TEGUCIGALPA, Honduras
El procurador general de la República, Manuel Antonio Díaz, envió una solicitud de oficio en la cual insta al fiscal general Óscar Chinchilla para que proceda a realizar la incautación de todos los bienes del extraditable Juan Orlando Hernández.
Indicó que la petición surge tras concederse la orden de extradición presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. que acusa a Hernández por vínculos con el narcotráfico.
La solicitud se basa con la aplicación del tratado de la Convención en contra del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y por la Ley de Privación del Dominio.
Por su parte el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó sobre la recepción de la solicitud del organismo que dirige Díaz.
“Lo que se hace con el documento es analizarla y se pasa a la fiscalía correspondiente la que tome cartas sobre el asunto de lo que solicitan las diferentes instituciones”, acotó.
DAR TRÁMITE A LA PETICIÓN. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, indicó que la fiscalía dar trámite a la petición de la procuraduría.
“Al darle tramite se procede a la privación de todos los bienes. Si se ha hecho con todas las personas que fueron extraditadas; no hay motivos para no hacerlo con los bienes del señor Hernández”, expresó.
Explicó que para esta acción conlleva un proceso determinado para la incautación, lo diferente del caso es que han sido denunciado desde hace tiempo y tendrían que tener adelantadas las diligencias.
La diputada Fátima Mena cuestionó por su parte al Ministerio Público ya que nunca se ejecutó una investigación en contra del exgobernante.
“Uno de los cuestionamientos del caso es que pese a conocer que él fue solicitado en extradición, en Honduras nunca hubo indagaciones y los costos de los delitos de crimen organizado y narcotráfico es la privación de los bienes obtenidos de forma ilícita”, dijo.
Consideró que la fiscalía debía actuar de oficio y no esperar una nota procedente de la procuraduría, pero al haber una solicitud debe darse trámite inmediato.
Asimismo, el vicepresidente del Congreso Nacional Rasel Tomé externó su apoyo a la decisión tomada por Díaz.
“Es un mecanismo que se debe realizar para eso el pueblo nos elige como autoridades. Nos alega mucho este paso que está dando la Procuraduría de la República e instamos a la fiscalía que proceda con lo que dicta la ley”, sentenció.
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