar como se tendría que construir ese caso contra el banco, para indicar que lo que se busca es que la corte falle en contra y así poder demandar al Estado”.
“Otro asunto relativo al mismo punto es que ya los mensajes en todo su contexto y en su conversación original, en ningún lugar de la conversación se establece que algo que indique o presuma la planeación de la muerte de la señora Berta Cáceres”, precisa el técnico. En sencillas palabras, se movieron de manera conveniente para hacer creer a los jueces y al público que presenció la ronda de debates y evacuación de pruebas que hubo concierto para delinquir.
Por ejemplo, una de las tablas que contienen horas, fechas y clases de mensajes, se halló que hubo una conversación de Castillo en uno de los chats fue enviado entre el 28 y 29 de octubre de 2015, con número de identificador 16520; el 30 de ese mismo mes fue elaborado otro mensaje con identificador 16532 y luego aparece otro texto con la leyenda “me acaba de llamar Sergio a informar”. En esta ocasión, la red de mensajería WhatsApp lo identificó el 3 de marzo de 2016 con la clave 30842. Entre la penúltima y última comunicación pasaron alrededor de cuatro meses cuando ese chat solía ser utilizado con mucha frecuencia por ser un grupo de trabajo, donde las comunicaciones son vitales para el desarrollo de la entidad para la que prestan servicios.
FISCALÍA ARMA EVIDENCIAS MANIPULADAS. Se halló que la perito construyó un juicio de valor en el sentido que creó la impresión que DESA y otros sujetos sí tenían la intención de acabar con la vida de la otrora coordinadora del Copinh.
Esta investigación evidencia que Barahona “omitió mensajes a fin de dar un sentido diferente e incriminatorio a las conversaciones y luego de investigaciones, y denuncias que realiza la defensa soportados en extracciones científicas realizadas por el señor Shaum Bodden, llevaron a la perito a hacer un drástico cambio en el dictamen titulado informe final Oficio ANALISIS -DIVINV-DNII-nu0004-2016 (ampliación expediente 042018 de fecha ocho de noviembre del 2020) mismo que fue ratificado en juicio”.
Otro punto de vista detectado en este trabajo precisa que se violaron normas técnicas ISO para la preservación de la potencial evidencia, pues “los puntos fundamentales son confiabilidad, auditabilidad, repetitividad, y por tal motivo la evidencia pierde valor probatorio y es indispensable no alterar más su contenido, pues es imposible determinar el estado inicial físico y lógico (información digital) de los mismos. Dicho lo anterior, cualquier información que se encuentre presente dentro de los mismos, no representa un resultado auténtico e indubitable”.
La fiscalía hizo la vista gorda ante la violación al reglamento sobre el manejo de evidencias y el protocolo de extracción de información digital del Ministerio Publico. Además, ninguna persona que realizó las extracciones de información vinculadas a la muerte de Cáceres “presentó la certificación del ente empleador que lo acredite como conocedor en dicha rama”.
BORRAN INFINITAS CANTIDADES DE EVIDENCIAS COMPROMETEDORAS. De acuerdo al análisis del expediente DIVINV-No-004-2016, contenido en la ampliación del expediente 04-2018, elaborado por los peritos Bodden y Jonathan Langton, acerca de la extracción de datos del teléfono móvil 9911-0085 propiedad de Cáceres “localizable en el archivo denominado ‘e18_bertha_caceres-sony_ericsson_d5503.pdf’ en la página 9043, se advierte que con fecha 7 de marzo de 2016 a las 9:35 am con huso horario -6, que corresponde a Tegucigalpa, existió manipulación al equipo borrando 12 conversaciones de la mensajería mejor conocida como WhatsApp y que previo al borrado fuesen enviadas del correo [email protected] hacia la cuenta de correo electrónico [email protected], correo que pertenece y es de uso de Brenda Barahona” y que estaban relacionados a conversaciones que mantuvo la víctima con algunas personas y organizaciones y por la hora en que se efectuó el borrado se deduce que la experta se tomó su tiempo para borrarlos con comodidad.
Entre las inconsistencias se hallaron que hubo un envío de 31 correos electrónicos entre las 2:29 y las 9:39 de la mañana y los archivos identificados fueron 92603, 92607, 92608, 92609, 92610, 92611, 92612, 92613, 92617, 92618, 92619, 92626, 92630, 92631, 92635, 92639, 92640, 92643, 92644, 92648, 92652, 92654, 92656 92658, 92663, 92666, 92670, 92671, 92742, 92743 y 92746. Un penalista que solicitó no ser citado comentó que el hecho de que se borraran grandes cantidades de archivos de WhatsApp podría ser considerado como un vicio de nulidad.
IRREGULARIDADES EN ACTAS DE DECOMISO. En el proceso de recolección de evidencias para determinar el grado de culpabilidad de los autores materiales e intelectuales de la muerte de Berta Cáceres, el Ministerio Público y la ATIC incurrieron en irregularidades en el decomiso de teléfonos porque no colocaron en las actas de cadena de custodia a quiénes pertenecían y en qué lugar y las condiciones que fueron embaladas para ser analizados científicamente.
El 2 de mayo de 2016, se allanaron las oficinas de DESA para levantar evidencias que pudieran incriminar a los encausados, en el cual se decomisaron dos teléfonos iPhone sin describir sus características definitivas, sus propietarios. En las actas 6867 y 6868 no se especifica la documentación sobre lo decomisado. Tales actas fueron ratificadas por dos funcionarios de la fiscalía identificados como Katia Zerón y Davis Álvarez
En un segundo allanamiento realizado en la colonia Los Molinos de Tegucigalpa, precisamente en la casa de Douglas Bustillo, surgieron versiones contradictoras en cuanto a la entrega de cuatro teléfonos móviles por Lesly Zambrano y otra persona que responde al nombre de Yosli Carías dijo que encontró dos celulares y no pudo determinar a quién pertenecen. El álbum fotográfico, que sirve para documentar gráficamente las evidencias aseguradas, apenas señala los lugares donde se localizaron los aparatos y no se describe su marca, estado y quiénes son sus dueños.
Sobre los teléfonos “asignados por el Ministerio Público a David Castillo”, que constan en el folio 1175 del expediente de Berta Cáceres, cuyos aparatos son “uno azul y el segundo color negro (no contiene características identificativas ni siquiera su marca)”. La evidencia no fue fijada con fotografía, ni documentada en forma alguna y tampoco no existe certeza de que tipo de teléfono ni marca se decomisó.
Otra inconsistencia hallada es que según el acta de decomiso y el acta de registro fue a las 12:48 del mediodía y en la hoja de embalaje se registra el hecho a las 10:35 de la noche y “no aparece la firma del señor Saúl Colindres en la hoja de embalaje”.
