TEGUCIGALPA, Honduras
La socióloga Julieta Castellanos envió una carta pública a la presidenta Xiomara Castro, solicitando se reconsidere la decisión de reintegrar a más de dos mil oficiales de la Policía Nacional que fueron destituidos por una comisión depuradora.
En el documento expone los motivos por los cuales los exfuncionarios policiales no deben retornar a la institución.
Hizo referencia al periodo gubernamental del ahora asesor presidencial, Manuel Zelaya y los índices de violencias que se suscitaron en el lapso.
Expuso que en 2006 se registró una tasa de 46.2 homicidios por cada mil habitantes y para 2009 aumentó a 66.8 homicidios por cada mil habitantes.
Al tomar el mando Porfirio Lobo, en la violencia incrementó hasta un 88.6 homicidios por cada mil habitantes, convirtiendo a Honduras en el país más violento del mundo.
Castellanos recordó la publicación de un diario de EE.UU. denominado Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras, en el que se relata la planificación de muerte de los funcionarios Arístides Gonzales y de Alfredo Landaverde.
El reportaje orientó al Congreso Nacional en 2016 a emitir un decreto de emergencia que autorizaba la depuración de la policía Nacional.
“Los hondureños fuimos conociendo las entrañas de la policía, y la institución policial nos debe todas las respuestas sobre la infiltración y cooptación del crimen en la institución que precisamente su función es combatirlo”, dijo.
Asimismo, cuestionó que si la presidenta decide reintegrar a los policías separados, justificando la necesidad de aumentar del número de oficiales para enfrentar el delito, esa política no obtendría resultados como sucedió en el gobierno de Zelaya.
Las muertes violentas pasaron de dos mil 417 en 2005 a cinco mil 265 en 2009 según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Esta decisión sorprende porque significa una negación de los hechos descritos, un irrespeto a las víctimas de una policía coludida e infiltrada por criminales, un desconocimiento de la historia reciente”, enfatizó.
Agregó que también se consideraría “un desprecio al trabajo realizado por personas que se arriesgaron al asumir una tarea que le correspondía hacer a la institución policial y al Estado en su conjunto”.
Por último aplaudió la decisión de decretar un estado de excepción en Colón, al registrarse la masacre de tres policías.
“Esperaríamos ver la misma reacción, el mismo interés y diligencia frente a otras masacres, que por este año ya van 19, de lo contrario, el mensaje que se recibe es que el interés del gobierno depende de quienes sean las víctimas”, destacó.
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VULNERARON DERECHOS. Por su parte el abogado penalista, Fernando Gonzales, declaró a El Pulso que los oficiales separados lo único que reclaman es el principio de inocencia y el derecho a la defensa que vulneró la comisión depuradora.
“Se debe hacer un estudio exhaustivo de las personas que van a retornar a la policía y si tienen la actitud para portar el uniforme. Algunos estaban cerca de gozar sus jubilaciones y se le vulneró ese derecho humano”, indicó.
Los factores a tomar en cuenta para la reintegración se deben a las pruebas físicas y psicológicas, estudios de inteligencia de verificación que no tengan con cuentas pendientes con la ley.
“Hay que ver si sale más barato que se otorgue la indemnización, estimada de dos millones de lempiras por cada oficial, o el reintegro se va individualizar cada caso”, acotó.
Precisó que algunas personas han tomado la decisión de no regresar a la institución de seguridad por varios motivos.
“A ellos le violentaron el derecho a la intimidad, al honor. ¿Cómo se repara el mal que hizo la comisión depuradora? La sociedad los fustigó por el hecho de ser depurado, hay muchos estigmas contra ellos”, consideró.
Según el índice global de paz mundial del Instituto para la Economía y la Paz, tomando en cuenta que antes de efectuarse la depuración policial en 2016, Honduras estuvo en el puesto 121, luego del proceso de depurativo, en 2017 subió diez puestos, alejándose de los lugares más violentos.
Asimismo en 2017 se cerró con tres mil 791 homicidios, registrando una disminución de 26.4 por ciento en comparación al 2016 de acuerdo al Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
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