TEGUCIGALPA, Honduras
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó un proyecto de ley con el que pretende devolver las facultades investigativas que le corresponden al Ministerio Público.
Indicó que la iniciativa surge en virtud de los establecido de su ley orgánica del organismo acusador.
“Mi objetivo puntual es que mediante esta iniciativa la fiscalía pueda desarrollar sus facultades legales, investigando de manera científica las conductas criminales para posteriormente iniciar las acciones públicas de tipo penal contra delitos de corrupción”, dijo.
Redondo calificó como detestable el decreto 141-2017 que limita las competencias del Ministerio Público que fueron trasladadas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) las cuales son opuestas al rol de la entidad.
Explicó que uno de los preceptos determina que mientras esté en proceso la auditoría de investigación especial o hasta no haberse agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme, no procederá ninguna acción judicial.
Por tanto, no se podrá reclamar responsabilidad administrativa, civil o penal, aún cuando exista por parte del ente investigador la convicción de la ocurrencia de un delito.
“Una norma de esta naturaleza genera inseguridad jurídica, impunidad, corrupción y hasta evasión de la responsabilidad de las personas que cometen delitos de corrupción”, enfatizó.
APOYAN INICIATIVA. Por su parte el abogado Joaquín Mejía expresó que es una buena iniciativa ya quitaría los obstáculos que aprobados por la legislatura liderada por el nacionalista Mauricio Oliva.
“Colocaron obstáculos en las facultades investigación del Ministerio Público especialmente en casos de corrupción a pesar que eso está establecido en la Constitución”, dijo.
Precisó que es necesario revisar la estructura normativa aprobada de los últimos años ya que solo ha fortalecido la corrupción en Honduras.
“Ya se hizo un gran paso con la derogación de la ley de secretos, ahora se suma este proyecto al devolver sus facultades, porque el Ministerio Público es uno de los responsables en la situación de impunidad en el país y se justifican en los obstáculos legislativos”, enfatizó.
Agregó que de realizar la derogación de la norma, solo faltaría aprobar la ley de colaboración eficaz que impulsaría el trabajo al ser instalada la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH).
Consideró que también es necesario reformar la ley del Ministerio Público para garantizar que la a Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) pueda tener mayores facultades y autonomía en sus acciones judiciales.
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