TEGUCIGALPA, Honduras
Profesionales del derecho consideraron que los exfuncionarios responsables de sustraer o desparecer propiedades y vehículos a cargo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) deben responder penalmente.
El criminalista Gonzalo Sánchez aseguró que todo proviene de un incumplimiento de los empleados públicos a una orden judicial.
“Estas personas desobedecieron órdenes de los jueces debían devolver los bienes, pero no lo hicieron, eso constituye un delito, porque se efectuaron transacciones de manera fraudulenta, entonces también desobedecen a la autoridad”, declaró.
Precisó que se debe revisar la Ley de Privación de Dominio, además de realizar una vigilancia estricta sobre los bienes incautados para que no puedan ser vendidos o alquilados.
“Estoy de acuerdo que se incauten los bienes, pero no que sean vendidos sin haber una sentencia condenatoria. Hay muchas quejas que hacen un festín con estas propiedades”, dijo.
Planteó que el fiscal general Óscar Chinchilla y el fiscal adjunto Daniel Sibrián, también tienen responsabilidad en estos actos porque deben llevar un control estricto de todo lo incautado.
“No es posible que se pierdan o extravíen. Muchas personas van a resultar inocentes y sus bienes ya están vendidos, lo que traerá como consecuencia acusaciones”, enfatizó.
Indicó que por esa razón existen varias demandas contra el Estado por hacer uso indebido de los bienes.
AUDITORÍA. Por su parte, el penalista Salomón Amador destacó que en todos los casos, la fiscalía establece en el expediente administrativo los bienes que deja a cargo de la OABI.
“No es posible que se hayan extraviado en los años donde más incautaciones hubo, un ejemplo claro el caso de los Rosenthal. No es posible que exista tanta negligencia por parte de las autoridades salientes al mando de esta institución”, dijo.
Agregó que es necesario realizar una reconstrucción de los expedientes, mediante una auditoría.
“Observando que el Estado no tiene la capacidad para administrar los bienes asegurados e incautados se deben reformar la ley de privación de dominio, no se puede despojar totalmente de un bien a las personas, sino establecer medidas prohibitivas”, expuso.
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